La Generalitat se da dos años para dejar en mínimos el papel en los juzgados

“¿Que para qué queremos el expediente digital?”, se repregunta un juez en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet, “pues para entrar en el siglo XXI”. Ese expediente digital del que habla es algo equivalente a la extinción del papel en los procesos judiciales, similar también a la carpeta virtual que desde hace años funciona en la sanidad pública y que permite que cualquier profesional pueda visualizar todo el expediente médico de un paciente. En un momento en el que la Generalitat trata de poner en marcha un plan de modernización administrativa que incluye el uso de la inteligencia artificial, los auxiliares de los tribunales de justicia todavía empujan sus carritos con voluminosas carpetas de papel. En las dependencias de los tribunales de lo penal, jueces y fiscales parecen pilotos de avión arrastrando mochilas de ruedas cargadas de esos mismos expedientes para poder seguir trabajando en casa y los archivos de la Justicia están a rebosar de papel, con las fotocopiadoras escupiendo papel a todo trapo.

Una joven fiscal explica que hace poco le asaltó el miedo de que le robaran la mochila con las carpetillas que tenía que revisar y todos sus datos confidenciales. En el futuro, toda esa información estará en la nube y su acceso, de no ser por el riesgo de los ciberataques, estará a buen recaudo y accesible desde un ordenador autorizado. Ese siglo XXI al que se refiere el magistrado, según las previsiones del Departamento de Justicia, empieza en 2027, cuando el Govern quiere acabar de poner en marcha un nuevo sistema (llamado EJCat+) que empiece a poner en vereda el papel en los tribunales. Los casos ya iniciados sobre formato físico seguirán así hasta que acaben resueltos y puedan ser destruidos, pero los nuevos solo tendrán una vía de desarrollo: la digital. Se acabarán las fotocopias, las notificaciones vía fax, la entrega de atestados policiales en mano, los sumarios atestados de papel que, en algunos casos, son copias y copias del mismo documento original... Y la incongruencia de que los abogados tengan que presentar sus escritos por vía telemática para que, después, los funcionarios judiciales deban imprimirlos para introducirlos en sus respectivos expedientes de papel.

El proceso para extinguir el papel en los juzgados no es nuevo. Se puso en marcha en 2012, pero no será hasta 15 años después que se complete su radio de acción hasta el conjunto de los tribunales. Empezó por los juzgados de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso-administrativo. A partir de ahora llegará a las salas de lo penal, que concentran la mitad de los asuntos tratados en Cataluña, donde se han hecho pruebas piloto en un tribunal y en una sección de la Audiencia de Barcelona y desde hace unas semanas se ha llevado ese banco de pruebas a Tarragona, probando la interconexión entre diferentes salas. Ese EJCAT+ que está en ciernes es un programa de nuevo cuño, modulable, y que promete mayores prestaciones y adaptabilidad que el que funciona ahora en el resto de jurisdicciones y que se llama igual, pero sin ese “+”.

“No solo se trata de un expediente electrónico, es todo un cambio de organización”, dice Montserrat Reverter, directora general para el Servicio Público de Justicia. Entusiasta con un proyecto financiado por la Unión Europea, admite la complejidad de la aventura en un ámbito, el penal, que tiene diferencias evidentes con el resto de jurisdicciones: la apertura de casos depende de decenas de supuestos y agentes diferentes (comisarías, centros médicos, trabajadores sociales y muchos más) y todos ellos deben estar incorporados de forma segura en el procedimiento. La dificultad máxima es esa: conseguir un sistema fiable y seguro que responda a la necesidad de esa permeabilidad. Por ello, dice Reverter, “el sistema requiere de acompañamiento, de la aplicación de todos los que participan”. Después, cree, el sistema ayudará a descongestionar el sistema de la justicia.

Fuentes de la Fiscalía de Cataluña no ven eso tan claro. Una cosa es el colapso judicial por la falta de jueces y otro las ayudas técnicas. Pero sí consideran que hay que hacer un paso adelante para, al menos, agilizar el trabajo de fiscales y el resto de agentes judiciales. Y llegar, otra vez, a ese siglo XXI del que hablaba el juez. Como sucede también en la Agencia Tributaria, donde el papel ha desaparecido o es mínimo. Los 12 años de experiencia de digitalización de la justicia no dejan tan claro ese camino final. El papel nunca ha dejado de existir. Según los datos del Departamento de Justicia, en los tribunales civiles, el papel se ha reducido un 61%; en los del contencioso, un 72%; y en los de los social, un 56%. Hoy, los expedientes custodiados por el Departamento de Justicia cubrirían una distancia de 331 kilómetros.

“Fuera de Cataluña el expediente digital ya funciona”, afirma en lo que podría ser una queja Clara Martínez, presidenta de la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona. En su opinión, sin embargo, hay expedientes digitales y expedientes digitales. Porque cada comunidad autónoma aplica el suyo y hay algunos que son poco útiles, como los que incorporan cada elemento del expediente en un documento distinto, lo que acaba siendo una mezcolanza de archivos en los que uno pierde más que encuentra. En otros, como en el País Vasco, todos los nuevos documentos se añaden a un documento conjunto. “Yo pediría que todos tuviéramos el mismo sistema, la verdad, y que el expediente incluyera un índice de documentación bien hecho”, dice una mujer que se ha acostumbrado a trabajar con su tableta, pese a que en Cataluña ese expediente digital no funciona. Quizás, lo que más le molesta del sistema que quiere introducir la Generalitat es que no se haya consultado a los abogados cómo debería funcionar.