Los delitos sexuales investigados en Barcelona aumentan un 27% con respecto a los registrados en 2022

En 2022 se interpusieron un total de 2.788 denuncias por delitos sexuales en la capital catalana, lo que supone un aumento del 27 % respecto al año anterior, cuando la cifra total de agresiones y abusos sexuales investigados fue de 2.192, según los datos hechos públicos este jueves por decanato del partido judicial de Barcelona. La jueza decana, Cristina Ferrando, ha presentado la memoria correspondiente 2022, en la que se recoge esta cifra y ha además ha reconocido la existencia de una tendencia al alza de las denuncias por delitos contra la libertad sexual.

En esta materia, ha puntualizado Ferrado, todavía es pronto para valorar las repercusiones de la denominada ley del sólo sí es sí. La que la modificación de las horquillas de penas conllevó a una revisión y bajada de condenas en muchos agresores sexuales. Por lo que respecta a este tipo de delitos cometidos por menores de edad, las cifras también revelan una tendencia ascendente, que se ha duplicado desde 2016 ya que mientras hace 7 años las denuncias por este tipo de delitos fueron 60, en 2022 se elevaron a 139.

Ferrando ha destacado que cuando los delitos sexuales afectan a menores estos deben de ser entrevistados por equipos técnicos especializados, asesorados por psicólogos y en salas especiales para ello. Todos esos requisitos redundan en que actualmente el tiempo de espera medio para tomarlos declaración es de seis meses. “Se están tomando medidas provisionales sin haber escuchado al menor”, ha denunciado la decana. A pesar de esto, ha explicado que “recientemente, se ha modificado este servicio para dar prioridad a algunos casos, como las causas preescolares”, con el objetivo de reducir el tiempo de espera en los casos más vulnerables.

La falta de recursos ha sido la conclusión más evidente que reflejan las cifras de la memoria judicial hecha por la máxima representante del partido judicial de Barcelona, en la que queda patente que en 2022 se registraron 33.000 asuntos más que el año anterior. No obstante, Ferrando ha querido agradecer la labor de todos los trabajadores, que han conseguido “resolver un mayor número de asuntos pendientes respecto al inicio del año”, reduciendo los 174.000 procedimientos abiertos a principios de 2022 a 162.000 en el momento del cierre.

La decana ha puesto el foco en los juzgados de instrucción, de capacidad y de ejecutorias penales, dado la gran sobrecarga de trabajo que sufren. En el caso de los juzgados de primera instancia, se superó en un 65 % el número de procedimientos ideal que deberían afrontar, lo que Ferrando califica de “condiciones en las que no se puede trabajar adecuadamente”. Por este motivo ha exigido la creación de un nuevo juzgado de capacidad en 2023, así como que se materialice la promesa de la Generalitat de fundar otro juzgado de ejecutorias.

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