Un juez recibe miles de documentos sobre posibles irregularidades en el voto por correo de ‘mossos’

El juzgado de Barcelona, que investiga presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de los Mossos d’Esquadra de 2019, ha recibido una ingente documentación que, según los denunciantes, constituye un indicio sólido de que hubo fraude. A escasos días de una nueva contienda electoral esta misma semana, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha remitido al juez 7.000 papeles. Entre esa documentación figuran miles de “votos remitidos desde las oficinas de Correos” a la mesa electoral. Según los denunciantes, el sindicato ganador ese año, SAP-FEPOL, envió los votos en nombre de los mossos, afiliados suyos, algo prohibido por la normativa interna. Este sindicato niega de plano las acusaciones y las atribuye a la inminente contienda electoral.

Las elecciones sindicales de Mossos han sido, históricamente, objeto de disputa. Las organizaciones se juegan un número determinado de sillas en el Consejo de la Policía, el órgano representación que media en los conflictos laborales entre la Generalitat y los funcionarios. El resultado también determina los recursos humanos y materiales de los que dispondrán. Las acusaciones de fraude contra SAP-FEPOL, mayoritario, se repiten elección tras elección, pero adquirieron más fuerza tras la última convocatoria, en marzo de 2019. Este sindicato quedó en tercera posición en voto presencial (26%) y, sin embargo, dio el salto a la primera posición cuando se contabilizó el voto por correo, donde acaparó el 76% de los sufragios.

Ese giro en los resultados provocó la reacción airada de sus competidores, que acusaron al ganador de haber tramitado, en nombre de cientos de mossos, los formularios para votar a distancia. El decreto que regula los comicios establece que el voto por correo ha de solicitarse personalmente, mediante la exhibición del DNI o el TIP (el número de identificación de los policías) y que la administración ha de comprobar que la firma de la solicitud (matriz y resguardo) coincide con la que aparece en la documentación.

USPAC optó por la vía penal, pero el juez concluyó que no había indicios suficientes de un delito de falsedad documental. En su resolución, sin embargo, concluyó el magistrado que esos votos “no se ajustaron a derecho” y que los resultados debían “en todo caso ser anulados en la vía contenciosa”. Y a ella recurrieron entonces los sindicatos (USPAC, pero también SPC, SME y CAT), que presentaron una demanda por vulneración de derechos fundamentales. La demanda solicitaba eliminar del cómputo el voto por correo porque fue “realizada por personas que no eran los verdaderos electores, sino los delegados sindicales”, y solicitaba el reconocimiento de daños y perjuicios.

La demanda recayó en el juzgado de lo contencioso-administrativo 11 de Barcelona, que la mantiene abierta. Javier Aranda, abogado del SPC, ha hecho llegar al juzgado los 7.000 documentos que han aparecido de forma sorpresiva y ha reclamado la declaración, como testigos, de dos responsables del SAP. Los papeles, que ha podido consultar este diario, son certificados de correos en los que aparece, como remitente, el nombre de un mosso y, como destinatario, la mesa electoral coordinadora, situada en la comisaría de Les Corts de Barcelona. Las firmas de distintos mossos son idénticas en muchos casos. Los nombres que aparecen, han explicado distintas fuentes, corresponden a afiliados de SAP-FEPOL.

El sindicato mayoritario niega las acusaciones de fraude, recuerda que la vía penal se archivó y critica que el Sindicat de Policies de Catalunya “ha esperado a reabrir el tema justo en periodo electoral”, según la portavoz SAP-FEPOL, Imma Viudes. El sindicato confía en que el asunto contencioso acabará archivado. “Lo que pretende SPC es desviar la atención porque no tiene ni programa electoral. Estas denuncias desmovilizan al colectivo”, agrega la portavoz, que llama a “la participación masiva de los mossos”, que están llamados a las urnas jueves y viernes. Como consecuencia de las impugnaciones de 2019, la Administración suprimió el voto por correo e instauró un nuevo sistema de voto telemático.