El Gobierno del Botànic cierra el acuerdo político para los últimos presupuestos de la legislatura
El consejero de Hacienda, Arcadi España, presentará las cuentas públicas, que crecen respecto al año pasado, el próximo lunes
Los partidos del Gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) han cerrado este viernes un “acuerdo político” para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2023, los últimos de la legislatura antes de las elecciones autonómicas. Así lo ha anunciado Presidencia este viernes, tras la reunión del pleno semanal del Consell y a tres días de que finalizara el plazo establecido para presentar las cuentas.
El proyecto de presupuestos se aprobará el próximo lunes 31 en un pleno extraordinario del Consell. Acto seguido se entregará a las Cortes, como es habitual, para dar inicio a la tramitación parlamentaria que se prolongará hasta antes de Navidad. La vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo autonómico, Aitana Mas, ha confirmado que la cuantía total se incrementa con respecto a los presupuestos de este año.
El acuerdo se ha sellado entre el presidente Ximo Puig y los vicepresidentes Aitana Mas y Héctor Illueca después de tres semanas de negociaciones y reuniones del grupo de trabajo encargado de elaborar las cuentas.
Bajo la presidencia del consejero de Hacienda, el socialista Arcadi España, esta comisión negociadora está formada por Andreu Ferrer y Alfred Boix (PSPV), Francesc Gamero e Iván Castañon (Compromís) y Marc Aparici y Cristian Veses (UP).
El año pasado, el Botànic aprobó por primera vez desde que entró a gobernar en 2015 el proyecto de presupuestos después de noviembre, aunque el calendario del Parlamento autonómico se reorganizó para que salieran adelante antes de enero.
Las cuentas de 2022 ascendieron a un total de 27.967,5 millones de euros, un 9,1% más que los del ejercicio anterior y los más altos en la historia de la Comunidad Valenciana, con un gasto social “histórico” de 17.300 millones.
Un año más, al igual que los últimos, los presupuestos de 2023 incluirán la partida “reivindicativa” de más de 1.300 millones que el Consell introduce en el proyecto para dejar patente la infrafinanciación autonómica de la Comunidad Valenciana.
