El Gobierno ha pedido a Europa el doble de dinero que reclama la Generalitat para pagar la factura de la dana

La Generalitat valenciana, y el PP a través de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, estuvieron durante días criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez apurara los plazos para pedir el Fondo de Solidaridad a Europa con el fin de cubrir gastos de la dana. Finalmente, el Ministerio de Hacienda realizó este lunes la solicitud formal por un total de 4.404 millones de euros. Este martes, la portavoz del Consell, Susana Camarero, ha desvelado que desde la Generalitat solo se pidieron 1.357 millones de euros, un tercio de lo que ha reclamado el Gobierno, con lo que, en el caso de que todo el montante que pide por la administración autonómica cumpla con los requisitos, el Ejecutivo de Sánchez ha duplicado ese gasto.

La solicitud del pago del Fondo de Solidaridad europeo requiere la presentación de una exhaustiva documentación de los gastos que, además, han de cumplir unos requisitos. El Ministerio de Hacienda anunció a la Comisión Europea su intención de pedir recursos del fondo cinco después de las lluvias torrenciales pero agotó el plazo para hacerlo para apurar también la recopilación de gastos y poder presentar los máximos posibles. La Generalitat, sin embargo, mandó la petición en 5 de diciembre, apenas un mes después de que la gota fría arrasara decenas de pueblos que aún, a día de hoy, siguen, en algunos casos, con zonas sin limpiar.

La ayuda del Fondo de Solidaridad ha de destinarse a unos objetivos concretos como son el restablecimiento de las infraestructuras básicas, entre ellas la sanidad y la educación; los costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; la seguridad de las infraestructuras de prevención; las medidas de protección del patrimonio cultural y las operaciones de limpieza. La Generalitat se ha quejado, de forma continua, de la falta de ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez pero no ha apurado esos plazos pese a que sigue adjudicando obras de emergencia.

En cualquier caso, la portavoz del Consell, Susana Camarero, no ha perdido la oportunidad de criticar, cuando ya no podía cuestionar ni dudar sobre la intención del Gobierno de pedir la ayuda, la “opacidad”. Y a esta ha atribuido que el Gobierno haya pedido más de 4.400 millones, 3.000 más que la propia Generalitat. “No tenemos ninguna información de para qué han pedido ese dinero”, ha añadido. Aun así, el Fondo de Solidaridad está dotado con 1.500 millones y Hacienda ya ha advertido de que los recursos de Europa no cubrirán todo lo reclamado.

La crítica ha provocado el desmentido del propio Ministerio de Hacienda que, a través de un comunicado, ha asegurado que ha habido una “interlocución fluida” con la Generalitat Valenciana. De hecho, ha facilitado una cronología en la que se cuentan hasta siete reuniones o contactos entre ambas administraciones destinadas a aclarar dudas y corregir documentos presentados por la Generalitat.

Mientras, el pleno del Consell celebrado este martes ha aprobado un acuerdo por el que aumentan en una decena el máximo de contratos de personal eventual contratado. El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, presumió hasta la saciedad del recorte realizado en la “grasa” de la administración. Sin embargo, según ha explicado Camarero, las “excepcionales circunstancias” derivadas de la dana del pasado 29 de octubre han obligado a una reestructuración del Gobierno valenciano que, además de retoques en las normas de los salarios de los nuevos responsables, han supuesto ampliar en diez la posibilidad de contratar asesores. Así, “siempre bajo los principios de eficacia y eficiencia”, según ha dicho Camarero, se ha pasado de 62 a 72 personas. Pese al aumento, tal como ha dicho, el Gobierno de Carlos Mazón sigue “muy por debajo” de los 116 asesores que tenía el anterior Consell del Botànic. Un “ahorro” que ha cifrado en “unos 2,3 millones de euros anuales” en personal eventual.