El Gobierno valenciano se manifiesta contra los presupuestos del Estado por la baja inversión en Alicante

El Gobierno valenciano en pleno ha respaldado la concentración en protesta por la minúscula inversión consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para infraestructuras en la provincia de Alicante. En un acto convocado por patronales empresariales, sindicatos, partidos políticos y entidades cívicas frente a la Subdelegación de Gobierno en Alicante, a través de la Plataforma per un Finançament Just, el pleno del Consell, con sus dos vicepresidentes, Aitana Mas (Compromís) y Héctor Illueca (Podemos) al frente —en ausencia del presidente Ximo Puig—, ha compartido pancartas y reivindicaciones con representantes de todos los partidos del espectro político valenciano —a excepción de Vox— para exigir al Gobierno un modelo nuevo de financiación y más inversiones para la quinta provincia que más aporta al PIB nacional.

La convocatoria ha reunido apenas a unos cientos de personas, con más aire de puesta en común entre organizadores que de manifestación popular en un viernes laborable a mediodía. Pero, a seis meses de elecciones, ninguna bancada, ni local ni autonómica, ha dejado de sacar su artillería pesada. Ante una manifestación idéntica, convocada el pasado día 3 de noviembre por los empresarios alicantinos, Ximo Puig, ausente hoy por su encuentro en Valencia con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, señaló que respetaba la opinión de las patronales, pero que era el momento de “buscar vías para solucionar los problemas, no para crearlos”. Dos semanas después, Alicante, con sus cerca de dos millones de habitantes censados, planea como una plaza esencial en el horizonte electoral, tanto en clave autonómica como nacional. El Partido Popular, representado este viernes por su presidente autonómico, el alicantino Carlos Mazón, junto a la secretaria general, María José Catalá, es consciente de que la provincia es un importante granero de votos. El Gobierno del Botànic, el tripartito formado por PSOE, Compromís y Unides Podem, también lo sabe, y aprovecha además la coyuntura para exigir una mejor financiación para la Comunidad Valenciana.

El propio consejero de Hacienda, Arcadi España (PSPV), ha declarado que el acto incide en la falta de “igualdad” para Alicante, que obliga a la Generalitat a “compensar a Alicante” y a “sobreinvertir por el déficit de inversiones del Estado”. También Illueca considera que la reivindicación es “justa” y exige “un mejor trato en las inversiones”. Y desde Compromís, el diputado en el Congreso Joan Baldoví se suma a las demandas de los integrantes del Botànic porque las peticiones de la sociedad alicantina “claman al cielo”. El agravio recorre también el ámbito municipal, como refleja la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), junto a su próxima rival en las urnas, la portavoz socialista en las Cortes valencianas Ana Barceló, o el primer edil socialista de Elche, Carlos González.

Convoque quien convoque, el discurso es parecido. El proyecto de ley de los PGE dedica una inversión en infraestructuras de 85,48 euros por cabeza para Alicante, que se sitúa a la cola de todas las provincias de España y se convierte en la única que no rebasa el centenar de euros por persona. Para la plataforma convocante, esta “sangrante” circunstancia forma parte de “la desigualdad que sufren los valencianos frente a los ciudadanos de otros territorios españoles al recibir este mismo año 215 euros menos que la media estatal y 703 euros menos que la autonomía mejor financiada”.

Durante sus intervenciones en la concentración, los organizadores han hilado los dos argumentos, el cambio de modelo de financiación autonómico y unas inversiones justas para la provincia de Alicante. “Los problemas de Alicante son los de la Comunidad Valenciana”, ha dicho Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), quien considera que una remodelación de los criterios de financiación contribuiría a “modernizar nuestro modelo productivo, competir en igualdad de condiciones, y generar riqueza y empleo sin tener que hipotecarnos ni tener que realizar un sobresfuerzo respecto a otras autonomías”.

Desde los dos sindicatos mayoritarios apuntan a que el modelo actual de inversiones “no protege los servicios públicos”, en opinión de Ana García, secretaria general de CCOO-PV, ni permite la mejora de infraestructuras hídricas y de comunicaciones que precisa Alicante, según Ismael Sáez, su homólogo en UGT-CV.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha calificado los PGE de “maltrato” hacia la provincia, incluso en la falta de ejecución de lo presupuestado. También exige que el Estado “concrete de una vez por todas” la financiación autonómica. “Aun siendo pobres, 12 puntos por debajo de la renta por habitante media”, asevera, “aportamos al conjunto del Estado”.