Consell, oposición y empresarios protestan por la baja inversión del Gobierno en Alicante

La indignación por la minúscula inversión del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 en la provincia de Alicante ha unido a políticos y sociedad civil. La vicepresidenta Aitana Mas, la oposición autonómica, liderada por el presidente del PP, Carlos Mazón, y los empresarios han valorado negativamente la partida presupuestada por el Gobierno español para Alicante: 85,48 euros por habitante. Hasta la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha tenido que salir al paso y asegurar que el convenio entre el Estado y la Generalitat en materia de infraestructuras “compensará” las inversiones previstas en Alicante.

Ni siquiera el Consell ha digerido bien la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que, en lo referente a Alicante, el presupuesto es manifiestamente insuficiente y difícil de justificar por lo que se insistirá en la posibilidad de que se atiendan algunas reivindicaciones históricas y se replanteen a través de enmiendas. El jefe del Consell ha recordado que la Generalitat realiza en sus presupuestos una distribución de las inversiones que atienda a las distintas realidades de todas las comarcas valencianas y ha señalado que “por eso podemos exigir al Gobierno de España que haga lo mismo”.

Poco antes, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha asegurado que la impresión que se ha llevado la Generalitat es “negativa” ya que los presupuestos “no se ajustan al peso poblacional” de la quinta provincia por número de habitantes de España, con un censo cercano a los dos millones de personas. “Los anteriores”, en referencia a los PGE de 2022, “aunque sí se ajustaban” perdieron “efectividad” por la baja ejecución de la inversión en infraestructuras. El malestar ha llevado incluso a Mas a “instar a la sociedad civil y a los diputados de todos los partidos en el Congreso” a “hacer una aportación, incluso como lobby” para “presionar un poco más al Gobierno central” y que esas “inversiones” y las ejecuciones que conllevan “se incrementen”.

Los cálculos del Instituto de Estudios Económicos (Ineca) señalan que los PGE destinarán en 2023 160, 8 millones de euros a las infraestructuras de Alicante, lo que se traduce en 85,48 euros por cabeza. Alicante se convierte así en el farolillo rojo de las provincias españolas, “muy lejos de la penúltima provincia, que es Jaén”, a la que le corresponden 110 euros por habitante. La alicantina es la única demarcación de todo el territorio nacional en la que el reparto baja de los 100 euros por habitante. Pese a que “la partida de inversiones territorializadas de los PGE crece un 3,3%”, subraya Ineca, la de Alicante, “de manera inexplicable, sufre un recorte del 12,3% respecto al año pasado”, una circunstancia que, en opinión de los empresarios, “va a enterrar el futuro de la provincia”.

La reacción a unas cifras tan bajas se ha producido en cadena. La candidata socialista a la Alcaldía de Alicante Ana Barceló se ha valido de Twitter para calificar el proyecto de cuentas públicas como “los peores de la historia para Alicante”. “No sólo cabe la indignación, sino también exigir que se corrija el agravio”, ha añadido la exconsejera de Sanidad.

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha tachado los PGE de “humillantes”. En su opinión, la asignación “vuelve a humillar a los alicantinos, dejándolos de nuevo en la última posición, menosprecia a los ciudadanos de Castellón y deja congelada cualquier opción de avance en la provincia de Valencia”. Mazón ha apuntado al presidente del Consell, Ximo Puig, de quien sostiene que “no pinta nada en Madrid”. “Este Consell no es capaz de luchar y reivindicar las inversiones que necesita esta comunidad para seguir siendo competitiva”, ha zanjado.

El enfado ha obligado a la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, a asegurar que Alicante quedará “compensada” cuando se aplique el convenio entre Gobierno y Generalitat. “Estoy convencida”, ha declarado, “de que el convenio de 200 millones de euros en infraestructuras servirá en gran medida para compensar algunas deficiencias”. Consciente del tijeretazo, Bernabé ha querido recordar que “además de la inversión real a través del capítulo 6 de los presupuestos, tenemos que ser conscientes de los recursos que el Gobierno central destina a Alicante, como los procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial”.