ERC se enreda con la amnistía y Junts reactiva la protesta por el trato fiscal a Cataluña

Los tanteos por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ponen todos los micrófonos frente a los partidos independentistas catalanes y, en semejante escenario, las directrices pasan por no desaprovechar la oportunidad de levantar la voz. Por un lado, Esquerra busca encontrar su lugar en el tablero de la negociación. De momento, es infructuoso su intento de contrarrestar la pinza entre cierto discurso de hechos consumados de los socialistas respecto al apoyo republicano y la crítica constante de Junts sobre los pocos resultados de las negociaciones en el pasado. Incluso peor: comienzan a enredarse en la maraña del relato, dado bandazos sobre si les bastaría (o no) con solo un compromiso de aprobación de la amnistía para votar la investidura. Junts, por su parte, ha reactivado el argumentario sobre el trato fiscal que recibe Cataluña. El partido concluye, en el seno de una comisión parlamentaria sobre la “deuda histórica” del Estado con los catalanes, que la cifra asciende 450.000 millones de euros.

En las filas de ERC siguen insistiendo en dar por descontada la amnistía aunque sus primeras espadas envíen mensajes contradictorios sobre el estado en que debería estar su aprobación para dar el sí a la investidura del actual jefe del Gobierno. El pacto de la Mesa del Congreso, dijo este miércoles Junqueras, “incluye poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias, y es evidente que la amnistía es la más efectiva”. El republicano recurrió así a un silogismo para apoyar la supuesta existencia del pacto con los socialistas sobre el perdón, cuyo texto escrito no se conoce.

Junqueras insistía así en el argumento que el pasado martes ya había negado con contundencia el ministro de Cultura, Miquel Iceta y otras espadas socialistas, tras un primer momento de silencio. Ayer, sin embargo, fue el propio Sánchez el que dio alas a la posibilidad de que, tras los indultos y la reforma del Código penal, sí lleguen los indultos. “Voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña. Y estoy diciendo mucho”, dijo en una intervención desde Nueva York, la primera rueda de prensa que ofrece en un mes.

Pero el líder republicano fue más lejos: “Puesto que el PSOE ya se ha comprometido a esto, podemos dar por descontada ya esta amnistía y sobre ella podemos seguir trabajando para conseguir todos los derechos democráticos, entre ellos, el de autodeterminación”, dijo en una comparecencia con motivo del aniversario del registro policial de la sede del Departamento de Economía, en 2017.

Defensores de la amnistía desde el primer momento, los republicanos ven ahora como es Junts quien parece capitalizar el logro de que el PSOE se abra ahora a su aprobación tras años de negativas cerradas. “La amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial. La cuestión no acaba ni con los exiliados ni con los presos y presas políticas, sino que hay que hacerla extensiva al resto de las 3.000 personas que sufren causas judiciales”, escribió el propio Junqueras en un artículo del Ara, en 2021, justo antes de que se le concediera el indulto.

Puigdemont, en su conferencia en Bruselas hace dos semanas, puso como condición para “comenzar” a negociar la investidura la aprobación de la amnistía. Se trata de una temporalidad muy ajustada y que tanto los socialistas como en Sumar ven poco realista. Junts no afloja pero en ERC reina la polifonía. La diputada Teresa Jordà aseguró el pasado día 13 que les bastaría “un compromiso firme, firmado, con una calendarización y con la firme voluntad política de que se llevará a cabo” la amnistía para votar la investidura. El pasado lunes, la portavoz del partido, Raquel Sans, evitó aclarar si era condición previa o no, después de que la secretaria adjunta del partido, Marta Vilalta, matizara a Jordà al decir que su formación “no renunciaba” a tener aprobada antes de la investidura el perdón para los encausados al procés pero tampoco “le bastaba” el compromiso de ponerlo en marcha.

Por su parte, Junts per Catalunya ha cifrado en 450.000 millones de euros la “deuda histórica del Estado con Cataluña”, aproximadamente un tercio del PIB español. El cálculo es el resultado de valorar “los incumplimientos y las políticas llevadas a cabo por el Estado español” durante las últimas décadas en relación con Cataluña, desglosa el partido independentista en las conclusiones que ha presentado a la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña en el Parlament. En plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez, Junts ha registrado un informe para subrayar la aportación económica que hace Cataluña al Estado, sin que haya retorno, aunque han subrayado que no lo vinculan a la negociación de la investidura. La formación resalta que ha calculado la cifra teniendo en cuenta 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones en los últimos 40 años “de infrafinanciación”. En resumen, el diferencial entre los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes y la inversión y las transferencias de recursos realizada por el Estado a Cataluña.

“Deuda histórica”

El concepto “deuda histórica”, detalla el documento de Junts, responde a “todo aquello que se puede considerar deuda de ejecución, en concreto las obligaciones reconocidas por el Estado y no ejecutadas”. El reporte destaca que el “déficit fiscal crónico” atenaza las cuentas de Cataluña y afecta “gravemente” el nivel de bienestar de sus ciudadanos. Las conclusiones debían someterse a votación este martes en el Parlament, en la reunión de la Comisión sobre la Deuda Histórica. La convocatoria se canceló a última hora para dar más margen de tiempo para valorar las propuestas de los distintos partidos pero aún así los de Puigdemont optaron por mostrar el suyo.

Miquel Iceta y también el primer secretario del PSC, Salvador Illa, fueron los encargados este miércoles de insistir en la negativa de los socialistas sobre presuntos acuerdos que pudieran estar “fuera de la ley”, aunque sus palabras fueron después sobrepasadas por el planteamiento más amplio de Sänchez. El titular de Cultura aceptó en una atención a los medios que se lleva meses dialogando a diferentes bandas para “poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas” pero ja negado categóricamente que se haya puesto por escrito la posibilidad de una amnistía. “Ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice”, aseguró

Illa, por su parte, también rebatió las afirmaciones de los republicanos sobre la amnistía. Lo expuso en unas declaraciones en el programa Cafè d’idees, de TVE en Cataluña. “Cuando hacemos un acuerdo lo explicamos. Creo que con eso lo explico todo”. El líder del PSC recalcó que su partido opta por la discreción y que su terreno de juego es el marco constitucional. “¿Si hemos cambiado de vista sobre la amnistía?”, se preguntó. “De momento no hemos cambiado de punto de vista. Estamos explorando en base a unos resultados a ver qué se puede hacer. Como siempre con generosidad e intentando no ser ingenuos”, dijo. Illa también manifestó que descarta ir a Bruselas a hablar con Puigdemont.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal