PP y Vox pactan en Alicante una Zona de Bajas Emisiones sin multas, una oficina antiabortos y un servicio antiokupas

No habrá sanciones para los vehículos contaminantes que circulen por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. El nudo gordiano que impedía el acuerdo entre el PP, que ostenta la Alcaldía, y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales se ha deshecho, finalmente, tras consensuar ambos partidos una nueva ordenanza de la ZBE que sustituya a la actual, prorrogada con permiso del Ministerio de Transición Ecológica. “No se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente”, señala el alcalde, Luis Barcala, en un comunicado. “No hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático”, añade la portavoz ultra en el Consistorio, Carmen Robledillo. El pacto presupuestario acoge también varias enmiendas de Vox, como la creación de oficinas “para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares”, es decir, unas oficinas que disuadan a las mujeres de abortar, o de “un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”.

Las elecciones del 28 de mayo allanaron el camino para el gobierno municipal en solitario del PP en la décima ciudad española por población, con 350.000 habitantes. Sus 14 concejales sumaban más asientos en el pleno que toda la izquierda junta, pero para aprobar los presupuestos, que estaban prorrogados desde 2022, se necesita mayoría absoluta, y ahí los cuatro ediles de Vox resultaban vitales. Para desatascar las cuentas, Vox tenía varias reclamaciones, pero la de la ZBE era ineludible. “Las multas y restricciones de la ZBE eran y son una línea roja”, insistía hoy Robledillo. Barcala, finalmente, ha encontrado la salida del túnel: la ordenanza anticontaminación, por la que ha recibido unos 17 millones de ayudas europeas, complementadas con otros 8 millones de procedencia municipal, no contemplará “procedimiento sancionador”. Se cumple así, sostiene el alcalde, “lo que viene estipulado en la ley a este respecto, pero sin restringir los derechos fundamentales de los alicantinos y protegiendo la economía local, principalmente en las zonas afectadas”, avanza el regidor. “Teníamos razón”, sentencia la portavoz de Vox Robledillo.

Para aprobar unos presupuestos que ascienden a 359,26 millones de euros, con lo que crecen un 27,8% con respecto al de 2022, y que deben pasar primero por una comisión de Hacienda y por un pleno extraordinario, Barcala asume también 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox. Estos cambios “ayudan a mejorar nuestro proyecto de presupuestos para seguir avanzando con la mayor estabilidad posible en la transformación y mejora de Alicante”, según el alcalde. Entre ellos, destaca una partida de un millón de euros para desarrollar de manera efectiva la carrera profesional de los funcionarios y la incorporación de la formación ultra en varias medidas en materia de seguridad y de turismo. Con este pacto, Alicante contará igualmente con una oficina antiabortista y un servicio antiokupas y emprenderá una política cultural destinada a las obsesiones de Vox. El acuerdo anuncia “la actualización del Museo de Belenes, el aumento de la dotación a la Escuela Taurina y el inicio de los trabajos para la creación del Museo de Semana Santa”.

La Zona de Bajas Emisiones de Alicantes, según se recoge en la página web municipal, se vertebra en dos ejes viarios. El primero, un anillo interior que bordea el centro tradicional de la ciudad, limitado entre la avenida de Alfonso El Sabio, el eje Marvá-Soto-Gadea, el monte Benacantil y la franja litoral. El segundo es un anillo exterior que abarca prácticamente todo el trazado urbano entre la Gran Vía, la avenida de Dénia y el mar. En cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incluye el establecimiento de ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, Alicante ya ha acometido señalizaciones, peatonalizaciones y obras de calmado de tráfico y movilidad sostenible, principalmente en el centro. Sin embargo, la ausencia de régimen sancionador hará que la entrada de vehículos contaminantes en las áreas protegidas quede a merced de la responsabilidad de cada conductor a partir de junio, que es cuando se espera que entre en vigor.

Para el edil de Compromís Rafa Mas, el acuerdo alcanzado es “una vergüenza, una estafa a la ciudadanía” que puede costar la retirada de las ayudas por parte de Europa. Además, si el documento final incumple la legislación redactada por el gabinete de la ministra Teresa Ribera, el Consistorio alicantino podría incurrir en “un posible delito de prevaricación”, a juicio de Mas. Con este estrechón de manos entre PP y Vox, más el resto de enmiendas aceptadas, Alicante queda como una ciudad “más contaminada, más injusta y más insolidaria”, en su opinión. Desde su partido, sostienen que la ZBE sin multas será “ridícula, inoperativa e ineficaz”. La misma postura adopta la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, quien sostiene que “Barcala cede ante las exigencias de la derecha” y que “la moneda de cambio ha sido plegarse al negacionismo del cambio climático, que no cumpliría con las exigencias de la Unión Europea”, algo que los socialistas adelantan que van a “combatir”.

Para Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, el pacto entre PP y Vox es “otro de los ejemplos” de que la unión de ambos partidos genera “retrocesos que hace unos años eran impensables” y que “no tienen cabida en una sociedad moderna que ha alcanzado el consenso internacional de la agenda 2030″. El “negacionismo” lleva a que en las ciudades “se escuche que hay gobiernos que no se someten a acciones contra el cambio climático”. Pero, a su juicio, “no lo van a conseguir, por más que se esfuercen, nadie puede ir contra el marco legislativo de la Unión Europea”.