Los comunes afean al Govern de ERC haber ocultado el pago de 365 millones de indemnización por ATL

El portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha reprochado que el Govern de Pere Aragonès ocultó que en su reunión del 28 de mayo, cuando ya estaba en funciones, haber acordado el pago de 365 millones de euros de indemnizaciones a un fondo buitre en concepto de indemnización por haber revertido la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATL). “Hicieron ese pago a escondidas para compensar la fallida privatización de esa compañía. Es el peor tufo de la historia”, ha dicho recordando que los promotores de esa privatización fueron el presidente Artur Mas y el entonces consejero de Economía Andreu Mas-Colell.

En una rueda de prensa en la sede de los comunes, Cid ha recriminado la actitud del último ejecutivo y que no difundieran ese pago al fondo buitre, que se quedó con una parte del accionariado de Acciona, antigua propietaria de la empresa privatizada. “¿Por qué no se explicó? Es grave. Ese día sí que informaron de inversiones mucho menores. Y ni siquiera el Govern eran responsables de esa privatización fallida”, ha dicho vinculando los problemas de recortes en salud de este verano pasado al pago de este imprevisto al sostener que se ha costeado con partidas de los fondos de contingencia.

Los comunes no han querido entrar a valorar si el Govern estaba obligado o no a hacer ese pago, que ha avanzado hoy El Confidencial. “Yo lo que les reprocho es que no lo hayan explicado. Sería bueno que lo hicieran: no sé cuánto es por indemnización o intereses. Pero no es una cifra menor. Es razonable que lo explicaran por una mala gestión, que es que además no es suya”. “Al final”, ha concluido el diputado, “todos los catalanes los que hemos pagado estos 365 millones por una privatización fallida del gobierno de CiU que se autodenominaba como el govern dels millors”.

El Departamento de Economía ha confirmado que el pago se realizó en mayo, de acuerdo con el informe mensual de ejecución presupuestaria de ese mes y que se conoció en julio. Fuentes del Departamento de Economía han asegurado a EFE que técnicamente se habló de provisión por tratarse “de una sentencia que aún no es firme”. “La sentencia se ha ejecutado (pagado) porque la empresa concesionaria pidió al TSJC la ejecución provisional y el tribunal lo aceptó”, sostienen estas fuentes, que añaden que “este gasto, en cuanto al importe, no se considera definitivo, ya que aún no hay sentencia firme” por parte del Supremo.

Economía no considera el pago definitivo porque la sentencia no es todavía firme

Esa decisión fue impugnada por el grupo Agbar, y a partir de ahí se inició una larga batalla legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat. ATLL, ahora denominada ATL, es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.

Toda esa guerra legal de más de una década tuvo su punto culminante en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña(TSJC) dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización. El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat.

En 2019 Acciona, por su parte, anunció que había vendido al fondo Fortress por 170 millones de euros los derechos de cobro futuros de aquella indemnización. Tras el fallo del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún “este gasto, en cuanto al importe, no se considera definitivo, ya que aún no hay sentencia firme” por parte del Supremo. está pendiente de resolución. A la espera de ver qué decisión toma el Supremo, el año pasado la concesionaria pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y en abril de ese año ese tribunal dictó un auto en favor de esa ejecución provisional.

Al elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2023 el Govern no creyó necesario incluir una provisión por ATL, porque no preveía que este asunto tuviera impacto presupuestario ese año, pero finalmente el Govern ha acabado pagando este año 365,6 millones. Tras aquella privatización fallida, en 2019 la Generalitat asumió directamente la gestión de la nueva empresa pública de aguas, denominadaEnte de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).