Barcelona endurece las sanciones contra el incivismo y la Guardia Urbana podrá cobrarlas al momento

Barcelona endurece las sanciones contra las conductas incívicas, uno de los problemas que más quebraderos de cabeza han causado a los últimos gobiernos municipales de todos los colores políticos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha superado este jueves el primer trámite para aprobar la nueva ordenanza de civismo antes de final de año. El equipo de Gobierno ha aprobado el nuevo texto -que modificará la ordenanza de 2005- gracias al apoyo de ERC y, en un gesto poco habitual, también el de Junts. La ordenanza ha pasado el trámite de la comisión extraordinaria de seguridad y el texto se llevará a votación en el próximo pleno del 19 de diciembre donde, al contar con el apoyo de las tres fuerzas, quedará aprobada y entrará en funcionamiento el próximo febrero.

El nuevo texto endurece las multas para las conductas incívicas, reduce las bonificaciones por pronto pago y actualiza el listado de conductas sancionables. Además, el equipo de gobierno quiere evitar que -como pasa en la actualidad- un gran número de estas denuncias quede sin pagar por lo que ha iniciado acuerdos con la Generalitat y Gobierno central para que todas las administraciones puedan perseguir las cuentas corrientes de los infractores fuera del área administrativa de Barcelona. También los agentes de la Guardia Urbana dispondrán de un datáfono para cobrar al momento, sobre todo, las denuncias impuestas a turistas.

Entre las novedades del articulado, se encuentran las sanciones a todo aquel que vaya sin camiseta fuera de las zonas de playa o a las despedidas de soltero que exhiban objetos de dudoso gusto (básicamente juguetes imitando genitales) en plena vía pública. La nueva normativa permite, también, sustituir las multas impuestas a las personas vulnerables por medidas alternativas como trabajos en beneficio de la comunidad.

El individuo que sea interceptado hoy por la Guardia Urbana de Barcelona orinando en la vía pública se enfrenta a una multa de 300 euros que se puede quedar en 75 euros si paga rápido acogiéndose a una bonificación del 75% por pronto pago. Cuando la nueva ordenanza entre en vigor en febrero, la multa, dependiendo de donde se realice la micción, será de entre 300 y 750 euros (si la infracción se produce en monumentos o en lugares públicos muy concurridos) y solo se podrá acoger a una bonificación de pronto pago de un máximo del 50%. Con el botellón y los grafitis, la Ley Orgánica de Protección Ciudadana -la bautizada como ley Mordaza- no permite endurecer la sanción de la horquilla de 100 a 600 euros actual aunque con la nueva ordenanza la bonificación será del 50% y no de 75%. La novedad del texto actual es que se obligará a los grafiteros a abonar, además, el coste de la limpieza por lo que además de la multa también pagará la factura de operarios y productos de limpieza.

En cuanto al botellón, el equipo de gobierno ha conseguido añadir una conducta sancionable que es la promoción de rutas etílicas. Ello será castigable con una multa de 1.500 a 3.000 euros o se penalizará a los participantes de los botellones, si hay menores de edad entre ellos, con multas de 750 a 1.500 euros.

También se ha incorporado la obligación de diluir los orines de los perros que hagan sus necesidades en las calles de Barcelona. Quedarán excluidos de esta obligación los propietarios que lleven perros lazarillo. La venta ambulante será castigada con multas de hasta 600 euros (precisamente para los autores de estos actos incívicos el Ayuntamiento está preparando medidas alternativas).

El proyecto de ordenanza ha sido sometido varias fases de información pública y ha recibido más de 200 alegaciones, muchas de ellas de Junts. De hecho, los postconvergentes han influido y conseguido que se aprobaran varias de sus modificaciones hasta el punto que el presidente del grupo, Jordi Martí, ha asegurado este jueves que esta ordenanza “tiene el ADN de Junts”. Martí ha recordado que en 2023 y 2024 solo se han cobrado el 16% de las sanciones impuestas a los autores de conductas incívicas. Marc Serra, de BComú, ha sido el encargado de anunciar el voto contrario de su formación al entender que “solo aporta dureza sin soluciones”. El PP ha reservado su voto y lo hará público en el pleno del 19 de diciembre. La concejal popular Sonia Devesa ha criticado que la ordenanza solo “busca titulares”. La presión de ERC ha permitido incorporar medidas alternativas a la sanción para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y jóvenes. Por su parte, Vox ha votado en contra criticando que la ordenanza sólo busca publicidad.

La ordenanza nace sin tipificar todas las conductas sancionables que el propio gobierno entiende que existen. Así lo ha admitido la comisionada de convivencia, Montserrat Surroca, que ha asegurado que entre las alegaciones “había algunas para tipificar comportamientos relacionados con el consumo de cannábicos en el espacio público”. Según Surroca, introducirla en la ordenanza suponía retrasar su aprobación varios meses para cumplir con los trámites legales. En su lugar, en la ordenanza aparece que en tres meses se aprobará una directriz que permitirá prohibir la figura de los captadores de las asociaciones cannábicas en plena vía pública.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado, en una entrevista en Cataluya Ràdio, la necesidad de aprobar una nueva ordenanza: “Parte de la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que el espacio público es de todos, que la ciudad es nuestra casa, que debemos cuidar de ella, como lo hace el 95% de la gente. Pero, desgraciadamente, hay un 5% de la gente que no tiene esa conciencia y que deben recibir sanciones”, ha dicho. Ha remarcado que “gran parte” de quienes infringen la ordenanza de civismo de la ciudad son turistas y ha cifrado en un millón de euros diarios la inversión del consistorio en limpieza y mantenimiento de la ciudad.