La Oficina ‘antidiscriminación’ recibe más de 500 denuncias en sus dos primeros años de vida

La Oficina de igualdad de trato y no-discriminación de la Generalitat lleva dos años en marcha, y, a todo gas, el último, con un equipo de 14 personas implicadas en concienciar, formar y sancionar comportamientos que, en la mayoría de las ocasiones, las personas infractoras no son conscientes de que están prohibidos. Solo unas pocas veces, sus protagonistas actúan con intención y voluntad. Es el caso de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder del partido xenófobo Aliança Catalana, a la que un ciudadano denunció por una entrevista en 8TV en la que consideraba que estigmatizaba a los inmigrantes. Finalmente, el organismo, que dirige Manuela Fernández, la ha multado por una falta grave de la Ley de igualdad y no discriminación (aprobada en 2020), con 10.000 euros. Es una de las 517 denuncias que ha recibido en dos años el organismo.

“Me sabe mal cuando se hacen públicos los procedimientos antes de que acaben”, lamenta Fernández, sobre la publicidad que la propia Orriols ha dado a la sanción antes de que fuese firme, presentándose como una víctima de la censura. “Nadie cuestiona la ley de riesgos laborales”, añade la directora, sobre el hecho de que se ponga en duda que la administración actúe ante conductas discriminatorias. “Es una ley”, repite Fernández, que se aprobó con el apoyo de todos los partidos parlamentarios. También recalca que la inmensa mayoría de las denuncias que reciben se archivan precisamente por las garantías del proceso y la necesidad de carga probatoria. En 2022, de las 127 denuncias, dos acabaron en un expediente sancionador, y en 2023, de las 282, 19. En 2024, han recibido ya 108 casos, que todavía están tramitándose. “En el procedimiento hay alegaciones, lógicamente. Luego puede poner un recurso de alzada y después ir al contencioso-administrativo, donde tenemos un par de casos”, argumenta la directora de la Oficina.

Pero que cueste sancionar -”estamos en sintonía con los porcentajes de otras oficinas, como la de Nueva York”, aclara Fernández- no significa que no se trabaja y se busquen soluciones, que muchas veces evitan precisamente el castigo. “No es solo la sanción, iniciamos procesos restaurativos”, explica, y pone el ejemplo, sin facilitar detalles concretos, de una denuncia por una situación de discriminación que un ciudadano vivía en un supermercado. “La persona que lo cometía no era consciente del mal que hacía, y que iba más allá de ese momento. Y que la víctima cambiaba su rutina diaria por cómo se había sentido tratada en este establecimiento”, cuenta. En cada expediente, actúan un jurista y una persona centrada en la atención a la víctima. En 2023, iniciaron 23 procesos restaurativos.

Las situaciones que más se denuncian -bien sea a través de los formularios disponibles para los ciudadanos en la web, o con los mecanismos de coordinación que ya tienen engrasados con los Mossos o los juzgados- tienen que ver en primer lugar con “situaciones compatibles con las distintas formas de racismo” (35%), en segundo lugar por sexo y género (18%) y la LGTIFobia (15%), capacitismo (11%) y, por último, otros casos (21%) que pueden estar relacionados con cuestiones de lengua, de condición social, de aspecto físico, de edad... Aunque, en ocasiones, insiste la directora, el motivo por el que uno cree que está siendo discriminado no es el mismo que finalmente se demuestra tras el expediente administrativo.

Una de las claves es también explicar a la víctima que se trata de un proceso largo, complicado de demostrar y que seguramente no resolverá el problema que le llevó a denunciar. Pero sí supone “un antes y un después” para evitar que ciertos comportamientos se repitan y afecten a más personas. “Muchas de las discriminaciones que queremos corregir con la ley están socialmente aceptadas, totalmente interiorizadas. Muchas veces se reproducen inconscientemente, pero eso no quiere decir que no se haga mucho daño y que además sea ilegal”, insiste. También repite que aunque parezca un “eslogan”, se “coloca a la víctima en el centro”, iniciando cada expediente con un “espacio de escucha”, ya sea telemático o presencial, donde se recoge información y “la voz” de los afectados, a los que se asiste, independientemente de si acaba o no en sanción.

Las acciones no son solo contra particulares, también las hay contra empresas, como el caso de una persona que denunció a la firma de moda Brandy Melville por ofrecer solo tallas pequeñas. “No se pudo demostrar la discriminación, y se archivó”. Y también contra la administración, que Fernández admite que es una gran maquinaria que también necesita tiempo para cambiar. Una de las actuaciones polémicas de la Oficina fue su aviso a los ayuntamientos que impedían el toples o dar el pecho en las piscinas. Con la intención de informar, la oficina ha creado tres guías de formación: una para los funcionarios, otra para los ciudadanos y una tercera para el sector privado. “Hay empresas que después de haber sido sancionadas nos piden formación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No lo queremos hacer mal”, asegura Fernández, que recuerda que todo el proceso es gratuito.

La directora no detalla si, igual que Orriols, otros políticos han sido denunciados por discriminar. “No te lo puedo decir”, se excusa, pero insiste en dos ideas: que personas “aparentemente privilegiadas” también sufren discriminación. Y en la necesidad de pedagogía, para dar a conocer la ley y concienciar a los ciudadanos. “Ahora está aceptada la denigración, o que se use a todo un colectivo o todo un grupo de personas para conseguir votos. Está totalmente permitido. Pero tenemos los instrumentos para transformarlo”, asegura esta mujer que sabe perfectamente de lo que habla, como la primera mujer gitana con un cargo público en la Generalitat. “El racismo va mucho más allá de la discriminación, construye nuestras vidas”, dice, sobre el largo camino a recorrer. Pero, a pesar de todo, es positiva: “Es la primera ley que habla de antigitanismo. Cuando lo leí, me emocioné”.

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