Gobierno y Generalitat alinean su discurso para intentar sofocar la crisis de Rodalies en Cataluña

La misma frase sonó casi a la misma hora a centenares de kilómetros. “No se puede invertir más en el servicio de Rodalies sin afectar el servicio diario”. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendieron con la misma idea desde el Parlament y el Congreso de los Diputados su gestión ante la crisis vivida en los últimos días en el servicio de Cercanías en Cataluña. Tras escenas casi diarias de pasajeros desalojados caminando por las vías o abarrotadas en las estaciones ante los retrasos y cancelaciones, los Gobiernos central y autonómico cierran filas para sortear la primera gran crisis a la que se enfrenta el Ejecutivo de Illa y que reaviva una de las cuestiones que más dispara el hartazgo ciudadano.

A ninguna de las dos Administraciones se le olvida que, en 2007, la crisis del servicio de Cercanías por las obras del AVE sacó a muchos catalanes a la calle a protestar, hizo crecer la insatisfacción hacia la política y fue una de las semillas del procés ante lo que se percibió socialmente como un abandono por parte del Estado. De ahí que ante la gravedad de las últimas incidencias, derivadas en parte por el gran número de obras que se están ejecutando para actualizar el estado de la red, se quisiera mostrar celeridad en la atención. “Resolver Rodalies no será fácil, pero lo resolveremos”, dijo el president este miércoles en la sesión de control del Parlament. Puente, que respondió el miércoles una respuesta de Junts en el Congreso y, el martes, otras dos en el Senado, aceptó que “el gran volumen de inversiones” que están realizando es “difícil de compatibilizar con la prestación del servicio”.

Junto al problema de acceso a la vivienda, el Govern ubica la mejora de la movilidad ferroviaria como uno de los principales retos de la legislatura. Illa, como ya había hecho el martes la titular de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró que existe margen en la mejora del servicio aunque también hizo un cierto llamamiento a tener paciencia durante los próximos dos años, que será el tiempo en que se ejecuten la mayoría de las obras contenidas en el plan que en la pasada legislatura pactó el entonces Ejecutivo de ERC con el Gobierno.

Tras años de dejadez en el mantenimiento de la estructura ferroviaria, que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, cifró el año pasado en 10.000 millones de euros durante 14 años, el Ministerio de Transportes pretende revertir las deficiencias. El despacho de Puente, según ha explicado él mismo, prevé una inyección de 5.600 millones hasta 2030, de los que ya se han ejecutado 2.000 millones. La Generalitat también contempla una cuarentena de medidas urgentes para mejorar los dos próximos cursos la seguridad, las infraestructuras y la comunicación por un valor de casi 80 millones de euros. Y es en ese contexto de reformas previstas que los líderes socialistas se defienden de las críticas de inacción y de falta de explicaciones a la ciudadanía.

“La mayor parte de los problemas los tenemos precisamente porque estamos en ejecución de obras”, justificó el ministro Óscar Puente. “Es un récord absoluto. No podemos hacer más”. El ministro respondió así en el Congreso una pregunta del diputado Isidre Gavin (Junts), que vinculó las últimas incidencias ferroviarias con la falta de inversión del Estado y que señaló que infraestructuras que dependen del Estado en Cataluña están en “fallo técnico permanente”. Puente rechazó que exista un “abandono” e insistió que el actual volumen de inversiones “es muy difícil de compatibilizar” con la prestación del servicio. Según los cálculos de Junts, del Plan Zapatero (4.000 millones de euros a invertir entre 2008 y 2015) solo se ejecutó el 14%. Y del de Rajoy (4.200 millones 2017-2025), solo el 6,2%.

La crisis en el servicio de las Cercanías catalanas no estuvo exenta de la pelea partidista. Algo que ocurrió también en paralelo en ambas Cámaras. En el Parlament, los socios de investidura de Illa, ERC y Comuns, junto con los votos de la CUP, evitaron que se viera obligado a comparecer en el pleno para abordar la situación, como quería forzar Junts per Catalunya. Eso si, todos le urgieron a revertir la sensación de caos estructural. “Un día es la catenaria, un día es un rayo que solo se ve desde un despacho de Madrid”, ironizó Josep María Jové, jefe de filas republicano, en referencia al amplio catálogo de causas de las incidencias. “Se necesita un liderazgo que haga asumir responsabilidades ante la incapacidad manifiesta de sus compañeros en Madrid. Garantice las inversiones y acelere el traspaso [de Rodalies]”, pidió Jové.

En Madrid, Gavín acusó a ERC de brindar “ayuda inestimable” a los socialistas para mantener el caos en Rodalies. El jefe de filas republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, le replicó asegurando que es un “miserable y mentiroso” y recordándole todos los años en que estuvo como secretario de Infraestructuras y Movilidad del Ejecutivo. ERC ha pedido oficialmente la comparecencia de Puente en el Congreso y la de Paneque en el Parlament. “Estamos al lado de las soluciones, no del ruido”, justificó la portavoz republicana en la Cámara catalana, Ester Capella, al defender que es más útil que se den explicaciones en un pleno monográfico -que se realizará el día 25- que una forzada comparecencia de Illa. “Requerimos recursos y un calendario cuándo los trenes dejarán de ser una tartana”, pidió por su parte la líder de Comuns, Jéssica Albiach.

El president explicó que se trabaja en tres frentes para mejorar la red. La primera, inversiones en infraestructuras viarias (“desatendida hasta la segunda década de este siglo”, aseguró Illa), la compra de 110 nuevos trenes que comenzarán a circular en enero próximo y un nuevo modelo de gobernanza, en referencia a la creación de una empresa mixta para gestionar el servicio. Algunos trabajadores del actual operador del servicio, Renfe, ya han anunciado varias jornadas de huelga y paros parciales a partir del próximo 17 de marzo para protestar contra la creación de esa filial que se bendijo en la anterior reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y que habían pactado inicialmente el PSOE y ERC a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Los servicios mínimos pactados en Cataluña fluctúan entre el 33% en horas valle y el 66% en horas punta.

En 2010, la Generalitat recibió la potestad de gestionar, regular y planificar el servicio de las Cercanías catalanas. Ese control limitado a los precios y los horarios se quedó muy lejos del traspaso de infraestructura y gobernanza que establece el Estatut y que desde siempre ha sido reivindicado por las formaciones independentistas. Junts per Cataunya y Esquerra aseguran que, una vez en manos de la Generalitat, la calidad en el servicio mejoraría de manera evidente y siempre se reflejan en la efectividad de Ferrocarrils, que sí opera el Govern. El traspaso ahora en negociación avanza con lentitud y, de momento, se trabaja en la constitución de la nueva empresa mixta -donde la Generalitat tendrá el voto de calidad pero habrá límites en decisiones que afecten el interés general- y la primera línea en entregarse de manera efectiva será la R1.