La prórroga presupuestaria en Cataluña obliga a frenar la ley de barrios y parte de la inversión en vivienda

El Govern de Salvador Illa ha vivido este martes una jornada delicada al tener, por un lado, que rectificar su polémico anuncio de que iba a eliminar las literaturas como asignaturas obligatorias en Bachillerato, y por el otro, a prorrogar los presupuestos. Las dos decisiones insinúan la debilidad de un Ejecutivo en minoría, que está en manos de ERC y los comunes, sus socios de investidura. Las dos fuerzas de izquierda han pedido la comparecencia de la consejera de Educación, Esther Niubó mientras el propio Illa lo hará este miércoles en el Parlament para dar cuenta de la polémica sobre la entrada de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el sistema de emergencias 112. El Govern ha aprobado hoy la prórroga de las cuentas, que implican, por ejemplo, no dotar de partidas a la ley de barrios y parte de la inversión en vivienda.

La consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha reiterado que el objetivo del Govern era tener los presupuestos el 1 de enero y que esta prórroga, en cualquier caso, no impide que puedan seguir trabajando y aprobando acuerdos. De hecho, el Ejecutivo aprobará este lunes, en su última reunión de este 2024, el plan del Govern para este mandato que explicará después en una comparecencia el president Illa. “Esta prórroga nos permite no perder ni un segundo en desplegar las politicas que queremos”, ha afirmado. De momento, el Ejecutivo no tiene previsto reunirse con la nueva dirección de ERC para impulsar las negociaciones que en principio arrancarán después de Navidad.

La prórroga, que implica disponer por el momento de 5.000 millones de euros menos, se despliega en dos decretos: uno técnico y otro de necesidades financieras que precisa la convalidación del Parlament. Este último texto contempla, por ejemplo, la amnistía para 30.000 personas que recibieron por error una subvención mayor de la que les correspondía de la Renta Garantizada de Ciudadanía. El texto incluye también el aumento del 3% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) hasta 778,49 euros al mes. La medida afecta a 237.000 personas y supone una inversión de 27 millones.

La medida forzosa de la prórroga da continuidad a gastos previstos en los presupuestos de 2023 -los últimos aprobados- pero no así a los proyectos aún no cuantificados. Es el caso de la ley de barrios -de inversiones en distritos deprimidos- o de la inversión que el Govern prevé en vivienda. El proyecto estrella de Illa es invertir en este mandato 4.400 millones de euros en cinco años y construir 50.000 pisos. De los 1.100 millones que el Ejecutivo planea destinar a ese capitulo este año, tiene garantizados 250 (prorrogados); 500 millones del Institut Català de Finances y 100 para fondo del alquiler. Queda una partida de 250 que está en el aire. Otra de las medidas es la variante entre Les Preses y Olot, debatida la semana pasada en el Parlament, y que quedará en suspenso.

Con pies de plomo, el Govern ha intentado no meter prisa a ERC, que sale de un turbulento congreso, y ya da por hecho que las negociaciones no empezarán hasta después de Navidad. “ [En ERC] Requieren un tiempo para organizarse”, ha señalado la consejera, que ha insistido que el Govern cumple y cumplirá los acuerdos de los pactos de investidura. “¿El horizonte? Cataluña necesita recursos y hasta que no lleguen vamos a ir acuerdo a acuerdo. No esperaremos: tomaremos las decisiones y las dotamos de partidas como los 12 millones para mejoras de equipamientos educativos o los 12 para transporte interurbano. O el proyecto de ley de la ley de amianto”, ha afirmado la consejera.

La mesa del Parlament ha aplazado la votación de la ley de la nueva fiscalidad del proyecto del Hard Rock, contemplada en los pactos de investidura entre el PSC y ERC y los comunes. La decisión se ha adoptado al elevar Junts una petición de un informe al Consejo de Garantías Estatutarias. El PSC se abstuvo la semana pasada en una moción del PP a favor del centro recreativo. Paneque no ha querido decir cual es la posición del Ejecutivo y si está a favor o en contra del proyecto. ”En el territorio lo ven interesante. Tenemos que acabar la tramitacion. Esa es la opinión como Govern”, ha apuntado la consejera que ha dicho que no impulsar el Plan Director Urbanístico sería prevaricación. “Es prematuro hablar de compensacion”, ha sostenido sobre si negocian con los promotores por si desestiman el proyecto. “Lo que hacemos del departamento es finalizar el paln director y ejecutar el acuerdo de investidura”.