El Consejo Asesor de Infraestructuras pide la concesión de suelo público para impulsar la vivienda de alquiler en Cataluña

La vivienda es un problema de primer orden en Cataluña, donde apenas un 1,7% de la oferta de alquiler se puede considerar asequible. El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña (Cadic), bajo el que se encuentran patronales y entidades vinculadas a la construcción, ha demandado este jueves un acuerdo público-privado para impulsarla de forma definitiva, para el que ha demandado la implicación de las administraciones a través de la concesión de suelo público a largo plazo a promotores privados y la fijación de una normativa estable. El organismo ha señalado esa fórmula, utilizada en países centroeuropeos como Austria, como la forma más simple de permitir a los ciudadanos con ingresos “relativamente bajos” poder asumir un piso de alquiler sin superar el 30% del gasto sobre sus ingresos mensuales.

“La legislación en España es errática,” además de numerosa y dispersa, ha señalado como principal problema Mario Aymerich, principal responsable del documento elaborado por el Cadic, que identifica 13 propuestas que, a su parecer, permitirían resolver el déficit de vivienda. Su mirada, como la de otros informes, es metropolitana y no se limita únicamente a la ciudad de Barcelona, pero considera indispensable el papel de las administraciones públicas para que las promociones puedan ser rentables para los inversores. “Hace falta que el precio del suelo sea rebajado y proponemos que las administraciones públicas sean capaces de liberarlo en régimen de concesión”, ha dicho Aymerich. El ponente del informe ha hablado de una horquilla de entre 30 y 50 años para el límite de esa concesión, si bien ha señalado que debería modificarse en virtud de cada proyecto. La ley limita el umbral temporal a los 80 años, aunque cada administración tiene potestad para adaptarse a ese rango o limitarlo.

Jugar con esa franja temporal puede permitir hacer más apetitoso para los fondos de inversión más conservadores participar en la inversión de proyectos de este tipo. Aymerich ha señalado que es necesario permitir operaciones a muy largo plazo para permitir la viabilidad de este tipo de proyectos, que al final se convierten en proyectos muy similares a las concesiones de infraestructuras: operaciones más financieras que industriales, dado que lo importante es el modelo para pagar la obra y conseguir réditos en una gran cantidad de años. “Tienen que conseguir beneficios, pero pueden ser acotados”, ha dicho Aymerich. El informe señala que la participación de instituciones financieras internacionales “puede generar beneficios como una mayor oferta de vivienda, diversificación de fuentes de financiación y atracción de capital privado”.

La vivienda de alquiler de precio asequible es una figura existente en la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero cuyos límites son muy volubles. No están dentro de la calificación de vivienda protegida, pero tienen como objetivo tener precios por debajo de los del mercado libre. La idea es que una familia con ingresos limitados no tenga que dedicar al pago del alquiler más de un 30% de lo que percibe cada mes. El Observatorio de Vivienda Asequible de España cifra en un 2,5% el porcentaje del parque inmobiliario español que se sitúa en esas condiciones. En Europa el promedio se sitúa en el 9%.

Para coordinar la necesidad social de esas viviendas, el informe llama a crear un organismo de naturaleza público-privada que se encargue de esa gestión de suelo pública cedida a empresas privadas. Se apunta, incluso, la creación de una sociedad pública de vivienda pública, papel que actualmente juega la Agencia Catalana de la Vivienda,

Pero para que sea posible esa colaboración público-privada, el Cadic reclama un paso previo: la simplificación del marco legal actual de alquileres sobre suelo público. Para ello, afirma, es necesaria “una fuerte agilidad administrativa”, mejorando todos los plazos de tramitación. Y también se pide revisar el marco fiscal actual. ¿Cómo? A través de la reducción de impuestos. Señala el informe la posibilidad de eximir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el IVA, fomentar las deducciones para inversiones a largo plazo o las bonificaciones urbanísticas y activar palancas de financiación pública, incluso eliminando el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Incluso se incluye la posibilidad de emitir obligaciones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con carácter finalista para financiar las promociones.

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