Cuando el PP valenciano paga el peaje ultra de Vox

El nombre de Guillem Agulló molesta a Vox. El partido ultra anunció el jueves su intención de retirar el nombre del joven antifascista, muerto por una puñalada en el corazón que le asestó un neonazi en 1993, de un paseo de los Jardines de Viveros de Valencia. Dos días antes, el PP aceptó la iniciativa de Vox en las Cortes valencianas de eliminar los Premios Guillem Agulló que distinguían a personas o entidades en la lucha contra los delitos de odio. El ominoso grito “Guillem, jódete”, proferido por grupos de la ultraderecha valenciana al poco de ser asesinado el chaval de 18 años, resuena de nuevo.

Es el último peaje que se ha cobrado la formación ultra. La fuerza con la que el PP volvió a ser el partido más votado en la Comunidad Valenciana y la entrada de Vox con una presencia minoritaria en las instituciones podía hacer pensar que los populares contendrían el efecto contagio. Pero la influencia del partido que lidera Santiago Abascal en temas críticos en los que destaca por su radicalidad se expande en diversos ayuntamientos, en el parlamento y el gobierno autonómico.

La defensa por la igualdad de las mujeres y contra la violencia machista, el valenciano, el cambio climático, los derechos LGTBI o las agresiones ideológicas eran temas en los que PP mantenía desde hace años una postura no beligerante, avanzada en algunas cuestiones y de respeto a las minorías. Ahora, el halo de Vox impregna muchas de sus decisiones y posiciones o le obliga a entrar en el relato que marcan sus socios.

El Gobierno de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, asegura que no apoyará la propuesta sobre Agulló del segundo teniente del alcalde y concejal de Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas, que en noviembre ya originó una polémica cuando declaró que “ser nazi no es delito” (aunque él no lo sería, apostilló) a propósito de las concentraciones frente a la sede del PSOE en Madrid. El líder de Vox en el Ayuntamiento justificó su decisión porque ese “nombre enfrenta a los valencianos” al representar “unas ideas pancatalanistas que no son compartidas por la inmensa mayoría”. Ni una palabra sobre la muerte del joven “que representa en la Comunidad Valenciana la toma de conciencia en lo referente a los delitos de odio”, que entonces no estaban tipificados como ahora, de manera similar a lo que representa en España el asesinato racista en 1992 de la inmigrante Lucrecia Pérez, afirma Susana Gisbert, delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia.

“Guillem Agulló es un símbolo. Hay que decir claramente que es una víctima de un delito de odio por razón ideológica. Y una víctima se merece siempre respeto”, añade Gisbert. El PP y Vox argumentaron que los premios se crearon en 2016 por decisión personal del entonces presidente de las Cortes, Enric Morera, de Compromís. Este respondió que la declaración institucional fue aprobada por unanimidad (que incluía al PP, y no a Vox, que carecía de escaño).

Otro caso reciente ha sido el de la agresión a un hombre, que ha estado varios días en la UCI, por parte de un grupo armado con palos y barras e identificado como de extrema derecha, junto a la colla La Cosa Nostra, un colectivo antifascista que organiza conciertos y otras actividades culturales durante las fiestas de la Magdalena de Castellón. El diputado autonómico de Compromís Vicent Marzá apuntó la vinculación del portavoz de Vox y concejal de Policía en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá con uno de los supuestos agresores, del que es abogado. El Parlament de Cataluña ha impulsado una declaración de condena de las “agresiones fascistas” ocurridas en Castellón mientras la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco (PP), ha limitado los hechos a una “pelea entre grupos de ideología diferente”, cuando los testigos coinciden en que fue una agresión iniciada de forma unilateral.

Desde el inicio de la legislatura cualquier tema referente a la mujer y la violencia machista ha sido motivo de choque entre los socios de gobierno de la Generalitat, de los Ayuntamiento de Valencia y Castellón, así como de otros municipios menores. Y ha sido frecuente la imposición de la postura de Vox. El primer asesinato machista de la legislatura ya plasmó cómo Vox no estaba dispuesto a mantener el término “violencia machista” en la pancarta contra los femicidios en las Cortes Valencianas. El PP se plegó a suprimir un concepto ante el que, hasta ahora, no tenían dudas, la existencia de una violencia sobre las mujeres por el hecho de serlo. El parlamento valenciano está dirigido por la ultracatólica y antiabortista Llanós Massó, diputada de Vox, por el pacto de gobierno que le dio la presidencia de la Generalitat a Carlos Mazón (PP). También en las Cortes Vox arrastró al PP en su decisión de acabar con los reconocimientos que la cámara otorgaba a diferentes mujeres por su lucha por la igualdad; una por partido. Tras ese consenso, ahora se votarán las propuestas, con lo que se impondrá la de la mayoría que suman populares y ultras.

