Que Barcelona no se pierda

La noticia conocida esta semana, según la cual la se ha elevado la acusación en contra de Ada Colau por la realización de los llamados ejes verdes a la categoría de fraude en subvenciones -que puede comportar, en su tipificación, una pena de cárcel-, representa un acontecimiento decisivo, como mínimo en términos políticos. Los hechos son conocidos: el exarquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona durante los mandatos del PSC, José Antonio Acebillo, querelló la entonces alcaldesa alegando que las modificaciones realizadas en los últimos años serían irregulares al no haberse previsto cambios que los ampararan en el Plan General Metropolitano, a pesar de que tanto los servicios jurídicos municipales como la Generalitat no lo consideraron necesario. Acebillo, de hecho, recurrió primero a la Fiscalía, que archivó el caso, pero presentó otra denuncia. Ahora la jueza María del Carmen Suárez no sólo acogió sus argumentos, sino que se inclinó en la dirección de posibles consecuencias penales. La defensa, tanto de la exalcaldesa, como de la exconcejala de movilidad, Janet Sanz, pidió el archivo del caso.

La justicia hará su curso, pero es imposible separar esta noticia de la sorprendente, rocambolesca e incluso esperpéntica decisión judicial también de la pasada semana que, sobre la base de un recurso de una entidad como Barcelona Oberta (que agrupa diferentes agentes económicos “fuertes” de la ciudad) dictamina la reversión de las obras de peatonalización de la calle Consell de Cent. La sentencia ha motivado la crítica de los habitantes e incluso una manifestación pública de los querellantes que piden que no se ejecute por el elevado coste que supondría para las arcas municipales. El actual equipo de gobierno municipal ha decidido recurrir la sentencia, aunque fuera con la boca pequeña. En verano, y con la boca muy grande, en cambio, el neoalcalde Jaume Collboni anunció como su primera decisión la eliminación del espacio peatonal de la calle Pelai.

Todo ello nos habla de diferentes cosas. La primera es que en el último tramo de los mandatos de Ada Colau, caracterizados por unos cambios orientados a modificar estructuralmente el urbanismo de la ciudad en favor de una ciudad más sostenible ambientalmente y facilitadora de la vida comunitaria -y que han cosechado premios y reconocimientos en todo el mundo- se ha desarrollado una ofensiva judicial que parece reunir las características del lawfare. La segunda, y quizás más importante, es que la ofensiva parece seguir, también en términos políticos. El alcalde y el PSC de Barcelona -que también formaban parte del gobierno de Colau-, tienen ahora la responsabilidad de clarificar hacia dónde va la ciudad. Si siguen apostando por un modelo de futuro -y ello implica también políticas de alianzas coherentes-, o se refugian en soluciones conservadoras. La innovación política, institucional y urbanística ha sido, desde la recuperación de los ayuntamientos democráticos, el componente más importante de la propia identidad de Barcelona y la clave de su propia relevancia política. Si Barcelona pierde la apuesta para la innovación, se pierde a ella misma.

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