Libertad educativa o finiquito del valenciano (Hablemos en cristiano)

Los grupos parlamentarios del PP y de Vox han presentado una proposición de ley en las Cortes Valencianas que supone un ataque definitivo y sin precedentes a nuestra lengua propia, el valenciano.

Desde que se aprobó en 1983, hace ahora más de 40 años, la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV) se ha ido avanzando poco a poco en la recuperación de nuestra lengua propia. Avances insuficientes, especialmente en cuanto a su uso social, ya que es imprescindible actuar en muchos frentes para que una lengua minorizada se mantenga viva en un contexto sociolingüístico como el de la Comunitat Valenciana.

Hace 40 años se buscaron los acuerdos y equilibrios necesarios para conseguir que no hubiera ningún voto en contra en las Cortes Valencianas, para conseguir que el derecho a conocer y utilizar nuestras dos lenguas oficiales en todos los municipios de la Comunitat Valenciana fuera una realidad, fuera un objetivo compartido por la inmensa mayoría de la sociedad valenciana.

Esos acuerdos, esos equilibrios, llevaron a regular la exención del valenciano en determinadas circunstancias y a establecer una incorporación progresiva en las zonas que la LUEV contempla como de predominio lingüístico castellano.

Por otra parte, hay que recordar que todas las leyes educativas que hemos tenido siempre han recogido como objetivo fundamental que al finalizar la educación obligatoria todo el alumnado debe “comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma”. Para conseguir este objetivo las Comunidades Autónomas con lengua propia han aplicado diferentes modelos intentando ajustarse a la realidad sociolingüística de sus territorios.

En el caso de la Comunitat Valenciana, se estuvo desarrollando hasta 2018 el modelo de las dos líneas (castellano y valenciano), un modelo que empezó a generar en bastantes centros un fenómeno de segregación escolar en función de la lengua vehicular elegida por las familias.

Para conocer una lengua no solo hay que estudiarla como asignatura, sino que hay que incrementar los tiempos y los espacios de exposición a la misma. Por ese motivo, la emisión de películas en versión original o dibujos animados como la Bola de drac en Canal Nou siempre han sido determinantes.

Evitar la segregación escolar, encontrar un modelo en el que las dos lenguas oficiales no fueran solo una materia escolar, sino también un instrumento de comunicación y aprendizaje, encontrar un modelo que pudiera adaptarse a la realidad de los diferentes centros educativos, pero garantizando que todo el alumnado pueda expresarse con corrección en nuestras dos lenguas oficiales al finalizar la educación obligatoria, para proporcionarles las máximas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Esos fueron los retos que nos planteamos al elaborar la ley de plurilingüismo de 2018.

Teniendo en cuenta esos retos y los pronunciamientos del tribunal Supremo que había determinado la necesidad de que se garantizara que en el 25% del tiempo escolar se utilizara el castellano como lengua vehicular, se estableció que en todos los centros educativos se elaboraría un proyecto lingüístico que respetara un mínimo del 25% en nuestras dos lenguas oficiales y entre un 15 y un 25% en Inglés.

A partir de esas premisas, otro elemento fundamental es que el proyecto lingüístico de cada centro tenía que ser aprobado por una mayoría de 2/3 del consejo escolar, lo que obliga a buscar un entendimiento entre todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente entre el profesorado y las familias en educación infantil y primaria, y la participación del alumnado en secundaria.

Además, con el fin de promover una implantación paulatina del nuevo modelo, se autorizó a los centros de las zonas de predominio lingüístico castellano, que así lo solicitaron, que la implantación del 25% de las enseñanzas en valenciano se hiciera de forma progresiva en la ESO a lo largo de los 4 cursos.

Pues bien, en este contexto y bajo la excusa de promover la “libertad educativa” el PP y VOX han presentado una proposición de Ley que pretende terminar con todos los avances conseguidos en el uso y enseñanza del valenciano en los últimos 40 años.

En primer lugar, condenan a todo el alumnado de las zonas de predominio lingüístico castellano a conocer una lengua menos en su escolaridad obligatoria y, por tanto, a estudiarla de adultos si pretenden acceder a algún puesto de trabajo en el que se necesite. Una parte porque habrá pedido la exención que pretenden que se convierta en norma en lugar de excepción y la totalidad porque únicamente con las horas de clase de valenciano como asignatura no van a “comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en valenciano al finalizar la ESO” tal y como establece la ley educativa en España.

En segundo lugar, su forma de “promocionar y proteger” el valenciano, tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía es realmente espectacular: En las zonas de predominio lingüístico castellano tienen la obligación de impartir el valenciano como asignatura, es decir el 10% del horario escolar y en las zonas de predominio lingüístico valenciano que elijan el valenciano como lengua vehicular, han de cursar al menos un 25% del tiempo escolar en castellano en Infantil y Primaria y un 30% en Secundaria y Bachillerato. Por si esto fuera poco se añade que en los municipios de predominio lingüístico valenciano la diferencia entre el porcentaje de tiempo lectivo vehiculado en las dos lenguas cooficiales no podrá ser superior al 20%. Es decir, en las zonas de predominio lingüístico castellano se dará el 90% en castellano y el 10% en valenciano y en las zonas de predominio lingüístico valenciano se dará un 30% en castellano y como máximo un 50% en valenciano.

En tercer lugar, en más de 200 centros públicos y concertados donde solo hay un grupo por nivel educativo el 50.1% de las familias le impondrá al 49,9% la lengua vehicular de enseñanza.

En cuarto lugar, la determinación de la lengua vehicular al inicio de la escolarización se realizará a partir de las solicitudes de admisión presentadas por las familias. Es decir, una familia solicita en su instancia 20 centros, escolariza a su hija o hijo en uno de los 20 pero participa en la votación de los 20 sobre la lengua vehicular de enseñanza. Esta medida demuestra, una vez más, el absoluto desconocimiento y desprecio hacia el sistema educativo del actual gobierno valenciano.

En quinto lugar, el proceso anterior se repetirá cada año por lo que cada curso una promoción del alumnado puede ir cambiando de lengua vehicular, lo que impide elaborar un proyecto educativo serio en ningún centro y lo que llevará a la supresión de la gratuidad de los libros de texto (xarxallibres) ya que cada año puede requerirse una lengua vehicular distinta y los libros de texto tendrán que cambiar.

Este conjunto de despropósitos solo puede obedecer a un objetivo claro: firmar el finiquito del valenciano a través de una imposición lingüística y social bajo la demagogia de llamarla “libertad educativa”. Una imposición cuyo fin último es que hablemos en cristiano.

Miguel Soler fue secretario autonómico de Educación de la Generalitat entre 2015 y 2023.