Los sindicatos de Alstom se movilizan para evitar que el veto a Israel del Ayuntamiento impida la fabricación de trenes del metro de Barcelona

La exclusión de Alstom en el concurso para la fabricación de 39 trenes del Metro de Barcelona amenaza con abrir un conflicto político, empresarial y sindical endiablado. El concurso, anunciado en junio por el president Salvador Illa para celebrar el centenario del metro de Barcelona, prevé una inversión de 331 millones de euros, y el gigante francés Alstom era una de las compañías favoritas para ganarlo, dada su experiencia en procesos anteriores y su planta de Santa Perpètua de la Mogoda. Pero la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de romper relaciones con Israel y de dejar de contratar a empresas proisraelíes en protesta contra la guerra de Gaza ha excluido de momento la participación de Alstom en el concurso, tal como avanzó EL PAÍS. Los sindicatos intentan maniobrar ahora para revertir el problema, asegurando que todo se trata de un error.

Alstom figura en una lista elaborada en 2023 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la que aparecen 97 empresas que han operado en asentamientos israelíes, y el Ayuntamiento se basa en esta lista para imponer el veto. Los sindicatos se han reunido este jueves con los grupos políticos en el Parlament y con el Consistorio para pedir que se revise la lista, ya que aseguran que contiene información errónea y que su participación en el concurso no debería ser excluida.

“Como sindicato nos posicionamos claramente en contra del genocidio de Gaza, y creemos que hay que ponerle tantas trabas como sea posible. Si es verdad que Alstom trabaja ahí no podemos decir nada, pero la empresa nos asegura que no es así. Por eso pedimos que se revise la lista”, explica Mario Pariente, secretario general de CC OO en Alstom. Desde que se conoció la exclusión, la multinacional ha explicado sí habían estado en la lista de ACNUDH por la participación de una filial israelí en el mantenimiento de una línea de tranvía, pero que ya no existen vínculos con los territorios ocupados y por lo tanto tiene que ser retirada de la lista.

La decisión sobre el concurso la tiene Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), cuya presidenta es la primera teniente de alcalde, Laia Bonet. En la licitación se aplica la instrucción de la Gerencia Municipal de 6 de junio de 2025, que impide contratar a empresas que figuren en la lista de ACNUDH, porque el 25% de la financiación para la compra de estos trenes corresponde al Ayuntamiento de Barcelona (el 51% es de la Generalitat y el 24% restante, del Área Metropolitana de Barcelona).

CC OO y UGT han enviado un comunicado conjunto en el que expresan su “preocupación por el futuro de la ocupación y la industria ferroviaria” en Cataluña. En este comunicado, los representantes de los trabajadores resaltan su “compromiso con los derechos humanos” y el “rechazo al genocidio contra el pueblo palestino”. También se muestran de acuerdo “y sin matices” con la prohibición en la contratación pública “de empresas que colaboren con el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina”. Pero al mismo tiempo, consideran que las administraciones públicas tienen que certificar “con rigor” qué empresas tienen actividad actualmente en los territorios ocupados. “La defensa de los derechos humanos y la defensa de la ocupación en Cataluña tienen que ir de la mano. Para ello, el mejor camino es garantizar el rigor de las decisiones que se toman”, señala la nota.

Según explica Pariente, Alstom figura erróneamente en este listado, porque asegura que, si bien la empresa ha tenido en el pasado relación con obras ferroviarias en Israel, no las tiene en la actualidad. “Nos parece injusto que nos veten cuando la empresa nos confirma que no es verdad que trabajemos en territorios ocupados”, señala. Con las reuniones con los partidos políticos y con el Consistorio, los sindicatos han abierto una vía de diálogo para impedir la exclusión del concurso, mientras que la multinacional francesa ya ha impugnado en los tribunales este veto con el mismo argumento: que la lista de la ONU no está actualizada y es errónea.

Fuentes del Ayuntamiento explican que para la licitación hay que esperar a la resolución del recurso presentado por la empresa. En cualquier caso, recuerdan que además de la verificación de la lista de la ACNUDH, los pliegos incluyen la obligación de que “las empresas que opten a toda adjudicación con financiación municipal tendrán que firmar una declaración responsable en relación con el cumplimiento del derecho internacional”.

La fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda emplea a 1.100 personas directamente, pero el alcance indirecto de esta planta en Cataluña es de unas 3.500 personas. Esta fábrica, explica Pariente, depende en un 70% de la demanda de proximidad: los municipios, las Comunidades Autónomas y el Estado, y cualquier contrato público es una oportunidad para mantener el negocio. “La década pasada fue muy dura, solo tuvimos 15 expedientes entre 2010 y 2015. Ahora hay inversión pública, hemos hecho metros, tranvías... pero estos encargos tardan dos o tres años desde que se anuncian”, explica el sindicalista. El temor de los trabajadores no es solo que la empresa pierda la oportunidad de optar a este concurso, sino que en el futuro ocurra lo mismo con nuevos concursos. “En el fondo estamos todos de acuerdo contra el genocidio, pero pedimos que se cercioren bien de que la lista es correcta”, apunta.