Mazón niega recortes en los presupuestos pero Vox anuncia un tijeretazo del 30% a sindicatos

Guerra por el relato entre el Gobierno del president popular valenciano Carlos Mazón y su “socio preferente” de Vox a cuenta de los presupuestos de 2025. Mientras que la Generalitat niega recortes en las cuentas públicas en el capítulo de sindicatos y cooperación al desarrollo, Vox anuncia un tijeretazo del 30% en la primera de estas partidas y en las aportaciones a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, órgano encargado de redactar la normativa lingüística del valenciano. Las cuentas no cumplen además con el objetivo de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda.

“Son los presupuestos más sociales de la Comunidad Valenciana”, ha defendido este lunes la consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat, Ruth Merino, durante la presentación de las cuentas que el Consell de Mazón pretende sacar adelante con Vox después de asumir las tesis de la formación de extrema derecha contra el pacto Verde y la “inmigración ilegal”. “No hay recortes de ningún tipo y sobre todo en derechos y libertades”, ha insistido la dirigente tras ser repreguntada.

Merino ha destacado que los presupuestos de 2025 suman 32.291 millones, un 8,6% más que el pasado año (2.559 millones). Y que, de esta partida, 2.364 millones —los concedidos recientemente por el Gobierno de España del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)— irán destinados a paliar los efectos de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 225 muertos y tres desaparecidos. Se trata de un capítulo que se financiará “sin recursos del Estado” y a través de la deuda, que crece ya hasta los 60.000 millones de euros.

El capítulo para paliar los efectos de las inundaciones del pasado 29 de octubre contempla partidas de promoción de viviendas (15 millones), infraestructuras socio sanitarias (7,9), modernización de regadíos (66,8) e infraestructuras agrarias (17,5). Sin embargo, organismos como la Agencia de Protección del Territorio experimentan un recorte del 8,6%.

La titular de Hacienda ha negado que las cuentas recojan una partida para expulsar a los menores migrantes, como ha pedido el grupo de ultraderecha. Pero sí ha admitido un cambio en la política de subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo. Según Merino, la partida de estos fondos se otorgaba antes “a dedo”, en alusión a la etapa del Gobierno del socialista Ximo Puig (2015-2023). “Las líneas de presupuesto se aprobarán en concurrencia competitiva”, ha indicado la consejera sin descender al detalle de esta modificación y subrayando que no habrá recortes.

El apartado de sanidad —38% del presupuesto— registra 9.170 millones, un 7,8% más. Y se desglosa en 1.738 millones destinados a atención primaria, 4.401 a hospitalaria y 192 millones a salud mental y prevención de adicciones. Los fondos para educación, cultura, universidad y empleo, llegan hasta los 7.392 millones, un 4% más. La responsable de Hacienda ha indicado que el déficit de la Comunidad en 2023 sumó 3.358 millones. Y que la “infrafinanciación” de la autonomía ha disparado la deuda, que alcanza los 59.498 millones, y cuyos intereses han subido este ejercicio un 24% (1.143 millones). Pese a referirse a las cuentas como las más sociales de la historia, la dirigente ha repartido entre los periodistas un powerpoint que detallaba que la partida de servicios sociales, igualdad y vivienda apenas subía un 2% este año (2.864 millones).

Del presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL), un organismo que Vox califica de catalanista y secesionista, Merino ha admitido que se recorta al igual que se va a producir en otras entidades del sector público instrumental de la Generalitat. “Se ha basado en calcular cuál es la aplicación real y el presupuesto de 2025 se ha ajustado a lo realmente ejecutado”, ha reconocido la titular de Hacienda. Vox cifra el recorte ya incorporado en los presupuestos en un 25% para la Acadèmia y avanza que intentará reducirlo otro 25% por la vía de las enmiendas.También avanza una rebaja del 15% en los fondos públicos a la promoción del valenciano.

Sobre la relación PP-Vox, Merino ha indicado que hay “muchas cosas en las que coincidimos y otras en las que estamos más distantes (...), ahora estamos en el trámite parlamentario y se negociará y se dialogará y se llegará a acuerdos que no puedo anticipar”.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Mazón ha reducido el presupuesto de la Agencia Valencina Antifraude (AVA), un organismo creado en 2016 por el Ejecutivo del socialista Ximo Puig, que ahora ve recortada su partida a 5.093.000 euros, un 1% menos que en 2024.

Poco antes, en las Cortes Valencianas, el portavoz parlamentario de Vox José María Llanos se ha referido a unos presupuestos “que tienden a la reconstrucción de los patrimonios, de las vidas y de las familias afectadas por la riada”. Y a continuación ha enumerado recortes en las partidas destinadas por la Generalitat a la cooperación al desarrollo “porque lo primero es la reconstrucción de Valencia”, y reducción del gasto superfluo y la duplicidad en agencias y organismos. Según Llanos, esos recortes supondrán un ahorro de 200 millones de euros en el sector público instrumental.

A diferencia de lo dicho por la consejera de Hacienda, Llanos ha indicado que “se reducirán las subvenciones a los sindicatos en un 30%. Además, se retirarán todas las tasas verdes al sector pesquero porque ese dinero se debe revertir en el bolsillo de los ciudadanos”. El síndic de Vox ha recalcado que con el PP han “hablado única y exclusivamente” de presupuestos. “De la continuidad del presidente, supongo que lo decidirá él, su partido o ambos”, ha indicado.

Medidas fiscales

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2025 aprobado por el Consell, conocida como ley de Acompañamiento a los presupuestos, recoge más bonificaciones por nacimiento, adopción o acogimiento, para impulsar el relevo generacional en la compra de parcelas agrarias y para proyectos de interés autonómico, y supresión del pago de tasas portuarias para pesca.

Merino ha afirmado que el Consell continúa trabajando en “el alivio fiscal” y se incluyen deducciones destinadas a las familias como la ampliación de las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, que se duplican y hasta triplican, suponen un ahorro de 10 millones y favorecerán a 41.900 personas.