“Vinieron y nos dijeron que teníamos que dejar nuestra casa en 10 días”

Susa Plaza es una modista y diseñadora que ha vivido y trabajado siempre en la casa donde nacieron sus hermanas, en pleno barrio del Carmen de Valencia. El 16 de mayo recibió una “carta extorsionadora” en el que el nuevo propietario del edificio desde febrero de este año le instaba a abandonar la vivienda de manera casi inmediata. “Vinieron y nos dijeron que teníamos que dejar nuestra casa en 10 días″, explica Susa, junto a otros de los seis vecinos alquilados, afectados por la medida que han puesto en manos de sus abogados. “Que si no nos marchábamos, procederían a llamar a los bomberos para que sean ellos los que nos desalojen, dice la carta, sin certificado y sin nada. Ahora, yo de aquí no me muevo”, añade.

“No nos han dado ninguna oportunidad de negociar, de hablar. A algunos vecinos les han ofrecido 18.000 euros o 28.000 euros; a otros, 3.000 euros, según el tipo de alquiler. De renta antigua solo había una vecina que se ha marchado”, comenta Salvador Mateu, de 52 años. “A mí me subieron un 20% el alquiler hace un año y medio y tengo derecho a continuar en mi casa”, añade el escenógrafo que lleva 16 años viviendo en el edificio.

La razón que da el nuevo propietario para el desalojo es la necesidad de reformar y rehabilitar el inmueble de cuatro plantas. Su situación puede poner en peligro a los inquilinos, que ocupan seis de la nueve viviendas, según se les transmitió a los vecinos. Además, se tiene que instalar un ascensor por el hueco de la escalera. Para ello, necesitan quitar puertas de entradas y ganar espacio de las viviendas, según los propietarios.

Los vecinos invitan a los periodistas a observar el “enorme hueco” de la escalera, donde aseguran que “cabe un ascensor incluso dos”, y a comprobar el estado de la finca que se pretende desalojar por la vía de urgencia, según adelantó el Levante EMV. Si fueran necesarias las obras se podrían pactar y hablar, argumentan los vecinos que se han dirigido al Ayuntamiento de Valencia y no tienen constancia de ninguna petición en este sentido formulada para la finca ubicada en la calle de Sogueros, muy cerca de un solar municipal con un cartel oxidado de Aumsa que anuncia desde hace años una promoción de vivienda pública.

El propietario anterior avisó a los inquilinos hace más de un año de que había vendido el edificio y de que no variaban las condiciones de alquiler con la nueva empresa. Pero del nuevo propietario, “un fondo buitre” que no pueden identificar porque los representa un despacho de abogados, y del que solo conocen las amenazas y el dinero que ofrecen para marcharse. Desconocen si quieren dedicar el edificio a apartamentos turísticos.

El Ayuntamiento pretende establecer una moratoria con el objetivo de “paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que para desarrollar su actividad expulsan al vecindario de los barrios”, según manifestó hace dos meses la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, de Compromís, a propósito de otro intento de desalojo en la cercana calle del Turia. La forma de actuar en Turia fue la misma que en la calle Sogueros.

La directora genera de Emergencia Habitacional de la Generalitat, Pura Peris, señaló el viernes a este periódico que la Consejería de Vivienda, que dirige el vicepresidente valenciano Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem, está recopilando toda la información sobre la situación del inmueble. “Hemos quedado el lunes con los vecinos para asesorarlos y estudiar la situación. Tenemos que ver si el edificio entra en los parámetros que permiten adquirirlo a la Generalitat a través del decreto del tanteo y el retracto, entre otras cuestiones. En definitiva, vamos a estudiar bien el expediente y hacer lo que esté en nuestra mano para buscar soluciones”, explicó.