Padrón: un derecho y una obligación

El padrón es un registro administrativo de los vecinos y vecinas de un municipio. La ley establece que toda persona que viva en este país está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Se trata de un derecho y un deber de todas las personas que residen en el territorio español. La legislación también marca que un ayuntamiento debe empadronar a todas las personas que viven en ese municipio, sin importar su situación administrativa o habitacional, incluyendo a las personas sin hogar.

La inscripción en el padrón es, por tanto, clave para acceder a otros derechos fundamentales y servicios esenciales, como, por ejemplo, acceso a la atención sanitaria, a la educación, a los servicios sociales, para solicitar la regularización o permisos de residencia y trabajo, entre otros. No tener acceso al padrón significa, además, no poder desarrollar una vida diaria normal, como abrir una cuenta bancaria o contratar un servicio telefónico y un sinfín de trámites más.

Sin embargo, a pesar de ello, muchos ayuntamientos están poniendo dificultades al empadronamiento de personas migrantes en situación administrativa, especialmente, utilizándolo como una herramienta de control migratorio.

Este trámite es especialmente importante para las personas en situación administrativa irregular, ya que su regulación depende, en gran parte, de que puedan demostrar que llevan tiempo viviendo en España. No tener acceso al padrón se convierte en una herramienta de discriminación, violencia y desigualdad para miles de personas, abocándolas a la marginación y a la exclusión. Por ello, hay que denunciar estas trabas que algunos ayuntamientos ponen para empadronarse a personas en situación administrativa irregular y exigir que cumplan la ley. No hacerlo es declararles invisibles y exponerlas a una situación aun de mayor vulneración de derechos.

También en Cataluña, algunos consistorios están poniendo obstáculos para acceder al padrón, como alertan desde la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) para exigir que se garantice el empadronamiento a todas las personas que residen en los municipios catalanes, poniendo énfasis en la necesidad de llevar a cabo políticas de empadronamiento activas y transparentes; y, recordándonos que el padrón es un registro que certifica que la persona reside en el municipio y no es un elemento represivo ni un instrumento para comprobar la situación administrativa, las condiciones en las que vive, ni constatar si la vivienda o lugar donde pernocta es adecuada o no.

Más complicada es aún la situación de las personas migrantes en situación irregular y no empadronadas afectadas por la DANA, ya que no podrán acceder a las ayudas anunciadas. El Gobierno y las distintas administraciones públicas deben tomar en consideración a estas personas en situación de máxima vulnerabilidad a la hora de diseñar nuevas medidas.

María José Gascón es la responsable de política migratoria en Oxfam Intermón