Los funcionarios retoman las protestas y 4.000 presos vuelven a estar confinados en sus celdas

Tras la tregua del domingo, los funcionarios de prisiones de Cataluña han retomado este lunes las protestas por el asesinato de Nuria López, una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un preso. Los trabajadores han bloqueado de nuevo los accesos a los centros penitenciarios, lo que obliga a confinar en sus celdas a más de 4.000 internos por falta de personal para garantizar la seguridad. El conflicto está enquistado: el Departamento de Justicia apela a la “responsabilidad” de los trabajadores y alerta de los “riesgos” que el encierro forzado supone para la paz en las prisiones. Los sindicatos siguen enrocados y han dado plantón, dos veces este mismo lunes, a la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, que los había convocado para dialogar. El Govern, cada vez más presionado, reúne esta tarde su gabinete de crisis liderado por la vicepresidenta Laura Vilagrà.

La crisis en las cárceles catalanas está poniendo de relieve, además, las contradicciones y desajustes del Govern de Esquerra Republicana (ERC), con un ojo puesto ya en la convocatoria electoral anticipada del 12 de mayo. Pese a las peticiones de auxilio de Justicia, la intervención del Departamento de Interior ha sido más bien tímida. A diferencia de lo que ocurrió el viernes, durante el primer bloqueo de los centros, los Mossos d’Esquadra sí han actuado este lunes, pero solo en Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona), donde los antidisturbios han apartado a los funcionarios que se manifestaban y han permitido el acceso, por carretera, de los trabajadores. La medida ha permitido llevar a cabo el relevo del turno de noche. Ubasart ha defendido este lunes que hay “plena coordinación y contacto” con Interior y con el Departamento de Presidencia.

La intervención policial no supondría, por sí sola, el fin del conflicto. Los piquetes y barricadas “dificultan el acceso” a las cárceles, explica Justicia, pero no lo impide en todos los casos. Son los funcionarios quienes, por el motivo que sea —la mayoría, porque defienden la necesidad de protestar, otros por la presión ambiental— no están acudiendo a sus puestos de trabajo. Lo hacen, sin embargo, sin la cobertura de una huelga. “No sé si calificar la situación de huelga encubierta, pero si no hay huelga, el deber de los trabajadores es ir a trabajar. Estamos estudiando la situación”, ha recordado este lunes, en rueda de prensa, Ubasart. Justicia no descarta la posibilidad de abrir expedientes sancionadores, pero insiste en que su prioridad es el “diálogo” para “desescalar” el conflicto.

Vida detenida en prisión

“Tenemos que hablar”, insiste Ubasart mientras pasan las horas y la situación se vuelve cada vez más insostenible. El cansancio y el hartazgo empiezan a dejarse notar en la tercera jornada de movilizaciones. Este lunes, un total de 4.000 presos de seis de las nueve cárceles catalanas no pueden salir de las celdas. En esos casos, lo único que garantiza la Administración es la comida y el suministro de medicamentos. Ante la falta de efectivos, los presos permanecen recluidos en el interior de las celdas. No solo no pueden salir al módulo, sino que todas las gestiones propias de la vida penitenciaria se ven interrumpidas: los traslados a otras cárceles, las comparecencias judiciales (virtuales o presenciales), las salidas sanitarias no urgentes, las visitas de abogados o el disfrute de permisos de salida (en segundo y tercer grado).

En los centros donde sí pueden salir de las celdas (Quatre Camins, Joves y Brians 2, la más poblada de Cataluña), los internos pueden moverse por el módulo, pero no participar en las actividades y talleres habituales, que son las herramientas para la reinserción. Según datos de Justicia, entre el pasado jueves y este lunes se han anulado un total de 119 salidas judiciales: 41 vistas orales, 18 videoconferencias y 60 diligencias; además, se han suspendido ocho traslados para ir a juicios.

