La pedrea del bono eléctrico y el gordo de los dividendos

Pasan los inviernos, las eléctricas siguen acumulando beneficios y la pobreza energética sigue estando a la orden del día. En el conjunto de España, el 17% de la población no puede mantener sus viviendas a la temperatura adecuada. En Cataluña, la cifra sube hasta el 19%. Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol han tenido 5.865 millones de euros de beneficios netos en el primer semestre de este año. O sea, la situación no es precisamente dramática.

El caso es que hace tres años, Endesa —la compañía con mayor cuota de mercado en Cataluña y la única que ha firmado el convenio— se comprometió con la Generalitat a instalar contadores sociales en viviendas ocupadas por familias vulnerables. Y en este trienio ha colocado 63, una cifra que contrasta con el millar largo instalados, por ejemplo, para el suministro de agua. Entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética esperan que la Generalitat presione a las eléctricas para hacer cumplir el acuerdo. Pero de momento se sigue el poco estresante ritmo de 21 contadores al año. La pasividad por el lado gubernamental y la resistencia a la contra por parte de Endesa frustran el empeño. Los contadores sociales no son un antojo, pues, además de garantizar el suministro eléctrico a familias en situación de vulnerabilidad que ocupan viviendas, evitan los pinchazos directos a la red que en los picos de frío del invierno han derivado, en ocasiones, en incendios con resultado de víctimas mortales.

En Cataluña, las familias vulnerables cuentan con un doble escudo. Por un lado, la ley 24/2015 del Parlament obliga a no cortar la luz a quienes se hallen en esta situación, previo informe de los servicios sociales. Por otro lado, existe el bono social aprobado por el Gobierno central, que cubre el 65% del recibo a quienes viven en situación de pobreza y hasta el 80% de los que están en la de vulnerabilidad severa. Esta reducción —que impide el corte de suministro en más de un millón y medio de hogares— acaba el 31 de diciembre de este año si el Consejo de Ministros del 26 de diciembre no decide prorrogarlo en su última reunión del año. Sería una merecida pedrea benéfica en un mundo en el que las grandes eléctricas tienen todos los números del gordo de Navidad.

La presión de los lobbies y los recursos judiciales sistemáticos de las eléctricas dificultan que el poder político democrático ponga orden en esta selva gobernada por la ley del oligopolio. Una investigación publicitada el pasado mes de octubre por diversas asociaciones, entre ellas la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), mostraba que Iberdrola (la principal eléctrica española) cuenta en su cúpula con nueve abogados del Estado en excedencia y con destacados fiscalistas e inspectores de Hacienda. Con tales mimbres, no es extraño que un recurso impugnando el mecanismo de financiación del bono social obligase en julio pasado al Gobierno central a devolver 320 millones de euros a tres grandes compañías.

Las eléctricas tampoco perdonan el argent de poche. El pasado mes de septiembre, dos de los máximos directivos de DPS Consulting —un bufete jurídico que actúa a modo de cobrador del frac— fueron condenados a un año y ocho meses de prisión cada uno por hacerse pasar por personal judicial para cobrar a Yolanda Peregrín (en situación de vulnerabilidad y con menores a su cargo) una deuda de 2.300 euros a Endesa. DPS Consulting (ahora Padres Seixa) continúa trabajando para grandes compañías y para la propia Endesa. No hay enemigo pequeño en la selva del gran dividendo.

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