El ciberataque que bloqueó la Generalitat pero no pudo con la consulta independentista del 2014

El 9 de noviembre de 2014 la Generalitat desatendió la advertencia del Tribunal Constitucional y celebró una consulta popular para conocer qué capacidad tenía el independentismo de atraer votantes a una urna. Aquella convocatoria, un ensayo muy primitivo de lo que supondría el 1-O en 2017, contó un 80% de votos favorables a darle a Cataluña forma de Estado propio. El Govern que presidía Artur Mas calificó de “éxito total” la jornada, que transcurrió bajo una aparente normalidad. Pero, mientras en los centros de votación se arremolinaban 2 millones de personas, varios servicios de la Generalitat quedaban bloqueados por un violento ciberataque. “Se paralizó el programa de recetas electrónicas de la Sanidad pública, la centralita de los Mossos d’Esquadra quedó bloqueada y, entre otras cosas, se inhabilitaron las aplicaciones que permiten hacer un seguimiento de los sistemas de movilidad, como el ferrocarril. Aquello no era cosa de aficionados”.

Lo recuerda bien Jordi Puigneró, que entonces ocupaba la dirección general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. “Era el máximo responsable político en materia de telecomunicaciones, porque aun no existía la consejería de Políticas Digitales”, explica. El 9-N se votó sin problemas, pero la sala de máquinas de Cataluña sufrió un cortocircuito.

Nueve años más tarde, una información revelada por EL PAÍS ha puesto al descubierto que detrás de aquella ofensiva tecnológica estaba un empresario israelí que trabaja para servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales. Tal Hanan tiene 50 años y es un experto en tecnología que desempeñó funciones de alto rango en el Ejército israelí. “Hace falta saber quien le contrató, porque es evidente que a este señor alguien le encargó lo que hizo y le pagó un dineral por hacerlo”, sostiene Puigneró. “Entonces, el Gobierno del PP no quiso investigar nada, lo que no deja de ser curioso teniendo en cuenta que lo que resultó atacado fue algo que para ellos es una institución del Estado”, abunda el político de Junts per Catalunya.

El torbellino informativo que generaba la celebración de una consuta por la independencia en Cataluña dejó en un segundo plano el embate contra el sistema nervioso del Govern. Pero la ola expansiva que generó aquello no fue menor. “En 2014 el presupuesto de la Generalitat en materia de ciberseguridad era de un millón de euros, hoy es de 20 millones”, sostiene Puigneró. “No se tenía conciencia de que este es un tema serio”, indica. Las precauciones que se tomaron con el entramado informático que sostenía la base de datos para contabilizar las votaciones evitaron que el ataque frustrara la votación. “La web de la consulta resistió porque estaba en unos servidores americanos, un servicio de ultraseguiridad que tenía unos costes elevados”, cuenta Puigneró, y revela el nombre de la herramienta: Akamai. “Como la web no se cayó, entonces bombardearon otros servicios de la Generalitat”. El responsable político de reparar aquella avería recuerda que los técnicos informáticos estuvieron trabjando durante tres días para resucitar los aplicativos: “Hubo médicos de urgencias que no pudieron acceder al historial informático de sus pacientes”, dice el exdirector general de Telecomunicaciones.

Protección

El susto activó las gestiones para agilizar la creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. “Era una demanda que yo había puesto sobre la mesa y, a partir de entonces, el presidente Mas dio todas las posibilidades para hacerla posible”, sostiene Puigneró. “Luego la pude poner en marcha cuando fui consejero con Quim Torra”, indica quien se considera el impulsor del escudo de las telecomunicaciones catalanas. “El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la Generalitat tiene derecho a poderse ciberdefender, de la misma forma que tenemos derecho a un servicio público de salud”.

Puigneró fraguó entre el círculo de confianza de Carles Puigdemont e hizo carrera dentro de Junts. Ejerció de vicepresidente de la Generalitat desde mayo de 2021 hasta hace cinco meses, cuando el president Pere Aragonès decidió cesarle. La destitución aceleró la desintegración del pacto de gobierno entre Esquerra y Junts y agravó las profundas diferencias que hay entre ambas formaciones. Pese a ello, Aragonès coincidió este miércoles con la demanda que hace su antigua mano derecha: “Por dignidad y justicia, hace falta aclarar los hechos”, manifestó el president, en referencia a saber quien está detrás del ciberataque del 9-N. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, avanzó que el Govern estudiará qué acciones legales puede emprender contra el empresario israelí autor del ataque porque aquella fue una “acción ilícita y una intromisión ilegítima en los sistemas de información de la Generalitat”.

Artur Mas se convirtió en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial al recibir una pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Este miércoles, Mas demandó que se aclare quien trató de boicotear el 9-N. “Con las nuevas informaciones aparecidas, hay que reclamar que la investigación se produzca ahora, sin excusas, con la máxima celeridad y llegando hasta el fondo”.

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