Viejas reivindicaciones en el escenario post-pandémico valenciano 10 años después del 15-M

Glosada y festejada la primera década conmemorativa del 15-M, con reñido monolito incluido en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, conviene recordar que las causas que alumbraron aquel movimiento de los indignados siguen vigentes, algunas con mayor virulencia porque la pandemia las ha agravado.

Las elevadas tasas de desempleo -alarmantemente cronificadas entre la población más joven-, la precariedad y temporalidad que rigen en el mercado laboral, la pobreza salarial, la dificultad para acceder a la vivienda, la desigualdad rampante y, en definitiva, la falta de expectativas generadoras del desasosiego y la cólera que desembocaron en el 15-M, permanecen ahí. No solo la pandemia ha contribuido a su empeoramiento. El cambio climático, la digitalización/robotización, y el envejecimiento poblacional eran vistos hace diez años como amenazas latentes, los llamados grandes retos del siglo XXI. Hoy, una década después, las amenazas se han materializado y nadie discute que el cambio climático genera pobreza, ya; que la robótica o la inteligencia artificial destruyen puestos de trabajo, ya, aunque los más optimistas aseveren que creerán más empleo del que destruyen; y la generación del baby boom entra en la vejez con un estado del bienestar enflaquecido que no garantiza a futuro ni los cuidados adecuados ni la retribución de sus pensiones.

Cualquier gobernante o aspirante a serlo debiera saber que la alquimia de pobreza, desempleo, desesperanza y miedo al futuro deriva en un clima social inflamable que lleva al ciudadano a votar a la desesperada.

El calendario sanciona que faltan dos años para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Los discursos que escuchamos en boca de nuestros próceres políticos parecen responder antes al cortoplacismo al que nos tienen acostumbrados que a la planificación sensata y consensuada de lo que se intuye en el horizonte. Unos y otros planean, sí, pero el objetivo de sus desvelos no es otro que garantizarse la permanencia en el poder o lograr su asalto.

En eso andan los partidos que integran el Gobierno del Botánico y la leal oposición. PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos intentan trazar una imaginaria Línea Maginot defensiva que ahuyente el mal fario provocado por los resultados de las elecciones madrileñas y conjure encuestas posteriores que señalan, por primera vez en años, resultados reñidos en tierras valencianas. La singularidad es que el bipartidismo ha cedido el paso a un escenario de bloques cuya permeabilidad entre ellos está por verse; por tanto, para crecer, los partidos de cada bloque tienen que pelearse el voto con los análogos. Las aspiraciones de Ximo Puig de atraer a las siglas socialistas a votantes de Cs se han evaporado tras el 4-M, fatídica fecha en la que colapsó el PSOE madrileño. El PSPV-PSOE deberá buscar su crecimiento en sacar de la abstención a los desencantados con sus siglas o en la decepción de quienes hace dos años dieron su voto a Compromís o a Unidas Podemos. Lo mismo, pero al revés, en el caso de estos dos últimos: puro canibalismo político. Inquieta en el ámbito socialista y también en Unidas Podemos un factor al que ya hemos aludido en otros textos: la potencial eficacia electoral de una nueva plataforma de izquierdas integrada por Más País de Iñigo Errejón y, en el caso valenciano, Compromís. La experiencia ya se puso a prueba en las generales de 2019 con magros resultados, pero tras el éxito de Más Madrid en el 4-M se vuelve a trabajar en la fórmula con renovado entusiasmo por parte de sus promotores.

En el bloque conservador la situación parece más sencilla: el PP valenciano, bajo el impulso del inédito tándem formado por Carlos Mazón y María José Catalá, y en consonancia con la organización nacional, trabaja en el reagrupamiento del centro derecha autonómico, mediante la absorción de la bolsa de votos de Cs y la reversión de un pequeño porcentaje del que migró a Vox. Las expectativas de victoria alentadas por la demoscopia pueden favorecer dicha reintegración y provocar el efecto “voto útil”.

En esta batalla que ya se libra en los despachos una decisión cobra alta relevancia para medir los tiempos y trazar estrategias: si el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, opta por un adelanto electoral que impida la concurrencia de las elecciones autonómicas con las municipales, como ya sucedió en 2019, o se decanta por agotar la legislatura para hacer coincidir ambos comicios.

En el PP valenciano se da por hecho el adelanto de la cita autonómica, motivo por el cual se aceleró el relevo de Isabel Bonig por Carlos Mazón y la convocatoria del Congreso regional del cual saldrá la nueva dirección que deberá afrontar las futuras campañas electorales.

Enfrascado en coronar con éxito la campaña de vacunación, todo indica que Ximo Puig ha pospuesto esta decisión hasta que la normalidad post pandémica no se instale en la Comunidad Valenciana y se celebren los procesos congresuales socialistas previstos para el próximo otoño. A partir de ese momento, las interpretaciones demoscópicas y el clima social -sujeto a la recuperación económica- inclinarán la balanza de Puig en uno u otro sentido.

“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”, gritaban aquellos indignados del 15-M.