La consejera del Interior catalana, Núria Parlon: “Una parte importante de los delitos los cometen personas sin DNI español”

La consejera catalana del Interior, la socialista Núria Parlon, ha abordado este martes un tema “muy delicado”, según sus propias palabras: la nacionalidad de los delincuentes. Parlon ha admitido que “una parte importante de los delitos los comenten personas sin DNI nacional”, pero a renglón seguido ha alertado del riesgo de dar alas a los discursos de odio, que vinculan inmigración y seguridad. “La inmigración siempre se ha asociado a la voluntad de encontrar una vida mejor”, ha subrayado, en una entrevista en Rac1, construyendo unas sociedades “más plurales y cohesionadas”, que “contribuyen a dinamizar la economía” y forman parte “de segundas y terceras generaciones con una integración perfecta”. Los delincuentes son delincuentes, ha venido a decir la titular de Interior, independientemente de su origen.

Es la primera vez que un responsable de interior aborda el dato de la nacionalidad de los delincuentes en Cataluña, un material inflamable que utilizan partidos como Vox o Aliança Catalana para exigir mano dura. Parlon lo ha tratado en su respuesta a la pregunta del periodista Jordi Basté de si existe relación entre la multirreincidencia y la inmigración. “Hay opciones políticas que fomentan el odio y aprovechan los datos delincuenciales y que haya un porcentaje importante que no tiene DNI español que cometen delitos para caldear el ambiente”, ha censurado Parlon, que ha recordado que su gobierno está en contra de “marcar perfiles” vinculados a la seguridad.

El Departamento del Interior ha declinado especificar cuáles son los porcentajes concretos de detenidos con DNI español o sin él, y han recordado el compromiso de gobierno de Salvador Illa de luchar contra los discursos de odio. Los únicos datos oficiales que existen al respecto los facilitó en marzo de 2023, el gobierno de ERC a preguntas parlamentarias de Vox, e indican que el 42% de los detenidos son nacionales, respecto al 58% de extranjeros, a fecha de 2022. Unas cifras que se mantienen estables en los últimos años, a pesar del incremento de personas inmigrantes. El entonces titular de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), rehuyó siempre en sus intervenciones públicas manejar datos policiales sobre nacionalidades de detenidos. Y se rigió por una única premisa: “No hay relación entre delincuencia e inmigración”. Entre otros argumentos, recordó que del 1,3 millones de inmigrantes que hay en Cataluña, el 50% cotiza y trabaja, y 1% cobra la pensión de jubilación.

Los datos del Portal Estadísticos de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que incluye la información de todos los cuerpos policiales en España -también los Mossos d’Esquadra-, recoge de las 197.096 personas que fueron detenidas o investigadas en 2023 por delitos, 556.793 eran “extranjeras”, lo que representa el 35,4% del total. El año anterior, el porcentaje fue ligeramente inferior, el 33,9%. Esta estadística detalla que en Cataluña esos porcentajes fueron en ambos años superiores. Así, el año pasado fueron detenidos en esta comunidad 112.891 personas, de las que 57.729 eran extranjeros, es decir, el 51,1%. En 2022, de los 102.024 detenidos o investigados, los que no tenían nacionalidad española fueron 49.954, el 48,9%, informa Óscar L. Fonseca.

Parlon también ha repetido que no se puede vincular a los delincuentes con su origen, pero tampoco con la vulnerabilidad. “No es justo”, ha defendido, sobre la idea de extender un manto de sospecha sobre todas aquellas personas en situaciones vitales complicadas, como si en cualquier momento pudiesen pasarse al mundo delincuencial. Al final, ha insistido, el objetivo de la policía es “ser eficaces”, tener las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, y atajar la “impunidad” que supone que, en ocasiones, personas multirreincidentes no ingresen en prisión a pesar de poseer un abultado curriculum delictivo, con decenas de detenciones.

En los últimos tiempos, partidos políticos como Junts per Catalunya también han puesto en la diana la inmigración, vinculándola a la delincuencia. En las pasadas elecciones catalanas, jugaron la baza de exigir las competencias en esta materia para, dijeron, regular ellos mismos los cupos de personas recién llegadas a Cataluña. También aludieron a la posibilidad de controlar las fronteras, una materia que recae de manera exclusiva en el Gobierno central, bajo el paraguas del Ministerio del Interior.

Las últimas encuestas muestran que después de un repunte al alza, la preocupación de la ciudadanía en Cataluña por inseguridad ha llegado a un estancamiento, según el último barómetro del CEO (el equivalente del CIS). En 2022, año de la última encuesta concreta de seguridad pública que elabora la Generalitat, los datos arrojaron que la sensación de inseguridad había crecido a máximos históricos en Cataluña, con un 32,4% de personas que decía haber sido víctima de un delito. En Barcelona, la inseguridad es la principal preocupación desde 2019, según el barómetro municipal que elabora el Ayuntamiento de Barcelona. En los últimos 10 años, ha permanecido de manera recurrente en segunda posición. Parlon ha repetido en su entrevista en Rac1 que Cataluña es segura, pero ha insistido en que no se puede “negar la mayor”: “A veces las percepciones que la ciudadanía tiene, desgraciadamente, les lleva a dejar de hacer cosas porque tienen la sensación de que no está segura”.