Extremadura, Hungría y el Senado

La publicación del acuerdo entre PP y Vox que permitirá el nacimiento del gobierno autonómico de Extremadura debería ser una razón poderosa para que todas las fuerzas políticas que quieran seguir identificándose con la democracia reflexionen profundamente sobre qué hacer.

La semana pasada ha visto la derrota electoral de Víctor Orbán, los enésimos delirios belicistas de Donald Trump, el choque de este último nada menos que con el Papa León XIV y los consecuentes alejamientos -más discretos o escandalosos- del mandatario estadounidense (y de su ghostwriter, que no es otro que Benjamín Netanyahu) de pesos pesados de la derecha e incluso la ultraderecha europea y global, como en el caso de Giorgia Meloni. Dicho en otras palabras: en los últimos días se ha hecho patente que el partido entre la democracia y su negación, lejos de estar decidido ya, está abierto. Y, con el acuerdo de Extremadura, el PP y Vox están diciendo, como si llevaran un gran fluorescente, que en este mismo partido ellos han decidido situarse claramente en el lado de Trump, Netanyahu y Orbán.

Es una información de interés que deja entrever lo que se juega en las próximas elecciones generales. Sin recorrer a similitudes con el pasado que pueden ser estéticamente seductoras pero poco operativas, es indudable que hoy estamos delante de una disyuntiva clara: o una democracia en la cual se pueden defender posturas diferentes en torno a muchos temas, pero democracia al fin y al cabo, en la que están garantizados los derechos humanos; o sistemas en que incluso se pueden celebrar elecciones, pero en que el poder real lo tendrán las grandes tecnológicas, la justicia estará a favor de quienes mandan y sobre todo, los derechos de todas las personas (y especialmente de las personas migradas) estarán bajo un ataque aterrador.

La buena política es la que sabe decidir en el marco real en que está llamada a operar. En buena medida es lo que hicieron las fuerzas políticas progresistas en Hungría, y el resultado principal -que era derrotar a Orbán-, lo consiguieron con creces. En el caso de España, el marco real -como se ha podido comprobar-, es que una victoria del PP y Vox pondría en serio peligro la democracia reconstruida a partir de la Constitución de 1978. Para frenar este peligro hay que blindar las garantías del sistema, y una de las formas de hacerlo -cómo han recordado ilustres constitucionalistas como Javier Pérez Royo-, es evitar que el Tribunal Constitucional caiga en manos de una mayoría que pueda avalar cambios que legalicen involuciones democráticas. Como la propia constitución nos recuerda, una parte sustantiva -cuatro de doce- de los miembros del Tribunal es elegido por el Senado. Y la ley electoral, mayoritaria, premia claramente a la candidatura ganadora en cada circunscripción. Por aquí se debería empezar: construir candidaturas amplias de unidad democrática para el Senado, que incluyan los partidos comprometidos en defender la sociedad de cualquier posible recorte de libertad y derechos de la ciudadanía. El resultado podría ser efectivo y al mismo tiempo, estimulador de un planteamiento de las relaciones entre los partidos, que, por una vez, se centre en cuestiones nucleares y no en batallas de corto vuelo.