La Fiscalía rebaja de 19 a 17 años su petición de cárcel para Zaplana al retirar uno de los delitos de falsedad

La Fiscalía ha rebajado la pena que solicitaba para el expresidente de la Generalitat y ex ministro Eduardo Zaplana a 17 años de cárcel —pedía 19 en su escrito de calificación provisional— al retirar uno de los delitos de falsedad en documento público. Se mantienen los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación, así como la petición de una multa de 40 millones de euros. Así lo ha anunciado el fiscal Pablo Ponce al inicio de la vista de este martes en la que ha elevado a definitivas las conclusiones de su escrito en el juicio que se ha seguido en la Audiencia de Valencia contra el expresidente y exministro y otras 14 personas más por el caso Erial, que ha investigado el presunto cobro de más de 10 millones de comisiones tras la adjudicación “amañada” del Plan Eólico y de los planes de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana.

El fiscal ha rebajado las peticiones para Juan Francisco García, que fuera jefe de gabinete de Zaplana, y su amigo Joaquín Barceló, tras confesar ambos sus delitos. Estas rebajas podrían permitir a ambos eludir la prisión al no proponerse, en ningún caso, condenas superiores a los dos años de cárcel por cada delito, aunque deberán hacer frente a unas multas millonarias. También podrán eludir la prisión los empresarios José y Vicente Cotino, que confesaron su participación en el amaño para la adjudicación de las estaciones de ITV valencianas.

A Juan Francisco García y a los hermanos Cotino se le reclamaba inicialmente una condena de 14 años de prisión y a Barceló de 8. El que fue jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, ha mostrado su conformidad con una petición de condena de 5 meses por blanqueo de capitales, 1 año y 6 meses por cohecho y 1 año por falsedad documental, y deberá abonar 1,32 millones de euros en conceptos de multas.

Barceló, alias Pachano, admitió en el juicio ser el testaferro de Zaplana y haber titulado las herramientas empresariales a través de las cuales se canalizaron las mordidas por las adjudicaciones de las ITV a los Cotino. El fiscal pide ahora para él 1 año y 3 meses por blanqueo y 5 meses por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de cinco millones de euros.

José Cotino se conforma con una pena de 2 años por cohecho y Vicente Cotino con otros dos años por cohecho, 1 año por falsedad y 5 meses por blanqueo. La multa a Vicente Cotino asciende a 4,32 millones de euros, y 320.000 euros para su hermano José. También se rebaja la condena para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas de 6 a 2 años, al retirarse la acusación por prevaricación y mantenerse la de cohecho.

El ministerio público ha retirado además las acusaciones contra otros tres de los encausados en el procedimiento porque “no existen pruebas suficientes para sostener la acusación”. Son la exdiputada del PP Elvira Suanzes, amiga de Zaplana, al que la UCO atribuyó responsabilidades en supuestos procesos de blanqueo de capitales; Pedro Romero, que fue peluquero del exministro, acusado también de blanqueo; al igual que el empresario Ángel Salas. La fiscalía pedía para cada uno de ellos 5 años de cárcel.

En su exposición, el fiscal anticorrupción de Valencia ha desplegado durante cuatro horas y media un duro informe contra Zaplana en el que ha detallado el comportamiento corrupto que supuestamente tuvo durante años y en el que le ha reprochado que no haya tenido “la honradez de reconocer su parte ante sus amigos [en el juicio, el exministro lo negó todo]”. Ha insistido en la “validez” de toda la prueba desplegada en la instrucción y en el juicio y ha reiterado que no se ha acreditado que sea la Audiencia Nacional el órgano competente para entender este procedimiento, pese a lo que defiende el letrado de Zaplana.

El fiscal se ha referido al supuesto origen de toda esta trama, el proceso de adjudicación de las ITV. “No había ningún informe que justificase la privatización. ¿Por qué se optó por este modelo? Porque había un concierto con Juan Cotino”.

Ponce ha negado además dilaciones indebidas en el procedimiento: “Se han desplegado las actuaciones cuando se ha tenido conocimiento de los delitos. La causa ha sido instruida con evidente celeridad pese a los hechos complejos que afectaban a sociedades, intervenciones telefónicas, informes periciales y comisiones rogatorias”, ha defendido.

“Zaplana salió de la cárcel no por su enfermedad, sino porque recuperamos el dinero del extranjero”, ha confesado el fiscal, que junto con la jueza instructora de la causa —la titular de Instrucción 8— fueron objeto de críticas por su decisión de mantener la prisión preventiva a pesar de la enfermedad oncológica que sufría el acusado. También ha tenido palabras de agradecimiento para los investigadores de la Guardia Civil por su buen trabajo.

Ha defendido su posición respecto al empresario Fernando Belhot, testigo en el procedimiento, y la legalidad de los conocidos como papeles del sirio que dieron origen a la causa. “Los agentes de Policía Judicial no pueden hacer oídos sordos ni cerrar la vista ante hechos nuevos que aparecen en una investigación”, ha apuntado. Los papeles los encontró un ciudadano de origen sirio en un piso que había pertenecido al exministro.

En los registros se intervinieron 19.000 euros en efectivo a Zaplana y otros 50.000 a su secretaria personal, ha expuesto Ponce. “¿Cuánto dinero en metálico necesita esta persona en su día a día? Esto es incompatible con la vida de una persona real”, ha subrayado el fiscal, que posteriormente ha recordado las lujosas vacaciones del expresidente con yates abonados —oficialmente— por terceros.

El fiscal anticorrupción ha cuantificado en 20,6 millones de euros el dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.