La jueza del ‘caso Azud’ pide la certificación de aforamiento de un diputado del PP valenciano, paso previo a su imputación

La jueza que instruye el caso Azud, que investiga desde hace cinco años una trama de corrupción urbanística en Valencia, ha remitido a las Cortes una petición para que certifique la condición de aforado del vicepresidente segundo de las Cortes y diputado del PP, Jorge Bellver. Sin embargo, la investigación se cierne sobre su etapa como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, puesto que ocupó durante los gobiernos de la entonces alcaldesa, Rita Barberá, de la que fue persona de máxima confianza.

La petición que realiza la juez es perceptiva para la imputación del popular dados los privilegios con los que cuenta como diputado de las Cortes valencianos, que solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que será, en su caso, el que le impute y le tome declaración.

La implicación de Bellver en el caso Azud se centra en su participación, entre 2003 y 2007, en la trama que, presuntamente, facilitó al empresario Jaime María Febrer contratos públicos y modificaciones urbanísticas. Según los indicios, el popular recibió a cambio varios regalos del empresario entre los que se encuentran tres relojes de lujo, un Omega Seamaster en las navidades de 2003; un reloj Brentley en 2005; y una maleta trolley de Loewe en el año 2006 valorada en 970 euros. En el listado de regalos realizado por el propio Febrer, tal como figura en el sumario, aparecen también regalos al exvicealcalde de Valencia con el PP y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, quien habría recibido una pluma Montblanc en 2002 valorada en 510 euros; una maleta trolley un maletín Loewe en 2005; y una cartera y un portafolios marrón en 2009. También aparece en el listado el exsubdelegado del Gobierno, el socialista Rafa Rubio, como receptor de algunos regalos.

La investigación se ha fijado, entre otras cosas, en los apuntes que el propio Febrer hacía en sus agendas, teléfonos o correos electrónicos, donde anotaba las reuniones que mantenía, los contactos con los que hablaba para cada proyecto e, incluso, en algunos casos, las mordidas que pagaba a aquellos que le favorecían.

En esta causa, de la que se acaba de levantar, parcialmente, el secreto del sumario, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Se trata de un caso que implica tanto a dirigentes del PP como del PSPV, aunque se centra en varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, cuando gobernaba el PP.

Entre los más de medio centenar de imputados se encuentran además el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor.