Barcelona recurre la sentencia que ordena revertir la peatonalización estrella de Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona ha recurrido la sentencia del juzgado contencioso 5 de la ciudad que revocó la supermanzana de Consell de Cent, y entre sus argumentos reprocha que la jueza “no valora” los informes municipales que se aportaron al contestar la petición de Barcelona Oberta, que inició el procedimiento para revertir las obras.

El Consistorio ha explicado en un comunicado este viernes que ha contestado así al argumento de la sentencia según el cual las obras impiden la funcionalidad del Plan General Metropolitano (PGM), y el Ayuntamiento remarca que este Plan no establece “ninguna referencia a las características que deben tener las urbanizaciones viales” ni qué porcentaje de suelo hay que dedicar a cada medio de transporte.

Respecto a la confluencia de las calles Consell de Cent y Enric Granados, que según la jueza requiere una modificación del PGM, el Ayuntamiento también ha criticado que “la sentencia se limita a transcribir una parte del informe aportado por la parte demandante que, en ningún momento, hace una análisis concreta de las obras ejecutadas ni tiene en cuenta ninguno de los informes municipales”.

La jueza también argumentó que el Ayuntamiento no ha hecho constar ningún estudio o memoria socioeconómica y ambiental sobre las obras, a lo que el consistorio replica que la sentencia “no cita cuál es el precepto que se ha infringido” al no aportarlos, y afirma que sí se hicieron estudios de movilidad, actividad económica, salud y calidad ambiental antes de aprobar los proyectos.

Entre los argumentos que el Consistorio esgrime en su recurso también está la vulneración de la directiva europea sobre calidad del aire, así como la vulneración de la jurisprudencia comunitaria en esta materia, porque cree que en caso de ejecutarse la sentencia “se provocaría un incremento de los niveles de contaminación”.

Además, el Consistorio alega que se ha vulnerado la normativa sobre competencia municipal sobre la movilidad sostenible y la legislación urbanística estatal que establece el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

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