Dimite el alcalde de El Verger, expulsado del PSPV por vacunarse antes de tiempo

La progresiva pérdida de confianza del Grupo Municipal Socialista de El Verger (Alicante) en el alcalde, Ximo Coll, expulsado del PSPV por haberse saltado el turno de vacunación, ha desembocado en un cambio en el equipo de gobierno. Coll ha presentado su renuncia, que se hará efectiva el próximo lunes, y será sustituido por el segundo teniente de alcalde, Juan Chover, según un comunicado remitido por el grupo municipal.

De esta forma, la agrupación local del PSPV pretende recobrar la “estabilidad” perdida, sobre todo, tras la investigación judicial en la que una juez de Dénia incluyó a Coll y a su mujer, Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, como supuestos autores de un delito de cohecho pasivo impropio por vacunarse contra el covid antes de tiempo, una decisión por la que ambos fueron expedientados y expulsados de militancia. La situación, “agravada en los últimos meses”, señalan los socialistas vergerinos, obligó a la celebración de dos asambleas extraordinarias “para reconducir la situación y facilitar la gobernabilidad del pueblo”.

La idea inicial era un simple cambio de cromos. Todos los concejales mantenían sus delegaciones y solo Chover ampliaba sus funciones asumiendo la Alcaldía. Sin embargo, Coll, fontanero de profesión, ha preferido “renunciar al acta de concejal para no interferir” en el trabajo de sus excompañeros, una decisión que el grupo municipal califica como acto de “generosidad”. La corporación municipal queda como resultó de las últimas elecciones, celebradas en 2019. Los socialistas mantienen sus cinco concejales y gobiernan en minoría. Compromís cuenta con tres ediles, los mismos que el Partido Popular.

Mientras, la investigación contra Coll y Vives por vacunarse saltándose los protocolos establecidos por el Gobierno central sigue en espera de sentencia. En su declaración ante la jueza de Dénia, el pasado mes de noviembre, ambos insistieron en que desde el centro de salud de El Verger les ofrecieron unas dosis sobrantes y se inocularon junto a cinco agentes de la Policía Local. La Fiscalía les atribuye el presunto delito de cohecho pasivo impropio por aprovecharse de sus cargos públicos para adelantar su inmunización sin formar parte de ningún grupo de riesgo o prioritario.