El alquiler legal de habitaciones a turistas no despega en Cataluña

La Generalitat de Cataluña permite registrar, desde agosto de 2021, un año después de su aprobación, la fórmula de los “hogares compartidos”. Cualquier propietario que sea persona física puede alquilar, en la casa o piso donde está empadronado, habitaciones a turistas. Máximo a cuatro personas y no más de 31 días al año. La figura se reguló como complemento o alternativa a los pisos turísticos, cada día más cuestionados por la opinión pública, sobre todo en las grandes ciudades, por el impacto que tienen en el mercado de la vivienda. Dos años después, la receta no despega y solo 517 familias han solicitado número de identificación del Registro de turismo de Cataluña (NIRTC). Para calibrar la cifra, en Cataluña hay 103.000 pisos turísticos, de los que el Govern quiere cerrar 28.000. Los expertos consultados consideran que el poco interés por una figura turística que se podría parecer al Bed and Breakfast anglosajón es la constatación de varias realidades: que existe una oferta ilegal paralela y consolidada, que en Cataluña no hay cultura de alojar a turistas en casa, y que la industria turística está en manos de grandes operadores.

El decreto especifica que la actividad solo está permitida en ayuntamientos que lo autoricen, y que es la administración municipal la que habilita y comunica altas y bajas al registro de Turismo. Ello explica que en Barcelona no haya ni uno, porque por ahora está prohibido el alquiler de habitaciones turísticas por menos de 31 días, aunque el alcalde Jaume Collboni tiene sobre la mesa la propuesta de permitirlas en una futura versión del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT). La alcaldesa Ada Colau, que al inicio de sus dos mandatos lo consideraba una fórmula aceptable, en contraste con los pisos turísticos a los que declaró la guerra, acabó vetándola por, argumentó, la imposibilidad de controlarla.

Fuera de la capital catalana, entre los 517 hogares compartidos registrados, las poblaciones donde más hay son L’Hospitalet de Llobregat (57), Lloret de Mar (26) y, siempre con menos de 20 licencias, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Tarragona o Girona. El resto dibuja un panorama atomizado y esparcido en poblaciones metropolitanas, las de costa y, de forma muy minoritaria, Pirineo o Terres de Lleida. Sobre su ocupación, la Generalitat desconoce cuántas noches se han alquilado estas habitaciones, porque las estancias, y el pago de la tasa turística, se contabilizan en la estadística de los pisos turísticos.

La directora general de Turismo, Marta Domènech, no valora la cifra: si 517 son muchos, o pocos, o esperaban más. “No puedo valorar, no quereos ser Gobierno de reacción sino de acción, nos avanzamos para dar seguridad antes de tener problemas: a quien aloja y a quien se aloja”, defiende. “Nuestra obligación como destinación turística es dar marco jurídico a los visitantes”, señala y relata el proceso de habilitación de esta oferta. “Cuando peinamos páginas de oferta turística las habitaciones proliferaban en portales como Airbnb y siguiendo las demandas del Parlament como nueva modalidad de alojamiento, nuestra obligación era trabajarlo con solidez: aflorar una oferta que existía y fomentar el turismo de calidad, fiabilidad y excelencia para que estuviera bien trabado y proteger la destinación y mejorando la experiencia del visitante”. Igual que el resto de la oferta legal, destaca, los clientes de estas habitaciones pagan tasa turística, de la que la mitad de la recaudación revierte en los municipios. Sobre si Turismo planea hacer alguna campaña para dar a conocer los hogares compartidos, Domènech contesta: “Nosotros fomentamos las destinaciones, no los alojamientos”.

El geógrafo de la Universitat de Girona y miembro del Instituto de Investigación en Turismo, José Antonio Donaire, apunta que basta con mirar herramientas como la araña Inside Airbnb para constatar que “hay muchas más habitaciones de alquiler que las 500 registradas”, lo que demuestra que buena parte de la oferta real no está legalizada. En Girona aparecen 1.700, concentradas en la costa, y en la ciudad de Barcelona, pese a estar prohibidas, hay 7.600 según este portal no oficial. En segundo lugar Donaire señala que si la actividad es menor que en otras destinaciones es “por razones culturales: en otros países el alquiler de habitaciones a turistas es habitual”; y en tercer lugar, demuestra que “el sector turístico, la industria con las ofertas existentes, ya resuelve la demanda de alojamientos”.

Desde el departamento de Antropología de la Universitat de Barcelona, el experto en turismo urbano Claudio Milano coincide con Donaire en que “cuando hablamos de viviendas de uso turístico hablamos de empresas”. “Decir que los pequeños propietarios pueden diversificar sus ingresos con el alquiler de habitaciones a turistas es una cortina de humo. Que haya solo 500 registradas es la constatación de que la oferta de vivienda turista está en manos de grandes empresas y que hay una concentración de capital”, asegura y entiende que los hogares compartidos podrían funcionar en “destinos que no sufren masificación”, mientras “en destinaciones que están en el punto de mira, la fórmula puede acabar siendo un problema”.

eFuera de la capital catalana, entre los 517 hogares compartidos registrados, las poblaciones donde más hay son L’Hospitalet de Llobregat (57), Lloret de Mar (26) y, siempre con menos de 20 licencias, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Tarragona o Girona. El resto dibuja un panorama atomizado y esparcido en poblaciones metropolitanas, las de costa y, de forma muy minoritaria, Pirineo o Terres de Lleida. Sobre su ocupación, la Generalitat desconoce cuántas noches se han alquilado estas habitaciones, por