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La Generalitat acumula 7.000 expedientes de arraigo de extranjeros por resolver

La consejera Derechos Sociales, Mònica Martínez, alerta en una entrevista en Ser Catalunya contra la “narrativa que criminaliza a los inmigrantes”

Extranjeros pendientes de trámites en la comisaría de la Policía en la calle Guadalajara, en Barcelona.
Extranjeros pendientes de trámites en la comisaría de la Policía en la calle Guadalajara, en Barcelona.Gianluca Battista
El País

El Gobierno catalán tiene sobre la mesa más de 7.000 expedientes sobre el arraigo de personas extranjeras sin resolver. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado este jueves, en una entrevista en Ser Catalunya, que el ejecutivo ha puesto en marcha un “plan de choque” para agilizar esos trámites, fundamentales para que las personas inmigrantes puedan acceder a los permisos de residencia y trabajo. “Queremos hacer limpio y ponernos al día en un trámite que depende de la Generalitat”, ha dicho Martínez a propósito de las trabas burocráticas con las que topan a menudo los extranjeros en un asunto en el que tienen competencias todos los niveles de la administración.

En una entrevista conjunta con el consejero de Empresa en Aquí Catalunya, Miquel Sàmper, en el marco de una programación especial de la emisora (Immigrants imprescindibles), Martínez ha alertado contra los intentos de la extrema derecha de torpedear la convivencia. “Nos empujan a no destinar ni un euro a los planes de acogida, y si eso ocurre es cuando surgen los problemas”, ha dicho la consejera, que ha pedido abordar la inmigración con “rigor” y con la necesidad de “dar herramientas para que todo el mundo se integre”. “Queremos un país próspero, pero de una prosperidad compartida”. Martínez ha afirmado que “no hay que negar los retos” que plantea el fenómeno, pero ha pedido evitar la “narrativa que criminaliza a la población inmigrante”.

La serie de reportajes emitidos por Ser Catalunya aborda, entre otras cosas, la importancia de los extranjeros en la economía productiva catalana y española, un asunto al que también se ha referido Sàmper. “La ocupación que tenemos en Cataluña no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido la población venida de otros países”. Consciente de que una parte de los extranjeros trabajan en la economía sumergida o en condiciones de mayor precariedad, el consejero de Empresa ha apostado por que cualquier persona, independientemente de su origen, “tenga los mismos derechos y obligaciones”. “Hay que poner todos los servicios posibles a disposición de esas personas para insertarlas en el mercado laboral”.

Mònica Martínez, en la presentación del Govern.
Mònica Martínez, en la presentación del Govern.Massimiliano Minocri

Sàmper se ha referido, como Martínez, al papel nocivo de la extrema derecha en la percepción que tiene la población sobre los inmigrantes. “A diferencia de otros bloques, nosotros queremos preservar el Estado del Bienestar. Y eso implica prestaciones”, ha asegurado el consejero. Preguntado sobre la falta de personal en algunos sectores como la hostelería, ocupados mayoritariamente por extranjeros, Sàmper ha admitido que la Generalitat no tiene “cuantificados cuántos trabajadores se necesitan” en Cataluña, pero ha pedido la modificación de algunos convenios colectivos para mejorar las condiciones de los empleados.

La presencia de miles de menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias también ha sido objeto de debate en la entrevista conjunta. Martínez ha lamentado la falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, que ha atribuido al bloqueo del PP, para repartir a esos menores entre las comunidades autónomas. La consejera ha rechazado, sin embargo, que Cataluña se postule para acogerlos de forma voluntaria. “Estamos trabajando para que haya acuerdos para distribuir a los menores de forma acordada. Pero en Cataluña ya acogemos a un gran volumen de migrantes jóvenes solos, que llegan por otras vías. Tenemos a unos 2.500 menores no acompañados y a otros 1.500 extutelados”, personas en este último caso que ya son mayores de edad pero que, en el caso de la Generalitat, siguen recibiendo el apoyo de la administración.

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