ONGs de rescate en el mar protestan contra las tasas de la Generalitat en los puertos valencianos

La tripulación del Aita Mari, un barco dedicado a rescatar a personas migrantes en el Mediterráneo, no sabe si seguirá operando en la Comunidad Valenciana. La consejería de Medio Ambiente les reclama 63.300 euros en tasas con carácter retroactivo desde 2021. Salvamento Marítimo Humanitario, la organización nacida en el País Vasco detrás de esta embarcación, ha protestado este viernes frente al Palau de la Generalitat porque consideran que estas tasas son “ilegales”. Otros barcos humanitarios que operan en estos puertos, como el Open Arms, el Louise Michel, el Sea-Watch o el Sea Punk, también deberán pagarán a la administración valenciana, según fuentes la ONG que ha convocado la concentración.

El portavoz Íñigo Mijangos, capitán del Aita Mari y coordinador de la ONG, ha asegurado que esto supone “un quebranto importante para nuestras cuentas”. La decisión de la Generalitat ya ha sido recurrida ante la propia administración por la organización Salvamento Marítimo Humanitario, que piensa agotar la vía administrativa. “Mientras tanto, las tasas hay que pagarlas. Para una parte hemos pedido un aplazamiento”, se ha lamentado Mijangos, que atribuye esta postura al extinto pacto de Gobierno entre PP y Vox. A la concentración ha asistido un centenar de manifestantes, según los convocantes.

No están seguros de que vayan a seguir operando en la Comunidad Valenciana por la situación de “inseguridad jurídica”, ha argumentado Mijangos. El Aita Mari solía atracar en los puertos castellonenses de Burriana y Vinaròs, dependientes de la Generalitat. Actualmente operan en el Puerto de Sagunto, que depende de una concesión privada del Estado.

Amaia Iguaran, vicepresidenta de la organización, ha asegurado a EL PAÍS al finalizar la concentración que esto no ocurre en ningún otro lugar de España. El Aita Mari ha operado en otros puertos como Adra (Almería) y en el País Vasco.

La imposición de las tasas depende de la Dirección General de Costas y Puertos, es decir, de la consejería de Medio Ambiente, dirigida por Vicente Martínez Mus (PP). Mijangos ha explicado que el próximo lunes tendrán una reunión con el director general, Marc García Manzana. El capitán ha reprochado que su comunicación con la administración se da únicamente a través de “nuestros agentes portuarios y los técnicos del puerto”.

Mijangos ha cifrado en “unas 2.000 personas” las que el Aita Mari ha rescatado en el Mediterráneo desde que empezó a funcionar hace cuatro años.

Durante la lectura del manifiesto, la organización ha afeado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), que los vincule con mafias dedicadas al tráfico de seres humanos y han anunciado que iniciarán acciones legales contra ella si no rectifica.

En la protesta también ha participado L’ Aurora-Grup de Suport, “una entidad dedicada a la cooperación con las entidades que rescatan vidas en el Mediterráneo”.

La ley valenciana de tarifas portuarias aprobada en 1999 establecía que “el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá establecer exenciones en las tarifas para actividades sin ánimo de lucro, de relevante interés humanitario o social”. Con la modificación de 2016 del anterior gobierno de izquierdas (el Botànic), la exención ya no depende del criterio del consejero sino que se aplica en cualquier caso. Esta última modificación sigue vigente. El gobierno de Carlos Mazón modificó la ley en julio pero no tocó ese punto, únicamente el relativo a los porcentajes que se aplican a la base impositiva.

La Generalitat responde

El consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado este viernes en un acto en Castellón que solo han cobrado tasas a este tipo de ONGs “cuando toca”. En un comunicado, la consejería señala que “la ley no contempla exenciones generalizadas a organizaciones humanitarias”, sino que se aplican “cuando hay necesidades de funcionamiento”, aunque no aclaran cuáles son esas necesidades. El texto asegura que la Generalitat “no ha modificado la normativa, sino que solo actualizaron las tasas de luz y agua”.

Desde la consejería aseguran que en otros puertos de la Comunidad Valenciana, pero dependientes del Estado, “no se aplica ningún tipo de exención”. Señalan, además, que mantienen “una estrecha relación con estas organizaciones”.

El Consell atribuye al anterior gobierno de izquierdas (el Botànic) la decisión de “dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades”. Medio Ambiente asegura que esta decisión no tenía “amparo legal” y que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes.

La concentración ha recibido el apoyo de 33 entidades. Entre ellas, las fuerzas políticas Izquierda Unida, Podem, PSOE y Compromís y los sindicatos UGT, CCOO y CGT. El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acudido al acto. También ha manifestado su apoyo Sea-Watch y Louis Mitchel, dos organizaciones similares. La portavoz adjunta de su partido en el parlamento autonómico, Paula Espinosa, solicitó este miércoles la comparecencia “urgente” del consejero Martínez Mus en la Comisión de Medio Ambiente para que explique la situación.