Barcelona frena medidas contra el coche privado a dos meses para las elecciones

Las ambiciosas y en ocasiones cuestionadas medidas del Ayuntamiento de Barcelona para reducir el tráfico pasarán un verdadero examen en las elecciones del 28 de mayo. Conscientes de esta situación y de las crecientes críticas por algunas restricciones muy concretas, el equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau y sus socios del PSC ha decidido levantar el pie del acelerador. No van a darle la vuelta de manera generalizada a sus políticas, pero sí que van a corregir algunos asuntos. Este viernes, por ejemplo, han admitido que están estudiando que los radares instalados en las escuelas no denuncien las 24 horas del día. Además, en las últimas semanas, se ha optado por frenar la pacificación de las calles que rodean cuatro centros escolares del distrito de Sant Martí y que eliminaban plazas de aparcamiento, algo que molestaba a muchos vecinos. Esta flexibilización también está tensando —una vez más— la coalición de gobierno. Precisamente en Sant Martí, BComú se opone a la relentización de las pacificaciones decretada por el regidor del distrito, David Escudé (PSC). De hecho, el alcaldable socialista, Jaume Collboni, ya ha defendido que “la guerra contra el coche es un error” si no se da alternativas reales a los conductores.

El Ejecutivo municipal ha admitido este viernes que la instalación de 17 radares ubicados en las cercanías de las escuelas y las sanciones a todo aquel que circule a más de 30 kilómetros por allí son medidas excesivas y ha pedido un informe para suavizar su aplicación. Desde el pasado 16 de enero, se fotografía y multa a todo coche que vulnere la restricción, con una media de 686 vehículos diarios sancionados desde entonces. La concejalía de movilidad ha pertenecido en este mandato al PSC ( primero con Rosa Alarcón como responsable y ahora con Laia Bonet). Los dos socios en el Gobierno siempre han alegado que reduciendo la velocidad en las zonas escolares se preserva la seguridad de los más pequeños, pero el problema es que los radares —integrados dentro del programa Protegemos las Escuelas— no solo multan en horario escolar sino las 24 horas, siete días a la semana. La multa mínima es de 100 euros.

La flexibilización de los horarios sancionadores de los radares no es la única medida que parece enfriar, en plena precampaña electoral, las medidas que buscan reducir el tráfico. En el distrito de Sant Martí se han paralizado las obras de pacificación de cuatro entornos escolares de la calle Perú, entre Bac de Roda y Rambla de Prim. Con esas obras se intenta aislar la circulación en los accesos de las escuelas. Los centros afectados son las escuelas Catalònia, Brasil, Escola Bressol Dolors Canals y el Centro de Educación Especial Concha Espina, según ha explicado el concejal de distrito, David Escudé (PSC).

El motivo de la paralización, a semanas de los comicios municipales, es que varios vecinos se manifestaron en contra de perder plazas de aparcamiento para así permitir las obras de pacificación. Escudé mantiene que lo que se ha hecho es garantizar el objetivo final, pero “de otra manera”, teniendo en cuenta las quejas de los vecinos. “La idea es que no se acabe con la mayoría de plazas en calzada que existen, tal y como contemplaba el proyecto original. Estamos en una zona donde la mayoría de viviendas no disponen de garaje”, argumenta el socialista. Escudé apuesta por alternativas “menos agresivas”, ya que al haber pacificado Pere IV cada vez hay menos plazas de aparcamiento. La decisión del concejal de Sant Martí fue criticada en el pleno del distrito por los consejeros de Bcomú.

Cambiar la normativa

En cuanto a los radares escolares, formaciones como el PP y Ciudadanos habían solicitado en varias comisiones estudiar el funcionamiento de la medida, pues creen que se han convertido en una verdadera máquina de emitir multas. Cristian Bardají, director del área de movilidad del Racc (uno de los lobbies más activos de la movilidad privada), ya advertía en el pasado mes de noviembre sobre algunas falencias. “Estos radares están colocados en espacios sin discontinuidad donde se pasa de 50 kilómetros a 30 sin que se haya adecuado el espacio para que se pueda reducir y limitar la velocidad. Es una verdadera trampa. Además, si el motivo es proteger los entornos escolares ¿por qué esos radares siguen operativos de noche, los fines de semana o en verano cuando no hay actividad escolar?”, explicó entonces.

Pese a las críticas, el equipo de gobierno defendía la instalación de estos aparatos sancionadores y comenzaron a multar a partir del 16 de enero. Así ha sido hasta este viernes. Según ha avanzado RAC1, la gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona ha pedido un informe jurídico para estudiar la posibilidad de eliminar la limitación de 30 kilómetros horas en estos puntos cuando las escuelas estén cerradas. Todo apunta a que los radares multaran a quién pase de 30 kilómetros hora cuando los niños estén en el colegio y fuera del horario escolar se multará a quien sobrepase los 50 kilómetros hora.

Fuentes municipales, admiten que se están estudiando flexibilizar los horarios, pero solo han querido anunciar públicamente: “Todas las sanciones se evalúan, se monitorizan y se estudian opciones y mejoras”. Si se modifica la velocidad dependiendo del horario escolar, serán unos de los pocos radares con esa peculiaridad en Europa. La concejal de movilidad, Laia Bonet, se ha limitado a admitir: “Este debate se debe hacer con calma, con rigor y datos y sin perder de vista las víctimas de los accidentes”.

Si finalmente se modifican los horarios, el Ayuntamiento también estudiará sus efectos retroactivos. Es decir, qué hacer con los centenares de multas impuestas a conductores que fueron fotografiados fuera del horario escolar circulando a más de 30 kilómetros por hora en las inmediaciones de los centros escolares.

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