El confinamiento, que Justicia compara con las dificultades de la pandemia del coronavirus, no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que vulnera también los derechos “de los internos y sus familias”, ha agregado el secretario de medidas penales alternativas, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat, Amand Calderó, cuya dimisión exigen los sindicatos como condición previa para negociar. Ubasart, que critica a los sindicatos por rechazar la negociación, no parece dispuesta a entregar su cabeza y lo considera “el mejor profesional para resolver esta crisis”.

Desde hace meses, los sindicatos alertan de un aumento de las agresiones en prisión, una realidad que también recogen las estadísticas oficiales. El miércoles, Nuria López fue apuñalada mortalmente por un preso, Iulian Odriste, que estaba destinado en la cocina. El hombre cumplía condena por haber asesinado, también a puñaladas, a una prostituta en 2016. Justicia ha abierto una investigación interna y también hay un proceso judicial abierto sobre las circunstancias del crimen, que para los funcionarios ha marcado un antes y un después. Se trata del primer asesinato en prisión, en la etapa democrática en España, de un trabajador penitenciario. Justiciaha anunciado su compromiso para reforzar la vigilancia de los servicios de las prisiones, “especialmente las cocinas”.

Los primeros bloqueos se produjeron el viernes, con las principales cárceles cortadas, y el confinamiento obligado en sus celdas por falta de personal de 5.000 internos. Las protestas el sábado se limitaron a Quatre Camins, Mujeres-Wad Ras y Jóvenes, con 1.200 presos encerrados. También se suspendieron visitas, permisos de salida y otros servicios como la paquetería, a causa de las protestas. El Departamento de Justicia pidió el viernes al de Interior que movilizase a la policía para evitar nuevos cortes, pero el director de la policía se negó, apelando a la mediación. La situación ha cambiado este lunes, con los Mossos implicados en la gestión de las protestas. Los mandos de la policía siguen los posibles incidentes desde un Centro de Coordinación (CECOR), activo desde primera hora de la mañana.

Protestas fuera de Cataluña

Las protestas en las prisiones catalanas han tenido hasta ahora un tímido reflejo en las del resto del Estado. A las concentraciones en silencio de la pasada semana tras la muerte de la trabajadora, le han seguido este lunes algunas en los accesos que han afectado a nueve recintos penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, informa Óscar López-Fonseca. Se trata de las cárceles de Albocàsser (Castellón), Archidona (Málaga), Soto del Real y Aranjuez (ambas en la provincia de Madrid), Sangonera (Murcia), Morón (Sevilla), Picassent (Valencia), Dueñas (Palencia) y Fontcalent (Alicante). En al menos las dos primeras las protestas están provocando retrasos en el relevo de los funcionarios que habían hecho el turno de noche, pero las fuentes consultadas señalan que esto no se ha traducido hasta ahora en “incidentes destacados” en el funcionamiento de los centros. En las tres prisiones dependientes del Gobierno Vasco no se han registrado protestas este lunes tras las concentraciones del jueves y viernes, según afirman fuentes del Departamento de Justicia.

Varias fuentes sindicales recalcan que estas concentraciones fuera de Cataluña no han sido promovidas por las organizaciones de trabajadores y recalcan que han sido convocadas “de manera espontánea” mediante mensajes difundidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Un portavoz de Acaip-UGT, la mayoritaria entre los funcionarios de prisiones, señalaba este lunes que no estaban organizando “de momento” ninguna protesta. La CSIF también descarta por ahora llevarla fuera de Cataluña. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (AFPF) también se desmarca de la organización de estas concentraciones, aunque no descartan convocarlas en el futuro: “Hay intención [de hacer protestas], pero a esta hora y día todavía no hay nada definido”. Por contra Tu Abandono Me Puede Matar (ATMPM), con fuerte implantación en algunos de los centros afectados, ha alentado las nuevas protestas en redes sociales y reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que se sienten “a hablar con los funcionarios de prisiones”.

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