Comprar el discurso ultra

Hay terrenos gratos a la derecha como son el miedo a la inmigración y la lucha contra las okupaciones de viviendas. Los conservadores lo saben y explotan a fondo ese conjunto de atavismos que se proyectan en el imaginario colectivo. No hay ninguna sociedad que los tenga en exclusiva. Son universales y poco importa rebatirlos con datos, porque se sustentan en creencias compartidas. Y ya se sabe que contra la fe del carbonero poco puede cualquier intento de objetivación.

En la Europa de hoy es políticamente rentable vender la imagen de inflexibilidad en esos asuntos, aunque los datos no suelan acompañar y todo se quede en una lamentable sucesión de gestos no exenta del inevitable sufrimiento humano que provoca. Alemania —donde los grandes partidos notan en las costillas los codazos de la extrema derecha— acaba de aprobar con los votos de socialdemócratas, liberales y verdes la ley que permite acelerar las deportaciones de aquellas personas a quienes se ha denegado asilo. Ese texto, que debería afectar a casi un cuarto de millón de personas, en realidad, cuantifica en 600 las devoluciones “extras” que puede lograr al año. Por otra parte, en Italia, donde la fanfarria ultraderechista fantaseó con cañonear las pateras en pleno Mediterráneo, el año pasado —desde enero hasta septiembre de 2023, bajo el Gobierno Meloni— habían desembarcado más de 130.000 personas por vías irregulares, la cifra más alta desde 2017.

En Gran Bretaña, el Gobierno conservador sigue inmerso en la carrera de obstáculos con el lamentable propósito de deportar a Ruanda a inmigrantes en situación irregular, proyecto que ya ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido. En España, concertinas y devoluciones en caliente al margen, cada vez hay más trabas al empadronamiento de inmigrantes, lo que les impide el acceso a la educación y la sanidad. En Cataluña, además del caso de Ripoll, donde la ultraderechista alcaldesa apura al máximo el plazo legal de tres meses para inscribir migrantes en el municipio, las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) aseguran que hay una treintena de ayuntamientos que también ponen trabas a este trámite: son de todos los colores políticos y van desde Cerdanyola del Vallès, a l’Hospitalet, Lleida hasta Badalona o Figueres.

El miedo al extranjero siempre y cuando sea pobre es de esos atavismos solo comparable a otro: el temor a las okupaciones de vivienda. En mayo pasado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, explicó que el 97,7% de las okupaciones en Cataluña se producen en pisos vacíos, solo un 2,3% de las denuncias recibidas por los Mossos en 2022 eran pisos con vecinos viviendo —un 40%, segundas residencias— y fueron desalojados de manera inmediata. Sin embargo, al calor del efecto mediático logrado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid y por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León, proliferan las oficinas antiokupación, aunque como en Badalona, en seis meses haya actuado en una sola ocasión. El fiasco en los resultados es general tanto en Madrid, Castilla y León o Badalona. Pero el ejemplo cunde. Mataró y El Vendrell son algunos municipios donde o bien se ha puesto en marcha o hay compromiso de futuro para una oficina de esas características. Es cierto que una minoría de las okupaciones se hace con fines delincuenciales, pero la inmensa mayoría recae sobre pisos vacíos propiedad de grandes tenedores y las realizan personas en situación de vulnerabilidad, sin acceso a un mercado torpedeado por la especulación, según el informe de la nada sospechosa Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) publicado hace unos días en Cuadernos de Información Económica.

Es urgente abrir un debate sobre esos asuntos, con menos prejuicios y, sobre todo, hay que dejar de prestar oídos a los cantos de sirena que explotan el voto fácil, porque el electorado voluble, entre el original ultraderechista y la pluralidad de réplicas, puede acabar rechazando imitaciones.

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