Hard Rock: una polémica inyección económica para el sur de Cataluña que desestabiliza a dos gobiernos
El desacuerdo político por un gran proyecto de hoteles con casino en la costa de Tarragona fulmina la legislatura catalana y activa un efecto dominó de consecuencias inciertas
La negociación de los presupuestos catalanes y su reciente desenlace fallido ha estado condicionada por el tira y afloja político en torno a un complejo de hoteles con megacasino que la multinacional Hard Rock pretende levantar en Salou (Tarragona). El proyecto rebosa grande cifras: 2.000 puestos de trabajo, una inversión de 700 millones de euros y con capacidad para triplicarse, 7.600 metros cuadrados dedicados al juego, 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas de apuestas, y un consumo de agua de un millón de metros cúbicos cada año.
El asunto ha provocado un encendido debate entre dos bandos que se lanzan acusaciones cruzadas sobre la conveniencia de darle impulso a la idea o de enterrarla para siempre. El PSC se ha convertido en abanderado de un plan que también ve con buenos ojos Junts per Catalunya. Ambos partidos se reparten las alcaldías de Salou y Vila-seca, donde se ubican los terrenos ojeados por Hard Rock. Esquerra Republicana alega no tener “entusiasmo” por la propuesta, pero cuando su líder, Oriol Junqueras, fue consejero de Economía en 2016 validó una reducción del 55% al 10% del impuesto a los casinos, que antes habían aprobado PSC y CiU. Las voces más feroces contra Hard Rock son la CUP y los comunes. Ambas fuerzas poseen escasa representación electoral en Tarragona, pero han tenido la capacidad para convertir el tema en una prioridad del Parlament. El presupuesto catalán no contemplaba ni una partida reservada al Hard Rock, pero las exigencias de En Comú Podem para que el Govern manifestara un repudio claro al proyecto frustró un acuerdo a tripartito ERC, PSC y los propios comunes. Una desavenencia que hizo naufragar un pacto por las cuentas y que ha hecho anticipar las elecciones. El enredo proyecta incertidumbre sobre la legislatura española, toda vez que Esquerra actúa como sostén parlamentario del PSOE y de Sumar, matriz de los comunes en el Congreso.
El terreno de juego que tiene reservado Hard Rock para edificar su propuesta son unas parcelas propiedad de La Caixa, que están pegadas al parque Port Aventura y muy cerca del polígono petroquímico de Tarragona. Turismo e industria química son los dos pilares que sostienen la economía de lo que se conoce como Camp de Tarragona, una zona donde conviven 550.000 personas, con ciudades como Tarragona, Reus, Cambrils o Salou, que tiene la condición de segunda área metropolitana de Cataluña y que sufre unos niveles de paro cronificados. Según la Encuesta de Población Activa publicada a finales de enero por el INE, Tarragona cerró 2023 con una desocupación del 14,4%, cuando la media catalana es del 8,9%. “Parece mentira que se pongan tantos obstáculos a una inversión que crea puestos de trabajo y dinamiza la economía en municipios turísticos que sufren la estacionalidad”, manifiesta Pere Granados, alcalde de Salou. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, Idescat, Salou figura como una de las poblaciones con la renta anual más baja de la comunidad autónoma: no supera los 12.700 euros, y también están en ese grupo municipios vecinos como Constantí o la Pobla de Mafumet. La Cámara de Comercio de Tarragona se ha declarado partidaria de defender el Hard Rock y en diciembre de 2022 convocó un acto con las entidades empresariales e instituciones económicas para mostrar un frente común de apoyo. Se consensuó un documento donde consta que el de Hard Rock es un “proyecto estratégico” para el territorio.
Josep Maria Arauzo Carod, catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), alerta sobre el proyecto. “Perpetuar un modelo basado en este tipo de turismo tiene muchas restricciones y supone un freno para el crecimiento de la economía del territorio”, sostiene. “Es comprensible que en una zona donde la tasa de desocupación es destacable un proyecto de este tipo se pueda ver como una oportunidad, pero eso implica priorizar el corto plazo. Además, supone condicionar la mejora de la calidad del mercado laboral y de los salarios y, por lo tanto, del nivel de vida de los ciudadanos”, abunda el profesor. Un estudio de la misma URV revela que dos de cada tres habitantes del Camp de Tarragona tiene la sensación que vive en un zona con “alto nivel de riesgo petroquímico”.
Los partidarios del proyecto esgrimen su impacto económico millonario, la desestacionalización turística y la creación de puestos de trabajo. Los detractores, la incitación a la ludopatía, la precariedad laboral y las dudas sobre la sostenibilidad que plantea un proyecto que ha tenido un trayectoria zigzagueante: nació en 2012, con otro nombre (”BCN World”) y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo presentó con todos los honores, defendiendo que se trataba de una fuente de prosperidad para un territorio, el sur de Cataluña, que recibió una estocada punzante con la crisis económica de 2008. La idea original ha ido mutando y tomando aire, o encogiéndose, en función de los intereses que han tenido los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Ahora está pendiente de la aprobación del plan de desarrollo urbanístico (PDU) y Pere Aragonès alega tener una capacidad de maniobra limitada, porque frenar su tramitación supondría un elevado coste económico para la administración catalana.
La multinacional norteamericana Hard Rock no da pistas que permitan aclarar qué posibilidades de concreción conserva la idea. “Los norteamericanos ven una gran oportunidad en este territorio y no han perdido el interés”, asegura Pere Granados, alcalde de Salou. La Generalitat prefiere no opinar acerca de si el promotor sigue atraído por la posibilidad de invertir en la costa de Tarragona. “Es un tema entre inversores privados”, alega el Govern.
“Es un proyecto propio de un modelo de desarrollo de los años noventa, absurdo en un contexto de emergencia climática y que empuja a Cataluña a un modelo de salarios bajos y empleos precarios”, ha sostenido insistentemente Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, para sustentar su portazo al Hard Rock. La formación de izquierdas ha repetido que el Hard Rock sería “el casino más grande de Europa” y que todo el complejo genera un consumo de agua equivalente a una población de 30.000 habitantes. Salvador Illa, jefe de la oposición en Cataluña y primer secretario del PSC, acusa a los comunes de “aprovechar” la actual situación climática que hay en Cataluña para “poner en riesgo la prosperidad”. A raíz de la falta de lluvias, Barcelona y el norte de Cataluña están en fase de emergencia por sequía, pero la zona de Tarragona resiste ajena a las restricciones porque se abastece de agua del río Ebro.
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