La caza, de nuevo en el punto de mira en Cataluña

En las últimas tres décadas han muerto una treintena de personas, la mayoría hombres, y ha habido decenas de heridos por accidentes de caza en Cataluña. La última víctima mortal falleció el pasado septiembre durante una batida de jabalís en Arbúcies (Girona) y reabrió la polémica del uso que se hace del medio natural, compartido entre cazadores y el resto de usuarios. Ciclistas, motoristas, caminantes y buscadores de setas deben convivir con la caza, con la mayor seguridad. Un sector de la sociedad criminaliza a los cazadores -cada vez mayores- que se defienden afirmando que hacen un servicio público abatiendo especies con sobrepoblación con seguridad y que algunos, ciclistas sobre todo, ignoran las advertencias. Ante una desfasada Ley de Caza (1970), el Govern, con todos los sectores implicados, redacta una Ley de Caza catalana que debería entrar en el Parlament a finales de 2024 y mejorar la convivencia. También preparan una aplicación móvil, como Google Maps, para marcar en rojo las batidas.

Desde 1989 han muerto al menos 27 personas en Cataluña y más de 100 personas en los últimos 15 años en el conjunto de España –sin contabilizar el País Vasco-. Además, ha habido más de 800 heridos. Las cifras no son exactas porque la fuente de estos accidentes en España es la Guardia Civil –excepto en el País Vasco y en Cataluña con competencias transferidas- y las últimas las facilitó en 2020. Tampoco disponen de datos Mossos d’Esquadra y Ertzaintza, que gestionan la información por tipos penales y no cuentan víctimas por accidentes de caza. Según los Agentes Rurales, las principales causas son un disparo sin identificar el objetivo; mala manipulación del arma; disparos dentro del ángulo de 30 grados de seguridad (para evitar tiros cruzados); en dirección a la zona de seguridad y caídas y rebotes de bala.

Aunque en los últimos años se han tomado medidas –chalecos fluorescentes, carteles que informan de las batidas y cintas que balizan- y se ha ganado seguridad, siguen sucediendo accidentes. La voluntad es conseguir su máxima reducción. Deberán respetarse los usos de los que cada vez más van a los bosques, recordando que el 80% de los de Cataluña son privados y que los cazadores pagan por cazar en los cotos. Govern y cazadores afirman que hacen un servicio público. “Somos la primera línea de defensa ante el gran daño que hacen en cultivos, en accidentes de tráfico y en la entrada de la peste porcina africana”, dice Joan Espona, vicepresidente de la Federación Catalana de Caza en Girona. No ve justo que les criminalicen y pide que multen a los que entran en las batidas, ahora sólo se hace a los que las interrumpen aposta.

En Cataluña hay concedidas 112.314 licencias de caza, que se corresponden con 210.821 armas de fuego, de caza mayor y menor. Un total de 57.831cazadores tienen el permiso de caza vigente y de estos el 43′8% son mayores de 65 años. Sumado al descenso de jóvenes sube la media de edad, en 2008 era de 51 años y ahora está en 60, lo que según los expertos, puede favorecer posibles incidencias. El 90% de ellas se producen en las batidas de jabalís. Aunque el periodo hábil va del primer domingo de septiembre al último de marzo, se caza todo el año por la elevada densidad del animal. “Es un deporte seguro, no es de los de mayor riesgo”, reitera el presidente de la Federación Catalana de Caza (Federcat), Sergi Sánchez. No obstante, el uso de armas de fuego lo convierte en una actividad muy peligrosa cuando no se utilizan con método, responsabilidad o interviene el azar.

Francesc Jiménez es un ingeniero industrial vecino de Vilassar de Mar, de 44 años, con dos hijos y amante de la bicicleta. El 29 de enero de 2022 salió por la Brolla d’Abril en Argentona, como tantas veces. El disparo de un cazador que dijo ver un jabalí que nadie más vio, le dio en el omoplato y le dejó, “milagrosamente” vivo, pero en silla de ruedas. Desde entonces él y su familia promueven la seguridad en los bosques. Discrepa de los que dicen que se saltan los carteles. “Muchas veces no se ven, es lo que me pasó a mi, si los veo no entro, no tenía ningunas ganas de jugarme la vida, habría cambiado de ruta y si no lo hubiera visto seguro qu me hubiera ido a casa”, sostiene.

Entre las medidas propuestas a los políticos está que no se pueda cazar en fines de semana; ampliar las exigencias de señalización de caminos y senderos de acceso a la batida; hacer un mapa de zonas sensibles por mayor afluencia de gente; establecer estándares más rigurosos para dar autorizaciones que analicen la edad; crear un registro de accidentes de caza que facilite saber sus causas y usar otros métodos para reducir la sobrepoblación.

Para la directora General de Ecosistemas Forestales, Anna Sanitjas, la Ley de Caza “es una necesidad importante por seguridad y por toda la problemática que lleva asociada”. La Ley española es de 1970, por eso se intenta hacer una Ley de Caza catalana. En enero se inició un proceso participativo con 12 sesiones por todo el territorio con agricultores, animalistas, cazadores y propietarios forestales. De octubre a diciembre se prevé trabajar en cinco grandes bloques temáticos como la actividad cinegética y la conservación, la seguridad y la compatibilidad de usos, los daños cinegéticos y la declaración de emergencias cinegética. Para ella “la idea es que a final de 2023 haya un documento de síntesis del proceso participativo, que a mediados de 2024 haya un anteproyecto de Ley y que el segundo semestre se pueda llevar al Parlament. Regulará como cerrar, como vestir, etc”.

Carlos, cazador de l’Empordà, ve “complicada la solución”. “Todos vamos al bosque, no nos respetamos y llegan los accidentes. Unos entran en lugares señalizados de cacerías y otros disparan sin ver la pieza, todo imprudencias”, afirma. Aunque la ley marca que para disparar debe verse el animal, algunos solo lo “oyen”. Él siempre aconseja: “Si no ves el morro y la cola del jabalí, no dispares”.

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