ERC renuncia a forzar la destitución de Borràs tras su condena y espera que la Junta Electoral le quite el acta

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido no intervenir en la destitución de Laura Borràs, la presidenta suspendida del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el caso de los contratos de la Institución de las Letras Catalanas, que presidió entre 2013 y 2018. El PSC planteó la semana pasada una reforma del reglamento de la Cámara que permitiera apartar definitivamente del cargo a Borràs, que se niega a dimitir. Pero ERC rechaza una reforma ad hoc de la normativa interna del Parlament, y esgrime que debe ser la propia afectada la que renuncie a la presidencia del Parlament por “responsabilidad y ética”. La Junta de Portavoces, por consejo garantista de los letrados, ha acordado, en cualquier caso, aplazar el debate al pleno de mayo.

Los letrados han planteado que esa reforma se realice por procedimiento de urgencia y no por lectura única, como planteaban los socialistas. La medida dilata los plazos. Alícia Romero, portavoz socialista, ha admitido que querían incorporar el debate en el próximo pleno, pero que asumen que no podrá ser al respetar el criterio del Consejo de Garantías Estatutarias. “No podremos resolver ahora la situación anómala y apelamos a la responsabilidad y al sentido patriótico de Borras”, ha afirmado la diputada socialista. “Lo mejor es que dé un paso al lado”.

Los republicanos se habían desmarcado de la proposición de los socialistas antes de que los letrados propusieran demorar el debate. Con su decisión, ERC espera que sea la Junta Electoral Central (JEC) la que inicie este jueves el procedimiento para retirarle el escaño a Borràs de la misma forma que ya hizo en su día con el expresident Quim Torra o con el diputado de la CUP Pau Juvillà, condenados ambos por desobediencia. La administración electoral despojó del acta al anticapitalista sin aguardar ni siquiera al recurso que este presentó ante el Tribunal Supremo.

Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha alegado que el texto socialista tiene “claroscuros” y que la reforma es innecesaria. “Si [Borràs] fuera de ERC ya no estaría en el cargo. Apelamos al sentido común, a la responsabilidad y a la ética”, ha afirmado la republicana, que hoy ha presentado otra reforma del reglamento pactada con la CUP que aspira a modificar el voto telemático o poner coto a los discursos de odio en la Cámara. La socialista, sin embargo, ha evitado replicar a Vilalta, pero sí ha avanzado que en cuanto Borràs sea despojada de su acta presentarán una solicitud. “Pediremos una nueva presidencia. Y espero que ERC sea clara con esta situación anómala”, ha dicho.

La situación de Borràs —que se niega a dimitir por considerar que no ha sido condenada por corrupción sino por su ideología independentista— ha catalizado al menos dos posibles reformas legales. La primera es la impulsada por el PSC y la segunda es la que promueven los socialistas, ERC y los comunes para modificar la ley de los expresidents y evitar la “vergüenza”, en palabras de David Cid, portavoz de los comunes, de que una persona condenada por corrupción pueda recibir, una vez ya retirado el escaño, una asignación pública de 120.000 euros anuales.

Con todo, Borràs posiblemente se verá despojada de su acta y podrá seguir cobrando esa asignación porque la nueva ley no estará aprobada. Cid ha matizado que su proposición contemplaba retirar la asignación solo cuando la sentencia fuera firme y que, por tanto, no se ven interpelados por esos plazos. “Ya dijimos que no era una buena idea proponer a Borràs como presidenta. El suyo es un caso de corrupción; y es responsabilidad de Junts y ERC y de la CUP, que se abstuvo y gracias a eso tiene un lugar en la Mesa. La dimisión tenía que llegar antes”, ha afirmado.

La bancada de la derecha (Vox, Ciudadanos y PP) presentó una petición a la Junta Electoral para que le retire el escaño a Borràs. Nacho Martín Blanco, portavoz de Cs, ha considerado que el debate generado es “artificial” aunque el PSC quiera parecer ahora, ha dicho, “como adalid de la transparencia y de la lucha contra la corrupción”. El diputado ha esgrimido que el reglamento ya prevé que un parlamentario condenado debe abandonar el acta. “Al PSC puede interesarle mediáticamente el caso, pero son fuegos artificiales. Es una medida gratuita que distorsiona el debate público”, ha dicho, asegurando que Borràs tiene “mucha cara dura” al enrocarse y no dejar el acta.

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