La Junta Electoral Central da 10 días al Parlament para que retire el acta de diputada a Borràs

El futuro de Laura Borràs como diputada del Parlament —y, por consiguiente, el de la presidencia de la Cámara autonómica— sigue en el aire. La Junta Electoral Central (JEC), tras varias horas de reunión, ha acordado este jueves dar 10 días a la Cámara para que le retire el acta a la también líder de Junts, pues contra ella pesa una pena de inhabilitación por delitos contra la Administración. La decisión de la JEC alarga unos días más la espera de ERC, Junts y el resto de partidos del arco parlamentario, en pleno debate sobre la interinidad de la presidencia del Parlament, y llegará previsiblemente a las puertas de la campaña electoral.

Borràs gana así algunos días, aunque parece que el sentido del desenlace es inevitable. La JEC recuerda en su escrito que la Ley Electoral fija como causa de inelegibilidad sobrevenida la existencia de una sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. Es su caso: el pasado 30 de marzo fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad agravada. El tribunal consideró probado que entre 2013 y 2018, cuando dirigía una entidad cultural dependiente de la Generalitat, troceó contratos para poder adjudicárselos a dedo a un amigo.

Con el requerimiento, la Mesa del Parlament deberá optar si acata la decisión de la Junta Electoral o si bien presenta alegaciones porque la sentencia contra Borràs no es firme. Hace un año, la Mesa impulsó un contencioso-administrativo contra la decisión de la JEC de retirarle el escaño al diputado de la CUP, Pau Juvillà, condenado por desobediencia por colgar un lazo amarillo en su despacho del Ayuntamiento. Pero el caso de Borràs es distinto porque está condenada por delitos de corrupción. ERC y el PSC, con dos miembros cada una en el órgano de gobierno de la cámara -los otros dos son de Junts y la CUP- han pedido de forma reiterada a la líder de Junts que renuncie al acta. La Mesa está presidida de forma provisional por Alba Vergés, de ERC. Esquerra renunció este martes a apoyar una proposición del PSC para forzar la destitución. Salvador Illa, líder del PSC, lamentó que se haya tenido que aguardar a que la JEC intervenga así como “la inacción y pasividad de ERC, Junts y la CUP que fueron los tres grupos que la auparon a la presidencia.

El acuerdo de la Junta Electoral recuerda que la retirada del escaño en este supuesto es “una consecuencia automática de la pena impuesta por la sentencia” y, por tanto, insta a la Cámara a que en 10 días comunique “las decisiones, resoluciones o cualesquiera otra medida que haya podido tomar” respecto a la nueva situación de Borràs. La defensa de la presidenta suspendida también puede presentar sus alegaciones.

La JEC subraya, además, que “cabe sustanciar ante la Cámara” la situación, pero, ante una eventual “inactividad o cualquier otra razón”, puede actuar la Administración electoral “en aplicación directa” de la ley. Es decir, que si en diez días el Parlament no retira el escaño a Borràs o no brinda argumentos sólidos para no hacerlo, se expedirá una nueva credencial de diputado al siguiente miembro de la lista de Junts.

La Junta Electoral ha decidido asumir el caso de manera directa. No lo ha trasladado, por tanto, a la Junta Provincial de Barcelona, que es la que en su día le dio la credencial a Borràs y que ahora está constituida, por hallarse en periodo electoral. Esa decisión de la JEC de no delegar el asunto contrasta con lo que hizo en enero de 2022 con el caso de Pau Juvillà. En ese momento, el órgano defendió que actuaba “por no estar constituida la Junta Provincial de Lleida”, pero la Junta de Barcelona está activa desde el pasado 3 de abril.

Que la Junta Electoral haya decidido resolver también cierra la posibilidad a un eventual recurso. El futuro del escaño será pues, aparentemente, cuestión de días. Incluso dentro de la formación fundada por Carles Puigdemont hay voces que piden que se acabe la situación de interinidad en la presidencia del Parlament, la segunda autoridad de Cataluña. Esa interinidad se alarga desde julio del año pasado, cuando, en aplicación del reglamento de la Cámara, Borràs fue suspendida de funciones porque se le había abierto juicio oral por delitos de corrupción.

La vía administrativa sobre el escaño sigue en paralelo a la del recurso a la sentencia del TSJC. La defensa de Borràs ha anunciado formalmente este jueves su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la condena, y tiene 15 días para hacerlo. La Fiscalía no recurrirá.

Los precedentes

No es la primera vez que el Parlamento catalán se enfrenta a la decisión de la autoridad electoral de retirar el escaño a un diputado condenado a inhabilitación. La propia JEC ha recordado hoy que eso ya sucedió en enero de 2020 con Quim Torra (aunque él siguió ejerciendo como president hasta septiembre, cuando el Supremo ratificó su condena) y en enero de 2022 con el diputado de la CUP. Ambos habían sido juzgados y declarados culpables de un delito de desobediencia, por no retirar simbología independentista de edificios públicos. El discurso del independentismo fue entonces el mismo de ahora: que un órgano administrativo no puede retirar un acta de diputado, y que el reglamento de la Cámara fija exige una sentencia firme para quitar el escaño. Pese a esa oposición conceptual, hasta la propia Borràs, que entonces ejercía de presidenta del Parlament, obedeció la decisión sobre Juvillà, aunque se presentaron alegaciones.

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