La Generalitat valenciana exige el mismo trato que Cataluña para condonar la deuda

El presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), considera que la Comunidad Valenciana lleva “demasiados años” a la cola de la financiación autonómica. Llama a esta infrafinanciación “la excepcionalidad valenciana”, acreditada por los números que “son los peores de España”. “Es una injusticia intolerable que dura demasiados años”, reiteró ayer. Sin mencionar directamente al pacto alcanzado por socialistas y nacionalistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez, señaló, no obstante, que “si es el momento de avanzar en algún sentido”, él estará en la brega, antes de rechazar de plano la amnistía. Una hora antes, la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, había exigido el mismo trato para la deuda pública de la Comunidad que el deparado a Cataluña.

Mazón evitó en todo momento emplear las palabras condonación, quita e incluso “compensación”, como había hecho en otras ocasiones. Y desvió la pregunta de los periodistas sobre la posibilidad de que la aplicación del acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana conlleve la condonación de cerca de 9.700 millones de euros de deuda (de los 48.344 acumulados) de la Comunidad Valenciana. Se limitó a criticar la amnistía y abundó en los problemas de la infrafinanciación.

“La financiación autonómica no es una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos”, subrayó, si bien manifestó su intención de combatir contra “el ninguneo permanente” al que, en su opinión, ha sometido el Gobierno central a los cinco millones de valencianos. “No vamos a extorsionar a nadie, no vamos a romper nada ni a jugar en mesas oscuras”, declaró.

Mazón habló después del pleno del Consell, celebrado en el Distrito Digital de Alicante, situado en el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz. Allí se reunió con los representantes de la Plataforma pel finançament just, una asociación de representantes políticos, de la patronal, de los sindicatos y de organizaciones sociales que reclaman desde hace años un cambio del modelo de financiación autonómica por otro más “justo y equitativo”, según explicaron. Piden un incremento de inversiones ejecutadas en la Comunidad Valenciana y un reconocimiento de una “deuda ilegítima” y su condonación.

En otra sala de los gigantescos estudios alicantinos, una hora antes de que Mazón respondiera a una sola pregunta de los medios, la portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino, exigía el mismo trato para la deuda pública de la Comunidad el mismo trato deparado a Cataluña. Aunque sin poner cifras, ya que, argumentó, desconocen “a qué atenernos y en base a qué, pedir qué”. Para Merino, el pacto entre PSOE y ERC es “una compra de votos” que devuelvan a Sánchez al escaño del presidente del Gobierno y que ha “dejado de hablar” de la infrafinanciación de otras autonomías. Según Merino, el acuerdo de investidura refleja “una suerte de cupo vasco a la catalana”, un trámite “lleno de opacidad e incertidumbre” y una “rendición a los deseos” de algunas autonomías y en detrimento de otras “a cambio de conseguir algo que solo es bueno para el PSOE”. No confía demasiado en la compensación al resto de territorios: “Con los precedentes que tenemos, es difícil ser optimista”, sentenció.

Dentro del mismo marco de coyuntura, el acuerdo con ERC, se encuentra el traspaso de la gestión integral de los trenes de Cercanías a la Generalitat de Cataluña. Una circunstancia que no va a copiar el ejecutivo presidido por Mazón, según indicó la consejera de Infraestructuras, Salomé Pradas, mientras no se disponga de una financiación “adecuada”. “Sería totalmente irresponsable y sería irreal”, consideró Pradas. De momento, lo que reclama el Gobierno valenciano es que se ejecute el Plan de Cercanías de 2017, aprobado por el ministro popular Íñigo de la Serna y que manejaba un presupuesto de 1.400 millones de euros y del que, según sus cálculos, “solo se ha ejecutado el 20%”.

Aunque la actualidad mandaba, el pleno del Consell no fue monográfico. El ejecutivo autorizó, por ejemplo, la contratación centralizada de obras de cableado de redes de comunicaciones para las dependencias de la Generalitat y todas las entidades adheridas por un valor de 40 millones de euros para que todas las dependencias públicas cuenten con conectividad de alta velocidad.