El PP lleva al Parlamento europeo una petición de investigación de abusos sexuales relacionados con centros de menores en la Comunidad Valenciana

La diputada valenciana Elena Bastidas solicita que la Comisión Europea investigue los casos de niños bajo la tutela de la consejería de Igualdad

Imagen de uno de los centros de menores de Valencia.
Imagen de uno de los centros de menores de Valencia.MÒNICA TORRES

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre casos de abusos sexuales relacionados con centros de menores en la Comunidad Valenciana. Así se ha decidido tras una comunicación de la diputada del PP en las Cortes valencianas Elena Bastidas sobre casos de abusos sexuales relacionados con estas instalaciones dependientes de la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, y entre los que se encuentra precisamente la condena a su exmarido, educador en uno de ellos, por abusar de una menor tutelada.

En un escrito de la Comisión de Peticiones, el órgano señala que ha examinado la petición de la diputada del PP y la declara “admisible”, dado que el asunto planteado entra en el ámbito de actuación de la UE. Por este motivo, se solicita a la CE que lleve a cabo una investigación preliminar y remite también la petición a la Coordinadora del PE para los Derechos del Niño y pide información sobre el asunto tanto a la CE como a la propia Generalitat Valenciana.

Fuentes de Compromís han indicado que la Comisión de Peticiones, que tiene capacidad para iniciar por sí misma una investigación “no han querido a entrar a valorar una petición que realiza una diputada del PP a una compañera suya de partido que preside una comisión (la de peticiones) denunciada por eurodiputados por el uso partidista que hace la exministra de Rajoy, Dolors Monserrat”.

Ha sido el diputado del PP en el Congreso Teodoro García Egea quien ha desvelado esta investigación al término de una intervención en la sesión de control en una respuesta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. “Tengo que pedirle un favor. El próximo sábado va usted a respaldar a Mónica Oltra en Valencia. Una vergüenza con la investigación que ha abierto el Parlamento Europeo”, ha indicado el secretario general del PP en alusión al acto ‘Otras Políticas’ en el que participarán ambas este sábado.

Derecho de petición

Bastidas ejercitó el derecho de petición ante el PE ante las “numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares del territorio de la Comunidad Valenciana”.

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Entre los ejemplos adjuntados, hacía referencia a casos como un hombre que se enfrenta a juicio por violar a una niña de 13 años que se fugó de un centro de menores de Buñol; a la detención en Alicante de una mujer acusada de facilitar drogas a unas niñas acogidas en centros de menores a las que instaba a prostituirse; a tres detenidos en un centro de menores de Valencia por presuntos abusos a dos menores fuera de las instalaciones; a la condena a un menor por una agresión sexual a una educadora de un centro y a la situación de los centros de Segorbe y Monteolivete. También la condena a cinco años de prisión al exmarido de la consejera de Igualdad por abusar de una menor tutelada en un centro de Valencia y a que la fiscal de este caso apuntó a la Generalitat “por no proteger a la menor”.

“Estos ejemplos son solo algunos de los números casos que desgraciadamente ocurren con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana, poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos”, exponía Bastidas.

Según la diputada popular, se trata de hechos de gravedad que “trascienden al ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos”.

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