El Diplocat se transforma en el Consorcio Catalunya Internacional para enterrar el estigma del procés

El Diplocat, una de las instituciones en la mira del Gobierno del PP cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución en 2017, busca pasar página de ese episodio e intentar sacudirse cierto estigma creado a nivel internacional. El pleno de la entidad ha aprobado este jueves unos nuevos estatutos que tendrán que pasar por el Consell Executiu del Govern en funciones y que implicarán, entre otras cosas, un cambio de nombre y retoques en la estructura, como por ejemplo dejar por escrito que su director general sea elegido mediante concurso público. Bajo el nombre Consorcio Catalunya Internacional, seguirá con su misión de impulsar iniciativas que permitan el conocimiento directo de la comunidad autónoma en el ámbito internacional, velando por su imagen y reputación.

Los nuevos estatutos reemplazan los de 2012. En primer lugar, las 38 entidades consorciadas -además de la Generalitat están, por ejemplo, el Barça, las cuatro diputaciones o la Taula del Tercer Sector- aprovechan para dejar por escrito que acatan la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba que se utilizara alguna referencia diplomática en su denominación y cumplir con otras regulaciones que obligan a que los consorcios se identifiquen como tal. De ahí que se cambie el nombre de Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) a Consorcio Catalunya Internacional.

La acción exterior de la Generalitat durante los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont estuvo bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. Las labores del Diplocat, creado en 2007 bajo el mandato del socialista José Montilla, no estuvieron exentas de ello. Se le señaló como uno de los principales lobbistas internacionales del procés y un informe del fiscal de ese tribunal cifró en 2 millones de euros el dinero que gastó entre 2011 y 2017 para ese fin.

La decisión de cerrarlo, tomada en virtud del 155, también vino motivada por su supuesta participación en la celebración del referéndum del 1-O. La Guardia Civil le atribuyó al organismo público-privado el pago de los observadores internacionales que acudieron a Barcelona para supervisar la votación que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

El cierre decretado por el Gobierno central en realidad fue un mero paréntesis, pues en julio de 2018, una vez hubo Govern en Cataluña y se levantó la intervención del autogobierno, el entonces president Quim Torra y su consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, no tardaron en reactivarlo.

Desde entonces, algunas sentencias judiciales y decisiones legales han obligado a hacer cambios internos y que, con los nuevos estatos, quedan subsanados. Además del cambio de nombres de sus órganos de gobernanza (tendrá un Consejo Rector y uno Ejecutivo), el director o directora de la entidad tendrá que ser escogido por un concurso público que organiza el Consejo Rector y tendrá un mandato de cuatro años. Hasta ahora, esa figura recibía el nombre de secretario o secretaria general y era elegido directamente por la presidencia de la Generalitat.

El año pasado, el Consorcio realizó 53 actividades (14 más que en 2022), en las cuales participaron 187 ponentes y 2.760 asistentes. De un presupuesto inicial de 2 millones de euros, solo se llegaron a ejecutar 1,4 millones.

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