Compromís lleva a Fiscalía y a Antifraude el acto de Catalá de entrega de viviendas asequibles en Valencia

Compromís per València ha denunciado este martes ante la Agencia Valenciana Antifraude y ante Fiscalía el acto en el que este lunes la alcaldesa María José Catalá firmó la adjudicación de las 18 primeras viviendas de alquiler asequible a personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda, entre ellas, a víctimas de violencia de género. La portavoz de Compromís, Papi Robles, considera que se ha podido “poner en riesgo a personas vulnerables”, como son las mujeres víctimas de violencia de género y menores que, según ha denunciado, “se vieron obligadas a participar en un acto público de entrega de viviendas públicas de alquiler asequible”.

La alcaldesa, preguntada por esta denuncia, ha instado a Compromís informarse mejor tanto de la norma como del propio acto porque, según ha dicho, la ley establece que no se puede obligar al adjudicatario a acudir “de ninguna forma a un acto público de firma” y nadie acudió obligado y se protegió la identidad y el día a día de las víctimas, que firmaron en una sala aparte.

Robles ha presentado un escrito de denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude por incumplimiento de la Ley de Publicidad Institucional y ante Fiscalía por posible vulneración de los derechos del honor, la integridad y la protección de personas vulnerables, como mujeres víctimas de víctimas de violencia de género y también menores.

“Estamos ante un acto muy grave. Catalá está tratando como si fueran atrezzo a las personas vulnerables para poder hacer de madre Teresa de Calcuta a expensas del honor y la privacidad de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Es indecente y pornográfico el uso que está haciendo de las instituciones para proyectarse políticamente”, ha criticado Robles en un comunicado.

Compromís señala que la Ley de Publicidad Institucional especifica que “se prohíben los actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno”. Estas entregas, detalla el texto de la Ley, “serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esta entrega una escenificación pública”. Robles ha afirmado que “o le paramos los pies a Catalá o no habrá ningún tipo de ética ni miramiento en este Ayuntamiento. Debemos marcarle los límites”.

Interpelación socialista

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha anunciado que presentarán una interpelación en el próximo pleno municipal para exigir “responsabilidades” a Catalá por este acto, que califican de “besamanos”, además de “ilegal, amoral, engañoso e irresponsable” por poner “en peligro” a mujeres víctimas de violencia de género por exponerlas en un acto público y que se sepan dónde van a residir.

Para Gómez, se trata de un acto “sin precedentes” en este Ayuntamiento con “la supuesta firma de 18 nuevas viviendas asequibles” cuando ha explicado que “no son 18 nuevas viviendas”, sino que se trata de inmuebles del parque público de viviendas que se quedan vacías porque una familia la deja al cambiar sus circunstancias.

Hasta ahora ha explicitado que, en estos casos, esa vivienda que quedaba vacía era ocupada inmediatamente por otra familia. Sin embargo, ha considerado “muy grave” que Catalá “haya estado bloqueando 18 viviendas vacías hasta obtener un número suficiente de familias comprometidas para montar un acto”.

Gómez ha señalado que durante sus cuatro años de presidenta de la sociedad municipal Aumsa “renovaron literalmente centenares de contratos de alquiler de familias” porque “en cuanto una familia se iba, otra entraba” y “jamás hicimos un acto” de este tipo porque en primer lugar es “un derecho”.

Además, la portavoz socialista ha afirmado que este tipo de actos va en contra de la Ley de Publicidad Institucional, que “expresamente prohíbe cualquier acto de entrega de llaves que involucre a un demandante solicitante de vivienda”. Por lo tanto, “el acto de ayer es incuestionable y objetivamente contrario a la ley de publicidad institucional”.

Asimismo, ha denunciado que dentro de los demandantes solicitantes “se obligó a exponerse públicamente a mujeres víctimas de violencia de género” en un acto “tan delicado” porque se puede saber dónde van a vivir, lo que supone ponerlas en “una situación de peligrosidad por la especial situación personal en la que ellas viven”.

Frente a estas declaraciones, la alcaldesa ha instado a Compromís a “incorporar la reflexión sobre la necesidad de hacer una oposición formada e informada”. “La ley establece que no se puede obligar al adjudicatario a acudir de ninguna forma a un acto público de firma, pero ninguno de los que ahí estaban acudió obligatoriamente, sino que fue totalmente voluntario”, ha recalcado.

En segundo lugar, ha pedido que se estudien “un poquito mejor la ley” y “un poquito mejor el acto, porque precisamente al inicio del acto yo dije textualmente que dos mujeres que eran víctimas de violencia de género que habían sido resultado adjudicatarias de vivienda de alquiler social, habíamos firmado en una sala anexa, totalmente privada, de alguna forma protegiéndolas y resguardando toda la información relativa a su día a día y a su vivienda”.

“Veo en la oposición mucha crítica pero muy poca autocrítica. El hecho de que en los últimos cuatro años solo se hayan adjudicado 31 viviendas de alquiler asequible y que nosotros en seis meses hayamos adjudicado 18 y en febrero adjudiquemos 20 más, es lo suficientemente relevante como para que ellos se sintieran orgullosos de un Ayuntamiento que por fin pone la vivienda en su eje prioritario”, ha reprochado la alcaldesa.