Albiol, absuelto de prevaricación por unas antenas de telefonía ilegales en Badalona

La Audiencia de Barcelona ha absuelto este viernes al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del delito de prevaricación que le atribuía la Fiscalía por la instalación ilegal de dos antenas de telefonía en el municipio. Según la tesis del ministerio público, en su primera etapa como edil, en 2012, Albiol toleró la existencia de dos aparatos que operaban sin licencia en terrenos de la comisaría de policía local. La sentencia, sin embargo, considera que no hay prueba alguna de que el alcalde del PP, que gobierna con mayoría absoluta, conociera la ilegalidad de las antenas, que se colocaron para dar servicio a barrios en los que había vacíos de cobertura móvil.

Albiol sale así airoso de su segunda contienda judicial y de la mano del mismo abogado, el penalista Cristóbal Martell. El alcalde fue juzgado y absuelto en 2013 por un delito de odio por repartir panfletos xenófobos contra la comunidad de gitanos rumanos que vive en Badalona mientras era jefe de la oposición. El delito que se le atribuía esta vez era el de prevaricación. La Fiscalía solicitaba para él una pena de dos años y diez meses de cárcel y, lo que es más relevante en su caso, una pena de diez años de inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público. En el hipotético caso de una condena en firme, Albiol habría tenido que dejar la alcaldía. Está por ver ahora si la Fiscalía recurre la sentencia, que no es firme.

Hace apenas un mes, Albiol y otros cinco exconcejales y excargos de la administración se sentaron en el banquillo de los acusados por el asunto de las antenas. Todos ellos han sido ahora absueltos por falta de pruebas. La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona considera que no existen indicios suficientes de que el alcalde, en particular, conociera la situación administrativa de una instalación que Movistar y Vodafone utilizaron hasta 2018 sin pagar el correspondiente canon municipal. En su declaración en el juicio, Albiol proclamó su inocencia, se desvinculó de cualquier gestión con el asunto y afirmó que supo de la falta de licencias por la prensa. Las declaraciones de los testigos también le han ayudado. Un agente de un sindicato de la Guardia Urbana afirmó que la plantilla mantuvo una reunión con Albiol en 2023 (meses después de la instalación) en la que mencionaron el problema de las antenas. Pero no desde el punto de vista de las licencias, sino del supuesto (y falso) riesgo que podían entrañar para la salud de los agentes de policía.

“No existe prueba o indicio”, precisa la sentencia, de que Albiol “conociese siquiera el propósito de instalar las antenas”, y menos aún de que las autorizase. “Tampoco consta que llegara a conocer nunca la ilegalidad de la instalación”, porque sencillamente la información no le llegó. La resolución señala que el alcalde no podría haber actuado de otro modo, ya que no podía pensar que las antenas se encontraban en situación irregular. “Sería absurdo pensar que el alcalde de una ciudad como Badalona ha de comprobar la legalidad de todo aquello sobre lo que se le hace algún comentario en el que no se cuestione la legalidad”, subrayan los magistrados.

La sentencia descarta asimismo que los otros cinco acusados cometieran los delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y prevaricación ambiental que les atribuía el fiscal. Algunos de ellos sí conocieron en detalle el proceso de instalación de las antenas para cubrir, con urgencia, una carencia de cobertura en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, trataron de regularizar la situación. El panorama se complicó todavía más con el cambio de gobierno en 2015: algunos de los concejales y responsables públicos acusados pertenecen a esa segunda etapa, en la que Albiol ya no estaba al frente de la alcaldía y gobernaba la ciudad una coalición de izquierdas. Los intentos por poner orden en las antenas resultaron infructuosos y, finalmente, las compañías decidieron retirarlas de forma voluntaria en 2018.