La celebración del 8M, el día internacional de la Mujer, ha sido también motivo de polémicas en las que el PP se ha dejado arrastrar por Vox. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por los populares y la formación ultra, se quedó sin una declaración de consenso en torno al 8M después de que estos últimos dinamitaran un pacto que la iba a hacer posible en el pleno municipal. Los cuatro concejales ultras “celebraron” “que una moción progre, sectaria y discriminatoria como la del 8M no fuera aprobada por vez primera en el Ayuntamiento de Valencia”. Y lo hicieron cantando Que viva España con un cantante callejero disfrazado de torero en un tuit que luego borraron. Al final, el PP aprobó en junta de gobierno, sólo con sus votos pues Vox la volvió a rechazar, la declaración de apoyo al Día de la Mujer de la FEMP. “No es que el PP haya cambiado, son igual que Vox y ahora se les ve”, mantienen fuentes socialistas. Otros municipios como Torrent o Náquera, en los que la formación ultra ha entrado en los gobierno ha sucedido lo mismo.

Precisamente en Náquera, el único pueblo valenciano en el que Vox ostenta la alcaldía, se produjo otra cesión. El PP transigió con no colocar las enseñas o emblemas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales. La respuesta de la sociedad el día del orgullo fue una multitudinaria marcha que llenó las calles de colores. Tampoco se plantó cuando un concejal ultra de Burriana decidió retirar del área infantil y juvenil de la biblioteca municipal todos los libros de temática LGTBI con “contenido sexual”. Según trató de justificar, su intención es la de “proteger a los menores de contenidos pornográficos” y “escandalosos”. El edil, Jesús Albiol, se ha significado también por sus vetos a publicaciones en valenciano por considerarlas catalanistas.

Negacionismo climático

Con la negación del cambio climático, el PP también ha mirado a otra parte y ha sucumbido a las tesis de Vox. El concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez (Vox), negó la existencia del cambio climático en la apertura de la Conferencia Internacional de Conservación y Gestión de Humedales. Catalá no quiso marcar distancias pese a que lo podría haber hecho cuando Compromís presentó una moción para reprobarlo, aunque asegura no compartir la tesis de Vox. En Alicante, el PP aceptó no sancionar a los vehículos contaminantes que circulen por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). “No hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático”, alegó la portavoz ultra en el Consistorio.

El valenciano es otro de los campos de batalla en los que Vox quiere imponer su relato, al que el PP se adhiere por acción u omisión. El último episodio es el desprecio de la presidenta de la Cortes, Llanos Massó, hacia la Acadèmia Valenciana del Llengua, el ente normativo creado durante el Gobierno de Eduardo Zaplana, del PP. Tras recibir la memoria anual de manos de su presidenta, Verónica Cantó, Massó convocó a los medios para recordar que Vox, si tuviera votos suficientes, eliminaría el ente y defender una normativa diferente. Admitió sin rubor que no puede citar ninguna universidad en el mundo que propugne las tesis lingüísticas de Vox. Nadie del PP salió a defender a la entidad, objeto de los continuos ataques antiacadémicos de la ultraderecha que en el Ayuntamiento de Valencia ha abierto otro frente, con el permiso de los populares, para quitar el acento abierto a la denominación oficial en valenciano. La Acadèmia tendrá la ultima palabra.

También se ha plegado el PP a Vox al votar en las Cortes en contra de declarar 2024 el Any Vicent Andrés Estellés , por el centenario del nacimiento del poeta de reconocido prestigio literario, “un separatista”, según la ultraderecha. Sin embargo, en las diputaciones de Valencia y Alicante, en las que no gobiernan con Vox, los populares sí se sumaron al año dedicado al que fuera también redactor jefe del periódico conservador Las Provincias.