La incorporación de más de 30.000 funcionarios en Cataluña sobrepasa a Educación

El gran volumen de profesores interinos que han pasado a funcionarios -concretamente, 31.153- este año empieza a superar la capacidad de gestión del Departamento de Educación de la Generalitat. El área de dirige Anna Simó (ERC) ha anunciado un retraso de dos semanas en la adjudicación de las plazas a interinos y funcionarios por el gran volumen de peticiones que debe solventar. Además, ha modificado los criterios y podrá adjudicar prácticas en una especialidad a un docente, aunque no la haya elegido (pero en la que sí esté formado). El mes de julio -tradicionalmente a finales, pero el anterior consejero, Josep Gonzàlez-Cambray lo avanzó a principios de mes para compensar el adelanto del curso escolar- es cuando los funcionarios sin plaza fija o los interinos conocen su destinación para todo el curso próximo (en septiembre se asignan las sustituciones).

El pasado viernes, Educación publicaba en su web una nota informando del retraso en las adjudicaciones, y lo achacaba a dos factores: por un lado, porque este año el proceso “es más complejo” por la incorporación de más de 30.000 funcionarios nuevos, que hasta ahora eran interinos. El departamento asegura que ha recibido 62.354 solicitudes (entre funcionarios e interinos), pero que en realidad de traduce en 3,8 millones de peticiones, ya que un profesor puede pedir más de una plaza. Por otro lado, Educación también admite problemas técnicos con la aplicación, que ha tenido que ser “adaptada” para asumir este gran número de peticiones, pero que todavía no está a punto.

El mismo viernes, el departamento publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) una resolución en que se modificaban los criterios para adjudicar los destinos de los nuevos funcionarios -que ahora deben pasar un periodo de prácticas-, de manera que se le puede asignar “cualquier especialidad de las que tenía reconocida en la bolsa de trabajo”, y no solo aquella de la que se había examinado en las oposiciones.

Este cambio ha despertado las críticas de todos los sindicatos educativos porque aseguran que se ha realizado sin avisar y sin pasar previamente por la mesa sectorial, donde se negocian todos los aspectos relacionados con las condiciones laborales. Los sindicatos sospechan que el hecho de abrir el abanico a más especialidades es un indicativo de que “el departamento ha calculado mal y no hay plazas para todos”.

Estas organizaciones consideran que el problema de fondo son las cerca de 9.000 plazas perfiladas que existen actualmente bajo el paraguas del conocido como Decreto de plantillas, que permite a las direcciones de los centros educativos decidir qué tipo de perfil y de docente necesitan para una plaza concreta (por ejemplo, impartir las Matemáticas en inglés) e impulsar un proceso de selección específico para ello (parecido al de una empresa privada). Para los sindicatos, la existencia de esas plazas está menguando la oferta e impide que aquellos que han aprobado unas oposiciones accedan a la especialidad elegida, y han vuelto a pedir la derogación de dicho decreto.

El departamento se ha reunido telemáticamente este lunes al mediodía con los sindicatos para informarles de estos cambios de última hora. Al mismo tiempo, los sindicatos han convocado una concentración ante la sede del departamento, en Via Augusta, a la que han asistido unas 300 personas, según la Guardia Urbana. Los representantes de las diferentes organizaciones -que hacía meses que no realizaban una protesta conjunta- han coincidido en asegurar que el cambio de condiciones supone una “vulneración de los derechos” de los profesores porque deberán realizar las prácticas de una especialidad diferente a la suya, aseguran. Asimismo, critican al departamento por “falta de previsión” y por su “incapacidad” para gestionar la situación.

Por su parte, la directora general de Profesorado, Dolors Colell, ha querido enviar “un mensaje de tranquilidad”. “Hay un problema técnico, pero lo resolveremos. Todos los funcionarios estarán colocados el curso que viene. Buscamos la mejor solución para todo el mundo y por eso pedimos más tiempo”. Sobre la asignación de especialidad no deseada, Colell ha vaticinado que la “afectación será mínima” y que los casos se resolverán “uno a uno”. En cambio, Colell no ha querido responder a las acusaciones de los sindicatos sobre las consecuencias del decreto de plantillas. “Es el discurso”, se ha limitado a comentar.

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