Cataluña aprueba con limitaciones una ley para agilizar los desahucios de okupas conflictivos

El Parlament ha aprobado este miércoles una nueva ley que permitirá a los Ayuntamientos actuar ante ocupaciones de pisos de grandes propietarios que generan problemas de convivencia vecinal. La norma, propuesta inicialmente por Junts per Catalunya, retoca la ley de vivienda de 2007 y el libro quinto del Código Civil catalán para crear el instrumento mediante el cual la Administración puede actuar ante la justicia si el dueño del inmueble afectado no lo hace. Se trata, sin embargo, de un texto descafeinado si se compara con el original, que buscaba que las comunidades de propietarios pudieran también iniciar ese tipo de procedimientos. La normativa, que recibió el sí de 102 diputados (Junts, ERC, PSC, Ciudadanos y Vox), también establece que, una vez la justicia avale el desalojo, el piso sea cedido por siete años para uso social. Los comunes y la CUP han votado en contra de una ley que consideran que genera “estigma y conflictividad”.

La idea sobre esta ley la había lanzado la exconsejera de Justicia, Lourdes Cuiró, antes de que el año pasado se rompiera la coalición entre Junts y ERC. Su mero anuncio generó gran polémica, pues fue leído por las fuerzas de izquierdas como un movimiento electoralista de cara a generar alarma social por las ocupaciones. El texto ha cambiado radicalmente en el trámite, que ha ido por la vía rápida. La propuesta inicial pretendía modificar el Código Civil catalán para legitimar a las comunidades de propietarios para recurrir ante la justicia si un gran tenedor se inhibía ante el deber de poner fin a una ocupación “conflictiva”. ERC ha logrado transaccionar ese extremo para que sean exclusivamente las Administraciones -se entiende que de manera preferente los Ayuntamientos- los que han de comenzar ese procedimiento tras las acreditaciones pertinentes (informes policiales, por ejemplo). Aquí las comunidades de propietarios si pueden elevar su queja al Consistorio. Un gran tenedor es la persona física que tenga más de 15 inmuebles o la jurídica que tenga más de diez.

La posibilidad de que fueran las comunidades de propietarios las que pudieran actuar dejaba un gran margen de discrecionalidad. El texto inicial defendía buscar dotar a los vecinos de una herramienta para luchar contra la “alteración de la convivencia, del orden público o pone en peligro la seguridad o la integridad del inmueble [por ejemplo, pinchar la luz]”. En las transacciones se ha incluido la expresión “alteración grave” y Junts ha recordado que hay jurisprudencia que permite encajar los supuestos, acotando así la interpretación. “No es una ley contra los ocupas, es una ley contra los grandes tenedores que no actúan ante ocupaciones que le están haciendo la vida imposible a los vecinos”, ha justificado la diputada de Junts Marta Madrenas.

Ciudadanos, quue transaccionó parte del texto con Junts y el PSC, ha criticado que haga una “expropiación” a los grandes tenedores una vez se complete el proceso. La ley fija que, por un periodo de siete años, el Ayuntamiento o Administración correspondiente podrá darle en ese tiempo un uso social a la vivienda permitiendo, por ejemplo, aumentar la bolsa de pisos de emergencia. “Son más duros con los propietarios negligentes que con los ocupas. Porque la ocupación es un delito”, ha dicho la diputada de Ciudadanos Anna Grau.

Susana Segovia, que ha intervenido por los comunes, ha criticado el cariz “electoralista” de la propuesta y ha dicho que en 2022 se han reducido un 22% de las ocupaciones en la capital catalana si se compara con el ejercicio anterior. “Esa norma genera estigma y conflictividad”, ha agregado, afeándole a Junts que no haya avanzado en la política de vivienda cuando estaba en el Govern. Para la anticapitalista Montserrat Vinyets, el articulado criminaliza a las personas que ocupan al dar a entender que “quien ocupa sin titulo ya es un problema de convivencia”.

El colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cataluña (API) ha celebrado la aprobación aunque ha lamentado “la falta de valentía” de no permitir que las comunidades de propietarios puedan actuar directamente ante los juzgados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha advertido que vigilará que ningún Ayuntamiento haga un uso “electoralista” del mecanismo y que se pondrá a cualquier “desalojo injusto”.

Defensa del pacto parlamentario

En la sesión de control al president, el republicano Pere Aragonès, y el jefe de las filas del PSC, Salvador Illa, han salido a defender su pacto presupuestario ante los ataques de la oposición. El popular Alejando Fermández ha acusado al jefe del Govern de “mentir” a la ciudadanía al decir en campaña que jamás pactaría con los socialistas. Desde las filas de Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha asegurado: “Qué tranquilidad debe sentir, señor Aragonès, sabiendo que los complejos del PSC frente al nacionalismo siempre le acaban sacando las castañas del fuego”. Albert Batet (Junts) ha pedido, sin éxito, que el president compareciera ante la Cámara para explicar los frutos de la mesa de diálogo con el Gobierno central.

Aragonès ha restado importancia a su pacto con el PSC y con los comunes y ha puesto como único objetivo de su mandato lograr la mejora de vida de los catalanes. “Para eso, llevaremos a cabo todos los acuerdos a nuestro alcance”, ha dicho el president. El republicano también ha asegurado a la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, que ya se tiene la maquinaria lista para poder a ejecutar las partidas una vez se aprueben los Presupuestos, previsiblemente a mitad de marzo. Aunque Aragonès e Illa han coincidido en defender su alianza, el president ha corregido al socialista al asegurar que las cuentas van en la línea del plan de Gobierno republicano. Illa, en su comparecencia, había asegurado que gracias a su partido el Ejecutivo “se ponía en marcha”.

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