Rafael Blasco y Consuelo Císcar, un matrimonio en banquillos separados

Llegaron por separado y con una diferencia de unos minutos, aunque Rafael Blasco y Consuelo Cïscar estaban convocados a la misma hora, las 10 de mañana de este viernes, para sentarse en el banquillo de los acusados en dos salas diferentes de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El matrimonio que atesoró un gran poder en la política y en la cultura de la Comunidad Valenciana durante las casi dos décadas de gobiernos del PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, lleva años enfrentándose a varias causas por su gestión de entonces.

Blasco, exconsejero de Cooperación y de otras carteras, asistió a la última jornada del juicio por el supuesto amaño de contratos de informática por un millón de euros en su departamento, por el que le piden dos años y ocho meses de cárcel, tras haber pasado tres años y medio en prisión por el saqueo de los fondos destinados a la solidaridad internacional.

Ciscar encara la recta final de su vista por el presunto fraude en la compra de obras de arte por 3,4 millones cuando era directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), entre 2004 y 2014, por el que la Fiscalía pide seis años de prisión. El pasado verano admitió haber usado fondos públicos del museo para beneficiar la trayectoria del hijo del matrimonio, Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Ciscar), en una sentencia de conformidad que la condenó a año y medio de cárcel, por los que no entró en prisión.

Blasco sí que habló en su juicio, al hacer uso de su turno de palabra por ser la última sesión. Defendió su inocencia y afirmó: “Nadie es capaz de entender el sufrimiento cuando se llevan 11 años con estas cosas y las secuelas que esto deja”. El exconsejero está acusado junto a otras tres personas en la quinta pieza del conocido como caso Cooperación por los supuestos delitos de prevaricación y fraude a la Administración. También se han sentado en el banquillo la exsecretaria general de la Consejería Agustina Sanjuán; el exjefe del servicio de Informática de Solidaridad Javier Murcia; y el empresario Augusto César Tauroni.

Los tres últimos acusados reconocieron los hechos que se les atribuyen y llegaron a un acuerdo con el ministerio fiscal por aceptar una pena de entre un año y año y tres meses, mientras que el exconsejero insistió en negarlos. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se investigaron por un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato, según las acusaciones.

Blasco, condenado por las piezas 1, 2 y 3 del caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití, aseguró que no hay ningún indicio que le incrimine en nada en la causa que está vista para sentencia; que no se encargaba de las contrataciones y que no ha habido ningún testigo ni testimonio que le haya señalado. También aseguró que el resto de acusados “han mentido”.

Tauroni, por su parte, leyó un texto en el que pide disculpas a sus padres por el sufrimiento causado, así como a la sociedad por la confianza dañada y a las instituciones públicas. Además, recordó una frase que alguien le dijo en la cárcel en la que estuvo encerrado por la pieza 1: “Coge un pacto, sea lo que sea”. “Este es el último proceso de un larguísimo calvario que he pagado con creces. Los años en prisión te hacen comprender las cosas que son importantes en la vida: la familia y la libertad. Confío en seguir adelante. Cometí un error, lo siento”, añadió.

Sanjuan recordó también los cuatro años en prisión: “Ha sido tremendo desde el punto de vista familiar, personal, emocional y económico. Lo único que quiero a partir de hoy es descansar, olvidarme de todo lo que ha pasado y estar en paz conmigo misma y con la sociedad”.

El letrado del exconsejero, Javier Boix, en un tono molesto con el ministerio fiscal, insistió: “Nadie cita a Blasco”. El abogado alegó que Blasco es el fetiche procesal del ministerio fiscal y señaló que las conformidades del resto de acusados son de conveniencia.

Declaración del exdirector de la Tate Modern

A unos metros, se desarrollaba el juicio contra Consuelo Císcar, su jefe económico en el IVAM, Juan Carlos Lledó, y el heredero del artista Gerardo Rueda, José Luis Rueda, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, que concluirá el próximo martes. Este viernes declaró como perito a instancia de la acusación particular Vicent Todolí, el que fuera jefe del área artística del IVAM, entre 1988 y 1996, y posteriormente director del Museo Serralves de Oporto y de la Tate Modern de Londres. A petición de la defensa de Ciscar, se reprodujo la declaración que hizo en 2018 durante la instrucción del caso el que fuera primer director del IVAM y del Museo Thyssen de Madrid, Tomàs Llorens, fallecido el pasado junio.

Una cuestión que centra el juicio es la originalidad y el valor de las ocho obras compradas y de las 77 donadas en dos operaciones en 2004 y 2006 por el heredero, buena parte de las cuales se materializaron 10 años después de la muerte del artista en una fundición, dado que no existían, aumentando sus dimensiones hasta convertirlas en monumentales y cambiando sus materiales.

Todolí incidió en que en la obra original el artista debe “vigilar el resultado final”, porque “si el artista no ha dado el visto bueno al resultado final, entonces no es lo mismo”. ¿Entonces, si se altera el tamaño y se cambian los colores y los materiales se puede considerar original? “Con carácter genérico serías versiones, basadas en unas obras, no originales”, señaló.

En el caso de que sean reproducciones póstumas se ha de contar con moldes de los originales y “con instrucciones en detalle”, insistió a título general, ya que no es experto en Rueda. El actual director artístico de Pirelli Hangar Bicocca en Milán, presidente del comité asesor del Centro Botín de Santander y asesor de Bombas Gens de Valencia recordó que Rodin “autorizó el uso de sus moldes por parte de instituciones públicas”. En cualquier caso, “se debe aclarar siempre la fecha de la fundición, el número de serie, y acreditar el proceso con fotografías y documentación”. Esta es la práctica habitual en los museos públicos más reconocidos, sustuco Todolí. Otra cosa es lo que diga o no la ley española, que cree que no dice nada, pero se trata de una cuestión que no es de su especialidad.

De muy distinto signo fue el testimonio de Llorens. Señaló que todo el mundo en el IVAM sabía que las obras adquiridas fueron ejecutadas postmortem y que fue “obra ejecutada con autorización por el heredero y respondía a los requisitos habituales para ejecutar la muerte del artista”. Ahora bien, “generalmente, la obras ejecutadas en vida del artista” suelen tener “un precio superior”, reconoció el exdirector del Reina Sofía que fue amigo de Gerardo Rueda (1926-1996) y colaboró con Ciscar en su etapa del IVAM, como comisario de exposiciones e integrante en la comisión de compras y del consejo rector del museo.

“En los últimos años de su vida [Gerardo Rueda] estaba interesado en ejecutar obras de gran tamaño. Ejecutó alguna, como la del Reina Sofía. Las póstumas parecían una continuación de su proyecto”, apuntó. Las reproducciones para ser auténticas deben ser fieles “fundamentalmente a la forma de la escultura”, más que al tamaño, el material o los colores, sostuvo y concluyó que la operación para el IVAM de la compra de obras fue “interesante” por el volumen de las donaciones.