El CNI evita informar al Congreso sobre los atentados de Barcelona porque el Gobierno no ha “desclasificado” los papeles

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha evitado remitir al Congreso de los Diputados la información que obra en su poder sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y, en particular, su relación con el presunto cerebro de los ataques, el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty. En la respuesta de 57 páginas remitida a la comisión de investigación de los atentados ―exigencia de los grupos independentistas catalanes para brindar su apoyo a Pedro Sánchez―, el Ministerio de Defensa concreta que el CNI no puede informar de sus actividades por su carácter secreto. Solamente podrá hacerlo, agrega, si el Consejo de Ministros desclasifica los papeles relativos a la masacre yihadista, tal como el ejecutivo se comprometió a hacer.

La comisión de investigación sobre los hechos del 17-A arranca este martes en el Congreso precisamente con las comparecencias del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y del exjefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera. Los diputados esperaban los documentos que iban a remitir los servicios de inteligencia para preparar sus preguntas, pero, al menos por ahora, no van a disponer de esa información.

En su respuesta, a la que ha accedido EL PAÍS, Defensa recuerda que, según la ley que regula el funcionamiento del CNI, sus actuaciones “constituyen información reservada con el grado de secreto”. Y añade que el control parlamentario de la actividad del organismo corresponde a la comisión que controla los créditos destinados a fondos reservados. “En tanto el Consejo de Ministros no proceda a la desclasificación de la documentación que pudiera existir, el Congreso solo podrá ser informados por los mecanismos previstos”. El ministerio que dirige Margarita Robles recuerda que, en la anterior legislatura, ya compareció ante los diputados el director del CNI “para explicar si ha existido relación alguna entre dicho centro y Abdelbaki Es Satty”.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno mostró su disposición a desclasificar los documentos del CNI sobre unos atentados que, el 17 de agosto de 2017, dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. La puesta a disposición de esos documentos fue una de las condiciones exigidas por Junts per Catalunya para reactivar una comisión que llevaba meses paralizada. “No hay nada que esconder, el ejecutivo es partidario de la transparencia”, señalaron entonces fuentes de Defensa. Corresponde al Consejo de Ministros proceder a la desclasificación, algo que por ahora, y a la vista de la respuesta oficial, no se ha producido. Consultada por este diario, una portavoz del Gobierno ha asegurado que mantiene la voluntad de entregar la documentación, pero que hay cuestiones técnicas (como los cauces por los que debe solicitarse) que han imposibilitado hacerlo en el arranque de la comisión.

Según el plan de trabajo pactado entre el PSOE y los grupos independentistas, el CNI iba a informar de las visitas al imán de Ripoll durante su estancia en la cárcel de Castellón para cumplir una condena por tráfico de drogas. Años antes de los atentados, Es Satty recibió visitas de guardias civiles y de personal de inteligencia que, supuestamente, pretendían captarle como confidente.

La comisión de investigación pretende arrojar luz sobre aspectos que, a juicio sobre todo de los independentistas catalanes, no quedaron claros en la investigación judicial impulsada por la Audiencia Nacional, y que culminó con severas condenas a tres miembros de la célula. Junts per Catalunya ha lanzado desde el principio sospechas, sin pruebas, sobre el papel del Estado en la génesis de los atentados. Los independentistas sospechan, además, que a diferencia de lo que afirman las investigaciones judiciales, Es Satty pudo no fallecer en la explosión fortuita producida en una casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula yihadista de Ripoll acumulaba explosivos para cometer un gran atentado con bombas.

La no expulsión de Es Satty

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sí ha respondido a otras de las peticiones; por ejemplo, el itinerario administrativo que siguió Es Satty y por qué se acabó revocando la orden de expulsión. La respuesta del ministerio incluye una cronología con los hitos a propósito de la regularización de su estancia en España. Todos los datos eran ya conocidos por la instrucción judicial. En mayo de 2012, la brigada de extranjería le incoó un expediente de expulsión por su condena por tráfico de drogas; tres años después, sin embargo, Es Satty logró que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón revocara ese expediente, lo que le permitió seguir residiendo en España. Más tarde se trasladó a Ripoll (Girona), donde acabó convirtiéndose en el imán de la mezquita Annour y captando a una serie de jóvenes fieles que cometieron el atentado.

La respuesta del Gobierno incluye también las transcripciones de distintas juntas de seguridad de Cataluña celebradas entre 2017 y 2021. La más relevante a efectos de los atentados es la de 2018, que dibuja un panorama desolador sobre el riesgo de atentados yihadistas en Cataluña. Los responsables policiales recordaron entonces que un 18% de los centros de culto islámicos “responden a una ideología extremadamente radical” y que una cuarta parte de las personas que se alistaban como combatientes de Estado Islámico en Cataluña había salido de Cataluña.